¿Intereses o Prioridades?
Entre 2028 y 2031 el pago de intereses sumará Q99,282.6 millones, más de lo que crecerá cualquier prioridad del gasto.
El proyecto de presupuesto 2027 contempla un saldo de deuda pública de Q320,443.3 millones. Para dimensionar esa cifra conviene compararla con el cierre del gobierno anterior: en 2023 la deuda era de Q222,658.5 millones. Son Q97,784.8 millones más en cuatro años, un aumento de 43.9%. Como porcentaje del PIB pasa de 27.2% a 29.4%; y acá es donde la cifra se vuelve preocupante: la deuda por habitante sube de Q12,563 a Q17,176, es decir Q4,612 más por cada guatemalteco, un incremento de 36.7%. Si en lugar de habitantes contamos contribuyentes efectivos, a cada uno nos corresponderán Q205,473 de deuda pública.
Ahora bien, una cosa es cuánta deuda se adquiere y otra muy distinta es con qué se va a pagar. Los estándares internacionales evalúan el porcentaje del PIB que representa, y bajo esa lupa Guatemala todavía luce cómoda frente a sus vecinos. Pero el PIB no paga deuda: la pagan los ingresos del Estado. Al medir la deuda contra los ingresos tributarios, que es lo que efectivamente entra a caja, la relación alcanza el 243.4%, acercándose al límite crítico de 250% que suele tomarse como señal de alerta.
Pero lo que más debería preocuparnos no es el saldo de la deuda, sino lo que cuesta adquirirla. Mientras se adquiere más deuda, hay que pagar intereses todos los años, y ese pago ya compite de frente con las prioridades del país. Para 2027, el presupuesto destina Q18,717 millones únicamente a pago de intereses y comisiones de la deuda. Puesto al lado de las finalidades del gasto, el contraste es incómodo.
• Salud: Q18,337.8 millones. El pago de intereses ya la supera, equivaliendo al 102.1% de todo lo que el Estado destinará a la salud de los guatemaltecos.
• Infraestructura de transporte: Q8,985.8 millones. Los intereses son 2.1 veces esa cifra; por cada quetzal que se destina a carreteras, puertos y aeropuertos, se pagan Q2.08 de intereses.
• Seguridad y justicia: Q21,022.4 millones en la finalidad de orden público y seguridad ciudadana, que incluye a la PNC, al Ministerio Público y al Organismo Judicial. Los intereses equivalen al 89.0% de ese monto.
• Educación: Q34,816.4 millones, la finalidad más grande del presupuesto después de la deuda. Los intereses equivalen al 53.8%, es decir, más de la mitad.
Acá resalta el dato que define el tamaño del compromiso que se le está heredando al próximo gobierno. Entre 2024 y 2027 el pago de intereses sube de Q14,146.8 a Q18,717.0 millones por año, pasando por Q15,041.6 millones en 2025 y Q17,750.7 millones en 2026. Pero es en la proyección multianual del propio Ministerio de Finanzas donde la curva se dispara: para 2031 los intereses llegarán a Q28,358.4 millones anuales, lo que representa Q9,641.4 millones adicionales, o un aumento de 51.5%.
Ninguna prioridad crece tanto en ese mismo período. Educación crecerá 17.0%, salud: 41.9%, seguridad y justicia: 40.9%, y la infraestructura: 22.8%. Dicho de otra forma, el incremento del pago de intereses entre 2027 y 2031 es mayor que el incremento de cualquiera de las cuatro prioridades. Entre 2028 y 2031, el próximo gobierno tendrá que pagar Q99,282.6 millones en intereses, sin que un solo quetzal de esa suma construya nada.
Pedir prestado es lo más fácil que hay en política pública: el beneficio se cobra hoy y la factura la paga otro. El problema no es endeudarse, es en qué se usa lo que se pide. El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto es explícito: los recursos del crédito público se destinan a inversiones productivas, de beneficio social y de infraestructura, y añade que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”. Los números del propio proyecto muestran lo cerca que estamos de esa línea: en 2023 el déficit presupuestario de Q10,230.6 millones equivalía al 49.5% de todo el gasto de capital del Estado; para 2027, el déficit de Q48,300.2 millones representa el 125.2% de los Q38,577.3 millones de gasto de capital. Se está pidiendo prestado más de lo que suma toda la inversión.
Si cada quetzal de deuda se convirtiera en carreteras, hospitales o escuelas, el país al menos heredaría activos junto con la factura, y la discusión sería sobre el precio y no sobre el destino. Pero cuando el endeudamiento termina sosteniendo planilla y funcionamiento, lo único que se hereda es la factura. Y esa factura se paga de una sola manera: con menos salud, menos educación, menos infraestructura y menos seguridad para quienes hoy ni siquiera tienen edad para votar. Ellos se endeudan, nosotros pagamos; y entre intereses o prioridades, el presupuesto 2027 ya eligió.
