La carabina de Ambrosio
Para bajar la tasa de homicidios de 16.8 a 8 para 2036, seguir haciendo más de lo mismo no es garantía para llegar a dónde queremos llegar.
El 17 de octubre, a las 9:40 de la mañana, fueron asesinados Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar en el Campo Marte. Diez minutos después, la PNC reportó la captura de dos hermanos en la zona 16, y la incautación de una carabina calibre 9 milímetros, un cargador, municiones y un chaleco táctico, todo dentro de una caja de las que se usan para repartir comida a domicilio.
Lo que siguió conviene mirarlo con atención. Un juzgado de turno otorgó falta de mérito a los detenidos y los dejó en libertad. Fuentes judiciales señalaron que el arma habría sido implantada por agentes de la PNC, y en una citación en el Congreso el subdirector general de Operaciones de la PNC confirmó que la carabina está registrada a nombre de un particular, que no tiene reporte de robo y que, preliminarmente, el propietario no aparece en los registros policiales ni militares.
Ahora bien, el punto de esta columna no es un caso, por notorio que sea, sino algo más incómodo: lo que se hizo bien durante años dejó de ser suficiente.
En 2009, Guatemala registró una tasa de 46.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, el peor año desde la firma de la Paz. Once años después, en 2020, la tasa había bajado a 15.3; es decir, se redujo en dos terceras partes, y se logró con continuidad a lo largo de cuatro gobiernos distintos. Pero desde entonces la curva se aplanó: 16.6 en 2021, 17.3 en 2022, 16.7 en 2023, 16.1 en 2024, 17.3 en 2025 y 16.8 a septiembre de 2026 (con cuatro meses consecutivos al alza). En seis años no hemos vuelto a bajar de 15.3, y la cuenta acumulada desde la firma de la Paz ya supera los 130,000 homicidios.
Acá hay que ser justos, porque el dato tiene dos lecturas. Que la tasa se mantenga alrededor de 16 cuando veníamos de 46 no es un accidente, ya que hay cosas que se están haciendo (y que deben seguirse haciendo) para que el indicador no regrese a los niveles de hace quince años. Ahora bien, el problema es que sostener no es lo mismo que avanzar, y llevamos seis años estancados.
La gente lo está notando. En el estudio de opinión pública de CID Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, el 68% de la población considera que el crimen y la delincuencia aumentaron en los últimos cuatro meses, frente a 54% en mayo; es el registro más alto de toda la serie, que arranca en 31% en septiembre de 2020. Y hay un contraste que vale la pena subrayar: el porcentaje de hogares que reporta haber sido víctima de un robo o asalto se mantuvo en 19%, prácticamente igual que en mayo. No es que a más gente le esté pasando algo; es que la percepción de deterioro se disparó. Y, por si fuera poco, la evaluación de la gestión presidencial en materia de seguridad lo confirma: cayó a 19% de calificaciones de “bien” o “muy bien”; el nivel más bajo desde que se mide este aspecto.
¿Y qué estamos haciendo con el presupuesto? Para 2027 se solicitan Q27,175 millones a las ocho entidades de la cadena de seguridad y justicia (Gobernación, Defensa, la PDH, el MP, el INACIF, el IDPP, el Instituto de la Víctima, y el Organismo Judicial), frente a Q22,336 millones aprobados en 2026. Son Q4,839 millones más, un aumento de 21.7%. No es poca cosa, pero el problema es cómo se reparte: el OJ crece 41.4%, Defensa 37.3%, el IDPP 35.1% y el INACIF 35.0%, mientras que el Ministerio de Gobernación apenas crece 7.5% y, dentro de él, la PNC sólo sube 4.7%. El primer eslabón de la cadena, el que llega primero a la escena del crimen, es el que menos fondos recibiría.
¿De dónde obtener más recursos? Es acá cuando conviene revisar de dónde pueden salir esos recursos. Los Consejos Departamentales de Desarrollo manejan este año un presupuesto de Q15,425 millones, pero al cierre de septiembre habían ejecutado 24.6%. Dicho de otra forma, a tres meses de cerrar el año, les quedan Q11,662 millones sin ejecutar, el equivalente a 1.7 veces todo el presupuesto que se le asigna a la PNC para el 2027. Aun así, para el próximo año se solicitan para los CODEDES: Q6,185.4 millones de aporte ordinario, más Q1,200 millones de aporte extraordinario; solo el primer monto es 23% mayor que el presupuesto del Ministerio Público y el INACIF juntos.
Pensemos en prioridades: se está financiando una capacidad de ejecución que no existe, mientras racionamos los recursos de las instituciones que sí tienen trabajo todos los días. Un quetzal que se queda sin ejecutar en un CODEDE, por ejemplo, es un quetzal que no está pagando un perito del INACIF, un fiscal, una patrulla, un policía, o un nuevo juzgado.
¿Qué hacer? El 8 de octubre, en el ENADE 2026 las autoridades de seguridad y justicia firmaron un compromiso concreto: reducir la tasa de homicidios de 16 a 8 por cada 100,000 habitantes para 2036; una meta concreta, medible y con plazo fijo. Pero conviene entender lo que implica: que toda la cadena de seguridad y justicia comparta información y responda por resultados comunes, no cada uno por su cuenta.
Hay un dicho popular para describir aquello que sirve para muy poco: la carabina de Ambrosio. La carabina de Ambrosio sólo aparentaba, pero no servía. No deben quedar impunes los homicidios en el país. Y ese es exactamente el riesgo que corremos con el presupuesto 2027: asignar más dinero, anunciar más programas, y terminar con una cadena de seguridad y justicia incapaz de dar respuesta. La demostración de fuerza no es suficiente, sino que es necesario dar pasos firmes en la dirección correcta
La carabina de Ambrosio
Para bajar la tasa de homicidios de 16.8 a 8 para 2036, seguir haciendo más de lo mismo no es garantía para llegar a dónde queremos llegar.
