La democracia no puede llegar en ambulancia
Con 101 municipios en riesgo para 2027, planteo una duda urgente: ¿están las instituciones listas para evitar el colapso de las elecciones?
En Guatemala parece que tenemos una habilidad extraordinaria para reaccionar cuando el problema ya explotó. Construimos hospitales después de las tragedias, hablamos de seguridad después de los asesinatos y convocamos reuniones de emergencia cuando las instituciones pierden el control.
El Tribunal Supremo Electoral identificó 101 municipios con riesgo de conflictividad electoral: 46 clasificados en riesgo alto y 55 en riesgo medio. Estamos hablando de casi tres de cada diez municipios del país, no es una cifra para guardar en un informe y esperar que las cosas se resuelvan solas.
La advertencia tiene antecedentes, en las elecciones del 2023, la Misión de Observación Electoral de Guatemala documentó 100 hechos de violencia electoral entre enero y julio, incluidos nueve asesinatos y cinco intentos de asesinato. Documentaron amenazas, agresiones, destrucción de bienes y comunidades donde los resultados provocaron enfrentamientos.
¿De verdad necesitamos otra elección marcada por estos episodios para entender que la democracia también necesita seguridad?
Uno de los focos de preocupación es el traslado irregular de residencia para votar en un municipio distinto de donde realmente vive la persona. El TSE investiga miles de expedientes y ya trasladó varios casos al Ministerio Público, según las autoridades electorales, algunas de estas prácticas podrían responder a ofrecimientos de beneficios para influir en el voto de determinadas comunidades.
Esto no es un asunto administrativo menor, alterar artificialmente el padrón puede modificar la voluntad de una comunidad, distorsionar una elección municipal y convertir el sufragio en intereses particulares.
El TSE presentó el 28 de octubre la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral, con participación de instituciones como Gobernación, Defensa, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Procuraduría de los Derechos Humanos. La coordinación interinstitucional es necesaria, pero no basta con instalar mesas, elaborar protocolos y tomar fotografías de reuniones, se necesitan resultados verificables.
La prevención debe comenzar ahora: depurar el padrón, investigar las denuncias, identificar las zonas vulnerables, proteger a candidatos y autoridades electorales, garantizar centros de votación seguros y establecer mecanismos de respuesta ante cualquier intento de intimidación.
También debemos hablar de algo que suele quedar fuera de la discusión, como lo es el poder local. En algunos municipios, las disputas electorales no son simples diferencias entre candidatos se mezclan intereses económicos, estructuras criminales, control territorial y redes políticas que ven las alcaldías como espacios de poder. Allí, competir por un cargo puede significar mucho más que ganar una elección.
Por eso, la seguridad electoral no puede limitarse a desplegar agentes el día de las votaciones. Se necesita inteligencia, investigación criminal, independencia judicial y capacidad para desarticular las estructuras que pretendan secuestrar la voluntad popular.
Tampoco podemos permitir que el argumento de la seguridad sirva para restringir derechos políticos o intimidar a quienes piensan diferente. Una elección segura debe ser también libre, transparente y legítima.
Guatemala necesita autoridades que entiendan que su responsabilidad no termina cuando se cuentan los votos. Comienza mucho antes, cuando deben garantizar que cada ciudadano pueda elegir sin amenazas, que cada voto tenga el mismo valor y que ningún grupo pueda imponer su voluntad mediante dinero, violencia o intimidación.
Porque cuando una urna necesita ambulancias, cuando un candidato necesita protección para hacer campaña y cuando una comunidad teme ejercer su derecho al voto, el problema ya no es electoral.
La democracia no puede llegar en ambulancia, tiene que llegar con autoridad, justicia y Estado de Derecho.
La democracia no puede llegar en ambulancia
Con 101 municipios en riesgo para 2027, planteo una duda urgente: ¿están las instituciones listas para evitar el colapso de las elecciones?
En Guatemala parece que tenemos una habilidad extraordinaria para reaccionar cuando el problema ya explotó. Construimos hospitales después de las tragedias, hablamos de seguridad después de los asesinatos y convocamos reuniones de emergencia cuando las instituciones pierden el control.
El Tribunal Supremo Electoral identificó 101 municipios con riesgo de conflictividad electoral: 46 clasificados en riesgo alto y 55 en riesgo medio. Estamos hablando de casi tres de cada diez municipios del país, no es una cifra para guardar en un informe y esperar que las cosas se resuelvan solas.
La advertencia tiene antecedentes, en las elecciones del 2023, la Misión de Observación Electoral de Guatemala documentó 100 hechos de violencia electoral entre enero y julio, incluidos nueve asesinatos y cinco intentos de asesinato. Documentaron amenazas, agresiones, destrucción de bienes y comunidades donde los resultados provocaron enfrentamientos.
¿De verdad necesitamos otra elección marcada por estos episodios para entender que la democracia también necesita seguridad?
Uno de los focos de preocupación es el traslado irregular de residencia para votar en un municipio distinto de donde realmente vive la persona. El TSE investiga miles de expedientes y ya trasladó varios casos al Ministerio Público, según las autoridades electorales, algunas de estas prácticas podrían responder a ofrecimientos de beneficios para influir en el voto de determinadas comunidades.
Esto no es un asunto administrativo menor, alterar artificialmente el padrón puede modificar la voluntad de una comunidad, distorsionar una elección municipal y convertir el sufragio en intereses particulares.
El TSE presentó el 28 de octubre la Mesa Interinstitucional de Seguridad Electoral, con participación de instituciones como Gobernación, Defensa, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y Procuraduría de los Derechos Humanos. La coordinación interinstitucional es necesaria, pero no basta con instalar mesas, elaborar protocolos y tomar fotografías de reuniones, se necesitan resultados verificables.
La prevención debe comenzar ahora: depurar el padrón, investigar las denuncias, identificar las zonas vulnerables, proteger a candidatos y autoridades electorales, garantizar centros de votación seguros y establecer mecanismos de respuesta ante cualquier intento de intimidación.
También debemos hablar de algo que suele quedar fuera de la discusión, como lo es el poder local. En algunos municipios, las disputas electorales no son simples diferencias entre candidatos se mezclan intereses económicos, estructuras criminales, control territorial y redes políticas que ven las alcaldías como espacios de poder. Allí, competir por un cargo puede significar mucho más que ganar una elección.
Por eso, la seguridad electoral no puede limitarse a desplegar agentes el día de las votaciones. Se necesita inteligencia, investigación criminal, independencia judicial y capacidad para desarticular las estructuras que pretendan secuestrar la voluntad popular.
Tampoco podemos permitir que el argumento de la seguridad sirva para restringir derechos políticos o intimidar a quienes piensan diferente. Una elección segura debe ser también libre, transparente y legítima.
Guatemala necesita autoridades que entiendan que su responsabilidad no termina cuando se cuentan los votos. Comienza mucho antes, cuando deben garantizar que cada ciudadano pueda elegir sin amenazas, que cada voto tenga el mismo valor y que ningún grupo pueda imponer su voluntad mediante dinero, violencia o intimidación.
Porque cuando una urna necesita ambulancias, cuando un candidato necesita protección para hacer campaña y cuando una comunidad teme ejercer su derecho al voto, el problema ya no es electoral.
La democracia no puede llegar en ambulancia, tiene que llegar con autoridad, justicia y Estado de Derecho.
