El voto no debería comprarse con promesas sindicales
Mientras la niñez guatemalteca pierde el futuro, cuestiono cómo el aula se convirtió en el botín político de sindicalistas y diputados.
En Guatemala tenemos una extraordinaria capacidad para convertir cualquier necesidad social en una oportunidad política y cuando se trata de educación, pareciera que los protagonistas nunca son los estudiantes, sino quienes aseguran representarlos.
Hace una semana, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala STEG, encabezado por Joviel Acevedo, convocó a una concentración para presentar, según sus dirigentes, 1 millón 265 mil 725 firmas de padres de familia. El objetivo era respaldar iniciativas para aumentar la alimentación escolar de Q10 a Q25 diarios, proporcionar un vaso de leche y garantizar uniformes y zapatos.
Hasta allí, las demandas merecen ser analizadas. Nadie puede negar la importancia de mejorar las condiciones de los estudiantes, especialmente en un país donde la pobreza y la desnutrición condicionan las oportunidades de aprendizaje.
Pero la historia dio un giro político, varios partidos políticos acudieron a la convocatoria. Mientras algunos ofrecían respaldar las iniciativas, Acevedo anunciaba que el sindicato orientaría a maestros y padres de familia sobre qué legisladores apoyaban sus propuestas, precisamente cuando Guatemala comienza a prepararse para las elecciones generales de 2027.
¿Coincidencia? Tal vez. ¿Una señal de cómo se negocia el poder en Guatemala? Definitivamente merece nuestra atención. Porque una cosa es ejercer legítimamente el derecho de organización sindical y otra muy distinta es utilizar la capacidad de movilización de una organización para condicionar decisiones políticas.
Conviene aclararlo, informar a los guatemaltecos sobre las votaciones de sus representantes es legítimo. Lo preocupante aparece cuando las demandas sociales se mezclan con advertencias electorales y los legisladores parecen responder más a la presión organizada que a evaluaciones técnicas. Tenemos entonces que preguntarnos: ¿Quién está defendiendo realmente a los estudiantes?
Guatemala necesita mejores escuelas, maestros capacitados, infraestructura adecuada, tecnología, materiales educativos y mecanismos efectivos para evaluar los aprendizajes. Necesita también maestros dignamente remunerados y condiciones laborales que permitan ejercer su profesión. Pero ninguna de esas necesidades debería quedar subordinada a cálculos electorales.
El problema no es únicamente Joviel Acevedo, es un sistema político acostumbrado a negociar con grupos organizados mientras millones de guatemaltecos, sin capacidad de presión, permanecen invisibles.
Los diputados tienen la obligación de escuchar las demandas sindicales, pero también de evaluar su viabilidad financiera, su impacto educativo y su sostenibilidad. Aprobar una iniciativa para conquistar simpatías electorales puede resultar rentable políticamente, pero irresponsable para las finanzas públicas.
Es importante que tampoco debemos confundir cantidad de firmas con representación electoral, un padre puede respaldar mejores alimentos para sus hijos sin entregar su voto, su independencia o su criterio político a ningún candidato.
Las firmas expresan una petición, no constituyen un mandato electoral.
La educación es demasiado importante para convertirse en instrumento de negociación entre sindicatos y partidos. Cada quetzal adicional debería traducirse en mejores resultados, mayor cobertura y oportunidades reales para los estudiantes.
Necesitamos una política educativa que trascienda gobiernos, dirigencias sindicales y campañas electorales. Una política que mida su éxito por lo que aprenden los niños, no por cuántas personas llenan una calle para manifestar. Porque el futuro de Guatemala no se decide únicamente en las urnas, también se construye diariamente en las aulas.
Mientras algunos cuentan firmas, calculan votos y negocian respaldos, existe una generación esperando que alguien finalmente se preocupe por su educación. Los niños no votan, pero pagan las consecuencias de nuestras decisiones y quizá por eso resulta tan fácil olvidarlos cuando comienza la campaña electoral.
