¿Es posible perder la mitad de su dinero de la noche a la mañana?
A partir de crisis históricas en la región, el artículo analiza la importancia de proteger la independencia técnica del Banco de Guatemala.
Francisco tenía 24 años cuando se casó, en diciembre de 1980. Tenía trabajo, algunos miles de colones ahorrados y la tranquilidad de haber vivido en un país donde el dólar había costado 8.60 colones durante casi una década. No imaginaba que esa estabilidad estaba a punto de desaparecer.
Francisco recuerda aquella noche. El presidente Rodrigo Carazo apareció en televisión para anunciar que el país estaba quebrado y que era necesario devaluar la moneda. La estabilidad que había conocido durante años comenzaba a desaparecer.
Pero la crisis apenas comenzaba. El dólar pasó de 8 a 15 colones y, en octubre de 1981, de 19 a 38 en apenas quince días. A finales de 1982, el tipo de cambio oficial había llegado a 40.50. Hagamos la cuenta con Francisco: si tenía 10,000 colones ahorrados cuando el dólar costaba 8.60, sus ahorros equivalían a US$1,163. A finales de 1982, esos mismos colones valían apenas US$247. Había perdido casi el 80% de su valor en dólares, sin haber tomado una mala decisión financiera y sin que nadie le hubiera robado un centavo. Francisco terminó cambiando de carrera.
Francisco me contó esta historia esta semana. Hoy ronda los 70 años y recuerda cada momento con una precisión que uno solo tiene para las cosas que le cambiaron la vida.
Dos años es rápido. Pero ¿puede suceder de la noche a la mañana? El 1 de diciembre de 2001, el gobierno argentino decretó el corralito: los ciudadanos solo podían retirar 250 pesos o dólares en efectivo por semana de sus cuentas bancarias. La gente se acostó con sus ahorros en el banco y amaneció sin poder disponer libremente de ellos.
Dieciocho días después, el 19 de diciembre, el presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio. Los argentinos salieron a las calles golpeando cacerolas. Al día siguiente, De la Rúa renunció y abandonó la Casa Rosada en helicóptero, cinco días antes de Navidad. Las protestas y la represión dejaron 39 muertos. En apenas doce días, Argentina tuvo cinco presidentes.
Dos meses después, otro decreto decidió qué hacer con los depósitos y las deudas en dólares. Los ahorros se convertirían a 1.40 pesos por dólar, mientras que las deudas se convertirían a un peso por dólar. Para junio, el dólar cotizaba alrededor de 3.80 pesos. Hagamos la cuenta: quien tenía US$10,000 ahorrados recibió una conversión inicial de 14,000 pesos, equivalentes a US$3,684 al tipo de cambio de junio. Su ahorro había perdido el 63% de su valor en dólares. En cambio, una deuda de US$10,000 se convertía inicialmente en 10,000 pesos, equivalentes a US$2,632. Una misma decisión gubernamental perjudicaba al ahorrador y favorecía al deudor.
María Silvia Dickson había ahorrado casi cien mil dólares durante diez años para su jubilación. Recuperó apenas una quinta parte. Años después, le contó a La Nación lo que sentía: «Pasaba por el banco y me largaba a llorar».
Chile lo hizo de otra manera. Entre 1970 y 1973, el déficit del sector público pasó del 6.6% al 30.5% del producto, y en 1973 el Banco Central financió el 73% de ese faltante mediante emisión monetaria. La inflación oficial de ese año alcanzó el 508%, pero los controles de precios y el desabastecimiento hacían que muchas mercancías no estuvieran disponibles a los precios registrados.
Mi padre lo vivió en Chile. Me contaba que el día de pago había que cambiar el cheque temprano, salir del banco con bolsas de billetes y entrar inmediatamente al supermercado para comprar lo que hubiera. Por la tarde, decía, ese mismo dinero compraba la mitad. La magnitud de la crisis era extraordinaria: una estimación de la inflación anualizada de septiembre de 1973 alcanzó el 1,830%.
Las tres crisis tuvieron causas distintas, pero compartieron algo decisivo: alguien con poder tomó decisiones sobre el dinero de otros. Y ese dinero era el ahorro de personas que habían trabajado, confiado en su moneda y no habían hecho nada para merecer perderlo.