¿Intereses o Prioridades?
Entre 2028 y 2031 el pago de intereses sumará Q99,282.6 millones, más de lo que crecerá cualquier prioridad del gasto.
El proyecto de presupuesto 2027 contempla un saldo de deuda pública de Q320,443.3 millones. Para dimensionar esa cifra conviene compararla con el cierre del gobierno anterior: en 2023 la deuda era de Q222,658.5 millones. Son Q97,784.8 millones más en cuatro años, un aumento de 43.9%. Como porcentaje del PIB pasa de 27.2% a 29.4%; y acá es donde la cifra se vuelve preocupante: la deuda por habitante sube de Q12,563 a Q17,176, es decir Q4,612 más por cada guatemalteco, un incremento de 36.7%. Si en lugar de habitantes contamos contribuyentes efectivos, a cada uno nos corresponderán Q205,473 de deuda pública.
Ahora bien, una cosa es cuánta deuda se adquiere y otra muy distinta es con qué se va a pagar. Los estándares internacionales evalúan el porcentaje del PIB que representa, y bajo esa lupa Guatemala todavía luce cómoda frente a sus vecinos. Pero el PIB no paga deuda: la pagan los ingresos del Estado. Al medir la deuda contra los ingresos tributarios, que es lo que efectivamente entra a caja, la relación alcanza el 243.4%, acercándose al límite crítico de 250% que suele tomarse como señal de alerta.
Pero lo que más debería preocuparnos no es el saldo de la deuda, sino lo que cuesta adquirirla. Mientras se adquiere más deuda, hay que pagar intereses todos los años, y ese pago ya compite de frente con las prioridades del país. Para 2027, el presupuesto destina Q18,717 millones únicamente a pago de intereses y comisiones de la deuda. Puesto al lado de las finalidades del gasto, el contraste es incómodo.
• Salud: Q18,337.8 millones. El pago de intereses ya la supera, equivaliendo al 102.1% de todo lo que el Estado destinará a la salud de los guatemaltecos.
• Infraestructura de transporte: Q8,985.8 millones. Los intereses son 2.1 veces esa cifra; por cada quetzal que se destina a carreteras, puertos y aeropuertos, se pagan Q2.08 de intereses.
• Seguridad y justicia: Q21,022.4 millones en la finalidad de orden público y seguridad ciudadana, que incluye a la PNC, al Ministerio Público y al Organismo Judicial. Los intereses equivalen al 89.0% de ese monto.
• Educación: Q34,816.4 millones, la finalidad más grande del presupuesto después de la deuda. Los intereses equivalen al 53.8%, es decir, más de la mitad.
Acá resalta el dato que define el tamaño del compromiso que se le está heredando al próximo gobierno. Entre 2024 y 2027 el pago de intereses sube de Q14,146.8 a Q18,717.0 millones por año, pasando por Q15,041.6 millones en 2025 y Q17,750.7 millones en 2026. Pero es en la proyección multianual del propio Ministerio de Finanzas donde la curva se dispara: para 2031 los intereses llegarán a Q28,358.4 millones anuales, lo que representa Q9,641.4 millones adicionales, o un aumento de 51.5%.
Ninguna prioridad crece tanto en ese mismo período. Educación crecerá 17.0%, salud: 41.9%, seguridad y justicia: 40.9%, y la infraestructura: 22.8%. Dicho de otra forma, el incremento del pago de intereses entre 2027 y 2031 es mayor que el incremento de cualquiera de las cuatro prioridades. Entre 2028 y 2031, el próximo gobierno tendrá que pagar Q99,282.6 millones en intereses, sin que un solo quetzal de esa suma construya nada.
Pedir prestado es lo más fácil que hay en política pública: el beneficio se cobra hoy y la factura la paga otro. El problema no es endeudarse, es en qué se usa lo que se pide. El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto es explícito: los recursos del crédito público se destinan a inversiones productivas, de beneficio social y de infraestructura, y añade que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”. Los números del propio proyecto muestran lo cerca que estamos de esa línea: en 2023 el déficit presupuestario de Q10,230.6 millones equivalía al 49.5% de todo el gasto de capital del Estado; para 2027, el déficit de Q48,300.2 millones representa el 125.2% de los Q38,577.3 millones de gasto de capital. Se está pidiendo prestado más de lo que suma toda la inversión.
Si cada quetzal de deuda se convirtiera en carreteras, hospitales o escuelas, el país al menos heredaría activos junto con la factura, y la discusión sería sobre el precio y no sobre el destino. Pero cuando el endeudamiento termina sosteniendo planilla y funcionamiento, lo único que se hereda es la factura. Y esa factura se paga de una sola manera: con menos salud, menos educación, menos infraestructura y menos seguridad para quienes hoy ni siquiera tienen edad para votar. Ellos se endeudan, nosotros pagamos; y entre intereses o prioridades, el presupuesto 2027 ya eligió.