El voto no debería comprarse con promesas sindicales
Mientras la niñez guatemalteca pierde el futuro, cuestiono cómo el aula se convirtió en el botín político de sindicalistas y diputados.
En Guatemala tenemos una extraordinaria capacidad para convertir cualquier necesidad social en una oportunidad política y cuando se trata de educación, pareciera que los protagonistas nunca son los estudiantes, sino quienes aseguran representarlos.
Hace una semana, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala STEG, encabezado por Joviel Acevedo, convocó a una concentración para presentar, según sus dirigentes, 1 millón 265 mil 725 firmas de padres de familia. El objetivo era respaldar iniciativas para aumentar la alimentación escolar de Q10 a Q25 diarios, proporcionar un vaso de leche y garantizar uniformes y zapatos.
Hasta allí, las demandas merecen ser analizadas. Nadie puede negar la importancia de mejorar las condiciones de los estudiantes, especialmente en un país donde la pobreza y la desnutrición condicionan las oportunidades de aprendizaje.
Pero la historia dio un giro político, varios partidos políticos acudieron a la convocatoria. Mientras algunos ofrecían respaldar las iniciativas, Acevedo anunciaba que el sindicato orientaría a maestros y padres de familia sobre qué legisladores apoyaban sus propuestas, precisamente cuando Guatemala comienza a prepararse para las elecciones generales de 2027.
¿Coincidencia? Tal vez. ¿Una señal de cómo se negocia el poder en Guatemala? Definitivamente merece nuestra atención. Porque una cosa es ejercer legítimamente el derecho de organización sindical y otra muy distinta es utilizar la capacidad de movilización de una organización para condicionar decisiones políticas.
Conviene aclararlo, informar a los guatemaltecos sobre las votaciones de sus representantes es legítimo. Lo preocupante aparece cuando las demandas sociales se mezclan con advertencias electorales y los legisladores parecen responder más a la presión organizada que a evaluaciones técnicas. Tenemos entonces que preguntarnos: ¿Quién está defendiendo realmente a los estudiantes?
Guatemala necesita mejores escuelas, maestros capacitados, infraestructura adecuada, tecnología, materiales educativos y mecanismos efectivos para evaluar los aprendizajes. Necesita también maestros dignamente remunerados y condiciones laborales que permitan ejercer su profesión. Pero ninguna de esas necesidades debería quedar subordinada a cálculos electorales.
El problema no es únicamente Joviel Acevedo, es un sistema político acostumbrado a negociar con grupos organizados mientras millones de guatemaltecos, sin capacidad de presión, permanecen invisibles.
Los diputados tienen la obligación de escuchar las demandas sindicales, pero también de evaluar su viabilidad financiera, su impacto educativo y su sostenibilidad. Aprobar una iniciativa para conquistar simpatías electorales puede resultar rentable políticamente, pero irresponsable para las finanzas públicas.
Es importante que tampoco debemos confundir cantidad de firmas con representación electoral, un padre puede respaldar mejores alimentos para sus hijos sin entregar su voto, su independencia o su criterio político a ningún candidato.
Las firmas expresan una petición, no constituyen un mandato electoral.
La educación es demasiado importante para convertirse en instrumento de negociación entre sindicatos y partidos. Cada quetzal adicional debería traducirse en mejores resultados, mayor cobertura y oportunidades reales para los estudiantes.
Necesitamos una política educativa que trascienda gobiernos, dirigencias sindicales y campañas electorales. Una política que mida su éxito por lo que aprenden los niños, no por cuántas personas llenan una calle para manifestar. Porque el futuro de Guatemala no se decide únicamente en las urnas, también se construye diariamente en las aulas.
Mientras algunos cuentan firmas, calculan votos y negocian respaldos, existe una generación esperando que alguien finalmente se preocupe por su educación. Los niños no votan, pero pagan las consecuencias de nuestras decisiones y quizá por eso resulta tan fácil olvidarlos cuando comienza la campaña electoral.