Hace cuarenta años nosotros también lo vivimos, y ya casi nadie lo recuerda. El quetzal nació en 1924 con una paridad de un dólar, que se mantuvo durante décadas. Pero en 1984 el gobierno estableció un sistema de mercados cambiarios múltiples que, en la práctica, comenzó a desmantelar aquella estabilidad. Mientras el tipo de cambio oficial permanecía en un quetzal por dólar, otras operaciones se realizaban a precios distintos. Antes de junio de 1986 llegaron a coexistir 33 tipos de cambio para una misma moneda. El precio del dólar había dejado de ser uno solo: dependía de las decisiones de la autoridad monetaria y del mercado al que se tuviera acceso.
El reconocimiento de aquella realidad fue gradual, pero sus consecuencias fueron contundentes. En junio de 1986, los 33 tipos de cambio se redujeron a tres. Cuando el quetzal comenzó a flotar, en julio de 1989, sufrió una fuerte devaluación. Para abril de 1990, el dólar ya costaba Q4.25, y una subasta del Banco de Guatemala llevó su cotización hasta Q5.80. Quien tenía Q10,000 ahorrados cuando el quetzal valía prácticamente un dólar vio cómo esos mismos ahorros pasaban a representar una fracción de su valor original en dólares. Pero no hacía falta tener ahorros para sufrir las consecuencias: entre 1989 y 1990, el salario real cayó 27% en el campo y 23% en la industria formal, según el Banco Mundial. La inflación de 1990 alcanzó el 59.8%, la más alta registrada en Guatemala.
En noviembre de 1993, después del autogolpe de Serrano, el Congreso aprobó reformas constitucionales que los guatemaltecos ratificamos en la consulta popular del 30 de enero de 1994. Una de ellas modificó el artículo 133 de la Constitución: desde entonces, la Junta Monetaria tiene prohibido autorizar que el Banco de Guatemala financie al Estado mediante préstamos, garantías o la compra directa de sus títulos de deuda. La única excepción prevista es una catástrofe o desastre público, y requiere la aprobación de dos terceras partes del total de diputados.
Ese artículo es el candado que impide que un gobierno, cuando no le alcanza el presupuesto, recurra directamente al Banco de Guatemala para financiarse. Es una protección contra uno de los mecanismos que agravaron las crisis monetarias que acabamos de recordar: trasladar el costo del gasto público a quienes tienen su dinero en la moneda nacional. Porque cuando el Estado financia sus déficits mediante emisión excesiva, la cuenta puede terminar pagándola, en silencio, quien trabajó, cobró su salario y guardó sus ahorros en quetzales.
Los resultados de la estabilidad monetaria guatemalteca se pueden medir. Desde 1990, el país no ha vuelto a experimentar una devaluación como aquella. No hemos tenido inflación anual de tres dígitos, ni una reconversión monetaria que obligue a quitarle ceros al quetzal. Nuestra moneda conserva el mismo nombre desde 1924. Guatemala no tiene la inflación más baja de América Latina, pero ha disfrutado de algo menos común: 36 años sin una sola de las historias que acabo de contar. Nos acostumbramos tanto a esa tranquilidad que dejamos de reconocer su valor. Una Constitución no puede garantizar la prosperidad, pero sí puede impedir que un gobierno financie directamente sus déficits con los ahorros de quienes confiaron en su moneda.
El 1 de octubre tomó posesión un nuevo presidente del Banco de Guatemala, nombrado por el Ejecutivo. Seis días después, el 7 de octubre, renunciaron cuatro gerentes: el general, el económico, el financiero y el administrativo. Entre los cuatro acumulaban 142 años de servicio en la institución: 42, 38, 35 y 27 años, respectivamente.
El 8 de octubre, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el nombramiento y dejó sin efecto lo actuado. La razón fue una incompatibilidad legal: el funcionario conservaba su calidad de diputado y no podía desempeñar simultáneamente ambos cargos públicos remunerados. La Corte no se pronunció sobre si reunía la preparación exigida para dirigir el Banco de Guatemala. La presidencia quedó a cargo del vicepresidente, de manera interina. Pero la suspensión no resolvió el problema de fondo: el Ejecutivo conserva la facultad de nombrar a otro presidente, siempre que cumpla los requisitos legales.
El presupuesto propuesto para 2027 asciende a Q192,045 millones, un 13.8% más que el de este año. De esa cantidad, Q42,750 millones deberán financiarse con deuda. Son 22 de cada 100 quetzales que el Estado pretende gastar el próximo año y que tendrá que conseguir prestados. Y precisamente ahora cambia la presidencia del banco central, la institución a la que la Constitución le prohíbe financiar directamente al Gobierno.
