Entre gigantes y competidores
En una economía donde pocas empresas controlan infraestructuras esenciales, el desafío no es castigar el tamaño, sino distinguir poder y abuso.
Vivimos en un mundo que defiende la libre competencia, pero que depende cada vez más de un reducido número de grandes corporaciones. ¿Contradicción económica o consecuencia inevitable del desarrollo tecnológico?
Pensemos en algo tan cotidiano como enviar un correo electrónico, detrás de ese mensaje existen centros de datos, servidores, cables submarinos y redes de telecomunicaciones que requieren inversiones multimillonarias. Empresas como Google, Microsoft y Amazon participan en infraestructuras sin las cuales buena parte de nuestra economía digital difícilmente funcionaría.
En la fabricación de semiconductores, unas pocas compañías concentran capacidades tecnológicas extraordinarias. En los pagos internacionales, Visa y Mastercard tienen posiciones estratégicas y en la computación en la nube, tres grandes proveedores concentran una proporción significativa del mercado mundial.
Entonces, si creemos en la libre competencia, ¿Por qué aceptamos semejante concentración? La respuesta exige comprender algo fundamental "concentración económica no significa automáticamente monopolio, y posición dominante no equivale necesariamente a abuso".
Existen industrias donde las economías de escala permiten reducir costos, aprovechar infraestructuras compartidas y desarrollar tecnologías que resultarían prohibitivas para empresas pequeñas. También existen efectos de red: mientras más personas utilizan determinado servicio, mayor puede ser su utilidad.
En otros casos, encontramos monopolios naturales, donde un solo proveedor puede abastecer un mercado a menor costo que varios competidores. Pero no toda industria concentrada responde a esa condición. El problema comienza cuando una empresa utiliza su poder para excluir competidores, impedir el ingreso de nuevos participantes, imponer condiciones injustificadas o perjudicar al consumidor.
La competencia no debería castigar el éxito. Debería impedir que el éxito se convierta en un privilegio imposible de desafiar. Esta discusión cobra especial relevancia en Guatemala, porque el próximo 9 de diciembre entrarán en vigor las disposiciones de defensa de la libre competencia, concentraciones económicas y sanciones contempladas en el Decreto 32-2024. La Superintendencia de Competencia enfrentará entonces una responsabilidad determinante: aplicar criterios técnicos, garantizar el debido proceso y generar certeza jurídica y no será una tarea sencilla.
Una regulación mal aplicada puede desincentivar inversiones, aumentar costos y castigar injustamente la eficiencia empresarial. Pero una regulación débil puede permitir prácticas que cierren mercados, limiten oportunidades y perjudiquen a los consumidores, ambos extremos son peligrosos.
Además, existe una dimensión que pocas veces discutimos, la soberanía económica.Cuando países enteros dependen de proveedores extranjeros para almacenar información, procesar pagos o mantener comunicaciones estratégicas, la concentración empresarial deja de ser únicamente un asunto comercial. También plantea interrogantes sobre seguridad nacional, tecnológica y autonomía.
Sin embargo, soberanía no significa aislamiento, Guatemala necesita inversión extranjera, tecnología, conectividad y empresas capaces de competir internacionalmente. Necesita reglas claras que permitan atraer capital sin renunciar a proteger mercados abiertos.
La nueva institucionalidad deberá distinguir entre empresas grandes porque son eficientes y empresas que utilizan su posición para impedir que otros compitan. También deberá recordar que el tamaño no es el único problema. Los acuerdos entre empresas pequeñas para manipular precios o repartirse mercados pueden perjudicar igualmente al consumidor.
El objetivo debe ser proteger el proceso competitivo, no favorecer artificialmente a determinados competidores. Guatemala tiene una oportunidad para demostrar que puede construir instituciones técnicas, independientes y alejadas de presiones políticas o intereses particulares. El verdadero enemigo es cualquier poder, público o privado, que utiliza sus privilegios para cerrarles las puertas a los demás y esa es la diferencia entre defender la libre competencia ó simplemente declararle la guerra al éxito empresarial.