El 17 de octubre, a las 9:40 de la mañana, fueron asesinados Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar en el Campo Marte. Diez minutos después, la PNC reportó la captura de dos hermanos en la zona 16, y la incautación de una carabina calibre 9 milímetros, un cargador, municiones y un chaleco táctico, todo dentro de una caja de las que se usan para repartir comida a domicilio.
Lo que siguió conviene mirarlo con atención. Un juzgado de turno otorgó falta de mérito a los detenidos y los dejó en libertad. Fuentes judiciales señalaron que el arma habría sido implantada por agentes de la PNC, y en una citación en el Congreso el subdirector general de Operaciones de la PNC confirmó que la carabina está registrada a nombre de un particular, que no tiene reporte de robo y que, preliminarmente, el propietario no aparece en los registros policiales ni militares.
Ahora bien, el punto de esta columna no es un caso, por notorio que sea, sino algo más incómodo: lo que se hizo bien durante años dejó de ser suficiente.
En 2009, Guatemala registró una tasa de 46.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, el peor año desde la firma de la Paz. Once años después, en 2020, la tasa había bajado a 15.3; es decir, se redujo en dos terceras partes, y se logró con continuidad a lo largo de cuatro gobiernos distintos. Pero desde entonces la curva se aplanó: 16.6 en 2021, 17.3 en 2022, 16.7 en 2023, 16.1 en 2024, 17.3 en 2025 y 16.8 a septiembre de 2026 (con cuatro meses consecutivos al alza). En seis años no hemos vuelto a bajar de 15.3, y la cuenta acumulada desde la firma de la Paz ya supera los 130,000 homicidios.
Acá hay que ser justos, porque el dato tiene dos lecturas. Que la tasa se mantenga alrededor de 16 cuando veníamos de 46 no es un accidente, ya que hay cosas que se están haciendo (y que deben seguirse haciendo) para que el indicador no regrese a los niveles de hace quince años. Ahora bien, el problema es que sostener no es lo mismo que avanzar, y llevamos seis años estancados.
La gente lo está notando. En el estudio de opinión pública de CID Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, el 68% de la población considera que el crimen y la delincuencia aumentaron en los últimos cuatro meses, frente a 54% en mayo; es el registro más alto de toda la serie, que arranca en 31% en septiembre de 2020. Y hay un contraste que vale la pena subrayar: el porcentaje de hogares que reporta haber sido víctima de un robo o asalto se mantuvo en 19%, prácticamente igual que en mayo. No es que a más gente le esté pasando algo; es que la percepción de deterioro se disparó. Y, por si fuera poco, la evaluación de la gestión presidencial en materia de seguridad lo confirma: cayó a 19% de calificaciones de “bien” o “muy bien”; el nivel más bajo desde que se mide este aspecto.
¿Y qué estamos haciendo con el presupuesto? Para 2027 se solicitan Q27,175 millones a las ocho entidades de la cadena de seguridad y justicia (Gobernación, Defensa, la PDH, el MP, el INACIF, el IDPP, el Instituto de la Víctima, y el Organismo Judicial), frente a Q22,336 millones aprobados en 2026. Son Q4,839 millones más, un aumento de 21.7%. No es poca cosa, pero el problema es cómo se reparte: el OJ crece 41.4%, Defensa 37.3%, el IDPP 35.1% y el INACIF 35.0%, mientras que el Ministerio de Gobernación apenas crece 7.5% y, dentro de él, la PNC sólo sube 4.7%. El primer eslabón de la cadena, el que llega primero a la escena del crimen, es el que menos fondos recibiría.
¿De dónde obtener más recursos? Es acá cuando conviene revisar de dónde pueden salir esos recursos. Los Consejos Departamentales de Desarrollo manejan este año un presupuesto de Q15,425 millones, pero al cierre de septiembre habían ejecutado 24.6%. Dicho de otra forma, a tres meses de cerrar el año, les quedan Q11,662 millones sin ejecutar, el equivalente a 1.7 veces todo el presupuesto que se le asigna a la PNC para el 2027. Aun así, para el próximo año se solicitan para los CODEDES: Q6,185.4 millones de aporte ordinario, más Q1,200 millones de aporte extraordinario; solo el primer monto es 23% mayor que el presupuesto del Ministerio Público y el INACIF juntos.
Pensemos en prioridades: se está financiando una capacidad de ejecución que no existe, mientras racionamos los recursos de las instituciones que sí tienen trabajo todos los días. Un quetzal que se queda sin ejecutar en un CODEDE, por ejemplo, es un quetzal que no está pagando un perito del INACIF, un fiscal, una patrulla, un policía, o un nuevo juzgado.
¿Qué hacer? El 8 de octubre, en el ENADE 2026 las autoridades de seguridad y justicia firmaron un compromiso concreto: reducir la tasa de homicidios de 16 a 8 por cada 100,000 habitantes para 2036; una meta concreta, medible y con plazo fijo. Pero conviene entender lo que implica: que toda la cadena de seguridad y justicia comparta información y responda por resultados comunes, no cada uno por su cuenta.
Hay un dicho popular para describir aquello que sirve para muy poco: la carabina de Ambrosio. La carabina de Ambrosio sólo aparentaba, pero no servía. No deben quedar impunes los homicidios en el país. Y ese es exactamente el riesgo que corremos con el presupuesto 2027: asignar más dinero, anunciar más programas, y terminar con una cadena de seguridad y justicia incapaz de dar respuesta. La demostración de fuerza no es suficiente, sino que es necesario dar pasos firmes en la dirección correcta