El cuerpo técnico del Banco de Guatemala no cuenta con una ley específica de carrera administrativa que garantice su permanencia. Su régimen de personal depende de disposiciones internas aprobadas por la Junta Monetaria, que también tiene facultades para modificarlas. La institución cuenta, en cambio, con dos protecciones fundamentales: el artículo 133 de la Constitución, que limita el financiamiento del Estado, y la Ley Orgánica de 2002, que establece la estabilidad del nivel general de precios como objetivo central de la política monetaria. Pero ninguna de esas disposiciones sustituye la experiencia de quienes han dedicado décadas a sostener la institución.
¿Y por qué debería importarle esto a usted, que no tiene depósitos en dólares ni sigue las sesiones de la Junta Monetaria? Porque una república no se agota en elegir gobernantes cada cuatro años. También exige que existan decisiones que ningún gobierno pueda tomar a su conveniencia. La cantidad de dinero que circula, las reglas que limitan el financiamiento del Estado y la aplicación de la ley no deberían depender de los intereses políticos del momento. Para eso existen instituciones con autonomía: para que sus decisiones respondan a criterios técnicos y normas previamente establecidas, aunque cambie quien ganó las elecciones. Cuando esa independencia se debilita, las consecuencias no siempre aparecen de inmediato. Pueden llegar meses después, cuando el salario alcanza para comprar menos.
Lo que está en juego no es un cargo ni una disputa entre instituciones. Es una estabilidad a la que nos acostumbramos tanto que dejamos de verla. Francisco tampoco la veía cuando se casó, en diciembre de 1980. Había pasado su vida adulta en un país donde el valor del colón parecía inamovible. Tenía trabajo, ahorros y razones para confiar en el futuro. Hasta que descubrió que aquella tranquilidad, construida durante décadas, podía desaparecer de la noche a la mañana.
Durante 36 años, dos protecciones han contribuido a mantener nuestros sueldos y ahorros lejos de aquellas crisis: el artículo 133 de la Constitución, ratificado por los guatemaltecos hace 32 años, y la experiencia acumulada de quienes han sostenido técnicamente al Banco de Guatemala. La primera permanece. La segunda acaba de sufrir una pérdida importante con la renuncia de cuatro de sus principales gerentes. La Corte suspendió provisionalmente el nombramiento presidencial el 8 de octubre y, el día 15, Jonathan Menkos volvió a juramentar como ministro de Finanzas Públicas, desde donde se prepara el presupuesto nacional. Los acontecimientos dejan una pregunta que no deberíamos ignorar: ¿estamos dispuestos a cuidar las instituciones que protegen el valor de nuestro dinero antes de descubrir cuánto cuesta perderlas?
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Ajmat, Silvina, «La pesadilla de una ahorrista: “Pasaba por el banco y me largaba a llorar”», La Nación, 1 de diciembre de 2011 <https://www.lanacion.com.ar/politica/la-pesadilla-de-una-ahorrista-pasaba-por-el-banco-y-me-largaba-a-llorar-nid1428905/>
Argentina, Decreto de Necesidad y Urgencia 1570/2001, Boletín Oficial de la República Argentina, 29.787 (3 de diciembre de 2001)
Argentina, Decreto de Necesidad y Urgencia 214/2002, Boletín Oficial de la República Argentina, 29.830 (4 de febrero de 2002)
Banco Central de la República Argentina, Boletín Estadístico, diciembre de 2002, tabla PAN-1-3
Banco de Guatemala, serie histórica del tipo de cambio de referencia del quetzal respecto del dólar <https://banguat.gob.gt>
Centro de Estudios Legales y Sociales, «Protestas y represión en diciembre», cap. 11 de Informe anual 2002 (Buenos Aires: CELS, 2002)
Díaz, José, Rolf Lüders y Gert Wagner, Chile 1810-2010: la República en cifras (Santiago: Ediciones UC, 2016)
Edwards, Sebastián, «Chile 1970-1973», NBER Working Paper 31890 (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2023)
Guatemala, Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 133, reformado en noviembre de 1993 y ratificado en consulta popular el 30 de enero de 1994
Guatemala, Decreto Gubernativo 879, Ley Monetaria, 26 de noviembre de 1924
Guatemala, Decreto 16-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Banco de Guatemala
Meller, Patricio, «La situación macroeconómica durante la Unidad Popular», en Un siglo de economía política chilena (1890-1990) (Santiago: CIEPLAN)
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, presentado al Congreso de la República el 2 de septiembre de 2026
¿Es posible perder la mitad de su dinero de la noche a la mañana?
A partir de crisis históricas en la región, el artículo analiza la importancia de proteger la independencia técnica del Banco de Guatemala.
Francisco tenía 24 años cuando se casó, en diciembre de 1980. Tenía trabajo, algunos miles de colones ahorrados y la tranquilidad de haber vivido en un país donde el dólar había costado 8.60 colones durante casi una década. No imaginaba que esa estabilidad estaba a punto de desaparecer.
Francisco recuerda aquella noche. El presidente Rodrigo Carazo apareció en televisión para anunciar que el país estaba quebrado y que era necesario devaluar la moneda. La estabilidad que había conocido durante años comenzaba a desaparecer.
Pero la crisis apenas comenzaba. El dólar pasó de 8 a 15 colones y, en octubre de 1981, de 19 a 38 en apenas quince días. A finales de 1982, el tipo de cambio oficial había llegado a 40.50. Hagamos la cuenta con Francisco: si tenía 10,000 colones ahorrados cuando el dólar costaba 8.60, sus ahorros equivalían a US$1,163. A finales de 1982, esos mismos colones valían apenas US$247. Había perdido casi el 80% de su valor en dólares, sin haber tomado una mala decisión financiera y sin que nadie le hubiera robado un centavo. Francisco terminó cambiando de carrera.
Francisco me contó esta historia esta semana. Hoy ronda los 70 años y recuerda cada momento con una precisión que uno solo tiene para las cosas que le cambiaron la vida.
Dos años es rápido. Pero ¿puede suceder de la noche a la mañana? El 1 de diciembre de 2001, el gobierno argentino decretó el corralito: los ciudadanos solo podían retirar 250 pesos o dólares en efectivo por semana de sus cuentas bancarias. La gente se acostó con sus ahorros en el banco y amaneció sin poder disponer libremente de ellos.
Dieciocho días después, el 19 de diciembre, el presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio. Los argentinos salieron a las calles golpeando cacerolas. Al día siguiente, De la Rúa renunció y abandonó la Casa Rosada en helicóptero, cinco días antes de Navidad. Las protestas y la represión dejaron 39 muertos. En apenas doce días, Argentina tuvo cinco presidentes.
Dos meses después, otro decreto decidió qué hacer con los depósitos y las deudas en dólares. Los ahorros se convertirían a 1.40 pesos por dólar, mientras que las deudas se convertirían a un peso por dólar. Para junio, el dólar cotizaba alrededor de 3.80 pesos. Hagamos la cuenta: quien tenía US$10,000 ahorrados recibió una conversión inicial de 14,000 pesos, equivalentes a US$3,684 al tipo de cambio de junio. Su ahorro había perdido el 63% de su valor en dólares. En cambio, una deuda de US$10,000 se convertía inicialmente en 10,000 pesos, equivalentes a US$2,632. Una misma decisión gubernamental perjudicaba al ahorrador y favorecía al deudor.
María Silvia Dickson había ahorrado casi cien mil dólares durante diez años para su jubilación. Recuperó apenas una quinta parte. Años después, le contó a La Nación lo que sentía: «Pasaba por el banco y me largaba a llorar».
Chile lo hizo de otra manera. Entre 1970 y 1973, el déficit del sector público pasó del 6.6% al 30.5% del producto, y en 1973 el Banco Central financió el 73% de ese faltante mediante emisión monetaria. La inflación oficial de ese año alcanzó el 508%, pero los controles de precios y el desabastecimiento hacían que muchas mercancías no estuvieran disponibles a los precios registrados.
Mi padre lo vivió en Chile. Me contaba que el día de pago había que cambiar el cheque temprano, salir del banco con bolsas de billetes y entrar inmediatamente al supermercado para comprar lo que hubiera. Por la tarde, decía, ese mismo dinero compraba la mitad. La magnitud de la crisis era extraordinaria: una estimación de la inflación anualizada de septiembre de 1973 alcanzó el 1,830%.
Las tres crisis tuvieron causas distintas, pero compartieron algo decisivo: alguien con poder tomó decisiones sobre el dinero de otros. Y ese dinero era el ahorro de personas que habían trabajado, confiado en su moneda y no habían hecho nada para merecer perderlo.
Hace cuarenta años nosotros también lo vivimos, y ya casi nadie lo recuerda. El quetzal nació en 1924 con una paridad de un dólar, que se mantuvo durante décadas. Pero en 1984 el gobierno estableció un sistema de mercados cambiarios múltiples que, en la práctica, comenzó a desmantelar aquella estabilidad. Mientras el tipo de cambio oficial permanecía en un quetzal por dólar, otras operaciones se realizaban a precios distintos. Antes de junio de 1986 llegaron a coexistir 33 tipos de cambio para una misma moneda. El precio del dólar había dejado de ser uno solo: dependía de las decisiones de la autoridad monetaria y del mercado al que se tuviera acceso.
El reconocimiento de aquella realidad fue gradual, pero sus consecuencias fueron contundentes. En junio de 1986, los 33 tipos de cambio se redujeron a tres. Cuando el quetzal comenzó a flotar, en julio de 1989, sufrió una fuerte devaluación. Para abril de 1990, el dólar ya costaba Q4.25, y una subasta del Banco de Guatemala llevó su cotización hasta Q5.80. Quien tenía Q10,000 ahorrados cuando el quetzal valía prácticamente un dólar vio cómo esos mismos ahorros pasaban a representar una fracción de su valor original en dólares. Pero no hacía falta tener ahorros para sufrir las consecuencias: entre 1989 y 1990, el salario real cayó 27% en el campo y 23% en la industria formal, según el Banco Mundial. La inflación de 1990 alcanzó el 59.8%, la más alta registrada en Guatemala.
En noviembre de 1993, después del autogolpe de Serrano, el Congreso aprobó reformas constitucionales que los guatemaltecos ratificamos en la consulta popular del 30 de enero de 1994. Una de ellas modificó el artículo 133 de la Constitución: desde entonces, la Junta Monetaria tiene prohibido autorizar que el Banco de Guatemala financie al Estado mediante préstamos, garantías o la compra directa de sus títulos de deuda. La única excepción prevista es una catástrofe o desastre público, y requiere la aprobación de dos terceras partes del total de diputados.
Ese artículo es el candado que impide que un gobierno, cuando no le alcanza el presupuesto, recurra directamente al Banco de Guatemala para financiarse. Es una protección contra uno de los mecanismos que agravaron las crisis monetarias que acabamos de recordar: trasladar el costo del gasto público a quienes tienen su dinero en la moneda nacional. Porque cuando el Estado financia sus déficits mediante emisión excesiva, la cuenta puede terminar pagándola, en silencio, quien trabajó, cobró su salario y guardó sus ahorros en quetzales.
Los resultados de la estabilidad monetaria guatemalteca se pueden medir. Desde 1990, el país no ha vuelto a experimentar una devaluación como aquella. No hemos tenido inflación anual de tres dígitos, ni una reconversión monetaria que obligue a quitarle ceros al quetzal. Nuestra moneda conserva el mismo nombre desde 1924. Guatemala no tiene la inflación más baja de América Latina, pero ha disfrutado de algo menos común: 36 años sin una sola de las historias que acabo de contar. Nos acostumbramos tanto a esa tranquilidad que dejamos de reconocer su valor. Una Constitución no puede garantizar la prosperidad, pero sí puede impedir que un gobierno financie directamente sus déficits con los ahorros de quienes confiaron en su moneda.
El 1 de octubre tomó posesión un nuevo presidente del Banco de Guatemala, nombrado por el Ejecutivo. Seis días después, el 7 de octubre, renunciaron cuatro gerentes: el general, el económico, el financiero y el administrativo. Entre los cuatro acumulaban 142 años de servicio en la institución: 42, 38, 35 y 27 años, respectivamente.
El 8 de octubre, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el nombramiento y dejó sin efecto lo actuado. La razón fue una incompatibilidad legal: el funcionario conservaba su calidad de diputado y no podía desempeñar simultáneamente ambos cargos públicos remunerados. La Corte no se pronunció sobre si reunía la preparación exigida para dirigir el Banco de Guatemala. La presidencia quedó a cargo del vicepresidente, de manera interina. Pero la suspensión no resolvió el problema de fondo: el Ejecutivo conserva la facultad de nombrar a otro presidente, siempre que cumpla los requisitos legales.
El presupuesto propuesto para 2027 asciende a Q192,045 millones, un 13.8% más que el de este año. De esa cantidad, Q42,750 millones deberán financiarse con deuda. Son 22 de cada 100 quetzales que el Estado pretende gastar el próximo año y que tendrá que conseguir prestados. Y precisamente ahora cambia la presidencia del banco central, la institución a la que la Constitución le prohíbe financiar directamente al Gobierno.
El cuerpo técnico del Banco de Guatemala no cuenta con una ley específica de carrera administrativa que garantice su permanencia. Su régimen de personal depende de disposiciones internas aprobadas por la Junta Monetaria, que también tiene facultades para modificarlas. La institución cuenta, en cambio, con dos protecciones fundamentales: el artículo 133 de la Constitución, que limita el financiamiento del Estado, y la Ley Orgánica de 2002, que establece la estabilidad del nivel general de precios como objetivo central de la política monetaria. Pero ninguna de esas disposiciones sustituye la experiencia de quienes han dedicado décadas a sostener la institución.
¿Y por qué debería importarle esto a usted, que no tiene depósitos en dólares ni sigue las sesiones de la Junta Monetaria? Porque una república no se agota en elegir gobernantes cada cuatro años. También exige que existan decisiones que ningún gobierno pueda tomar a su conveniencia. La cantidad de dinero que circula, las reglas que limitan el financiamiento del Estado y la aplicación de la ley no deberían depender de los intereses políticos del momento. Para eso existen instituciones con autonomía: para que sus decisiones respondan a criterios técnicos y normas previamente establecidas, aunque cambie quien ganó las elecciones. Cuando esa independencia se debilita, las consecuencias no siempre aparecen de inmediato. Pueden llegar meses después, cuando el salario alcanza para comprar menos.
Lo que está en juego no es un cargo ni una disputa entre instituciones. Es una estabilidad a la que nos acostumbramos tanto que dejamos de verla. Francisco tampoco la veía cuando se casó, en diciembre de 1980. Había pasado su vida adulta en un país donde el valor del colón parecía inamovible. Tenía trabajo, ahorros y razones para confiar en el futuro. Hasta que descubrió que aquella tranquilidad, construida durante décadas, podía desaparecer de la noche a la mañana.
Durante 36 años, dos protecciones han contribuido a mantener nuestros sueldos y ahorros lejos de aquellas crisis: el artículo 133 de la Constitución, ratificado por los guatemaltecos hace 32 años, y la experiencia acumulada de quienes han sostenido técnicamente al Banco de Guatemala. La primera permanece. La segunda acaba de sufrir una pérdida importante con la renuncia de cuatro de sus principales gerentes. La Corte suspendió provisionalmente el nombramiento presidencial el 8 de octubre y, el día 15, Jonathan Menkos volvió a juramentar como ministro de Finanzas Públicas, desde donde se prepara el presupuesto nacional. Los acontecimientos dejan una pregunta que no deberíamos ignorar: ¿estamos dispuestos a cuidar las instituciones que protegen el valor de nuestro dinero antes de descubrir cuánto cuesta perderlas?
Ramiro Bolaños, PhD. / Presidente del Centro de Pensamiento y Acción Factoría Libertatis
Referencias
Ajmat, Silvina, «La pesadilla de una ahorrista: “Pasaba por el banco y me largaba a llorar”», La Nación, 1 de diciembre de 2011 <https://www.lanacion.com.ar/politica/la-pesadilla-de-una-ahorrista-pasaba-por-el-banco-y-me-largaba-a-llorar-nid1428905/>
Argentina, Decreto de Necesidad y Urgencia 1570/2001, Boletín Oficial de la República Argentina, 29.787 (3 de diciembre de 2001)
Argentina, Decreto de Necesidad y Urgencia 214/2002, Boletín Oficial de la República Argentina, 29.830 (4 de febrero de 2002)
Banco Central de la República Argentina, Boletín Estadístico, diciembre de 2002, tabla PAN-1-3
Banco de Guatemala, serie histórica del tipo de cambio de referencia del quetzal respecto del dólar <https://banguat.gob.gt>
Centro de Estudios Legales y Sociales, «Protestas y represión en diciembre», cap. 11 de Informe anual 2002 (Buenos Aires: CELS, 2002)
Díaz, José, Rolf Lüders y Gert Wagner, Chile 1810-2010: la República en cifras (Santiago: Ediciones UC, 2016)
Edwards, Sebastián, «Chile 1970-1973», NBER Working Paper 31890 (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2023)
Guatemala, Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 133, reformado en noviembre de 1993 y ratificado en consulta popular el 30 de enero de 1994
Guatemala, Decreto Gubernativo 879, Ley Monetaria, 26 de noviembre de 1924
Guatemala, Decreto 16-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Banco de Guatemala
Meller, Patricio, «La situación macroeconómica durante la Unidad Popular», en Un siglo de economía política chilena (1890-1990) (Santiago: CIEPLAN)
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, presentado al Congreso de la República el 2 de septiembre de 2026
