El plan ya existe, y es de los ciudadanos
A Guatemala no le faltan planes, le sobran excusas. Exijo medir obra por obra a los funcionarios mientras definimos el rumbo hacia el 2052.
El 73% de los latinoamericanos dice que el Estado ha hecho poco o nada por ellos y sus familias. En Guatemala, solo el 14% cree que ha hecho mucho o algo, la cifra más baja de la región junto con Panamá, según el Latinobarómetro 2026. En Guatemala no vamos a esperar: el plan de país es de los ciudadanos, y a los funcionarios se les evalúa por ejecutarlo.
Guatemala tiene un plan de desarrollo de largo plazo. En 2014, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el principal espacio de participación ciudadana del país, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032. Hoy ese plan se actualiza con horizonte al 2052, mediante diálogos en los consejos departamentales con sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. Nutrir el plan de nación con los mejores insumos es una oportunidad que no podemos dejar pasar.
La Constitución es clara sobre quién manda. El poder proviene del pueblo, y los funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los ciudadanos fijamos el rumbo; quienes ocupan cargos públicos lo ejecutan y rinden cuentas. Tener el plan perfecto es menos importante de lo que es su ejecución efectiva.
No nos ha faltado plan: nos ha faltado ejecución
En toda la región, gobierno tras gobierno ha prometido más de lo que ha cumplido. Guatemala no es la excepción. Con la ley de alianzas público-privadas anterior se aprobó un solo proyecto en quince años, y la ley de infraestructura vial aprobada en 2024 todavía no se traduce en obras visibles.
En un país con plan, la discrecionalidad y las promesas sin metas ni plazos deben quedar en el pasado. Cada funcionario debería poder responder una sola pregunta: ¿cuánto avanzó el plan bajo su responsabilidad?
Las empresas ponen su parte
En 2025, la inversión fija en Guatemala sumó Q158,240 millones. Q144,105 millones fueron privados y Q14,134 millones, públicos, según el Banco de Guatemala: diez quetzales privados por cada quetzal público. Nos urge mayor inversión pública, según el plan nacional y sin caer en corrupción o clientelismo.
El reto es el nivel. Guatemala invierte 16.7% de su PIB, frente a más de 20% en Chile, México y Perú, y su inversión pública ronda 1.5% del PIB, cuando el promedio latinoamericano es 4.7%. El FMI concluye que la débil infraestructura pública frena la inversión privada. Si el Estado ejecuta su parte, la empresa invertirá todavía más.
Un sistema tributario al revés
Según la OCDE, en 2024 las empresas guatemaltecas pagaron Q25,899 millones de impuesto sobre la renta y las personas, Q4,694 millones: 5.5 quetzales empresariales por cada quetzal individual.
Ningún par regional iguala esa proporción: en Colombia es 3.6; en Chile, 2.7; en Costa Rica, 1.9; en México, cerca de 1; el promedio latinoamericano es 1.8. En Estados Unidos ocurre lo contrario: en el año fiscal 2024, las personas pagaron 4.6 dólares de impuesto sobre la renta federal por cada dólar empresarial.
El objetivo: desarrollo para todos
Invertir y tributar no son fines en sí mismos. Son el primer eslabón de una cadena: inversión que crea empleo formal, empleo que eleva el ingreso disponible, ingreso que amplía el mercado interno y un mercado que atrae más inversión.
La cadena ya se mueve. En julio de 2026, el IGSS alcanzó un récord de 1.81 millones de cotizantes, y según el INE la pobreza bajó de 59% en 2014 a 56% en 2023. Es un avance real, pero lento para la urgencia del país.
Una propuesta técnica para el K’atun 2052
Por eso los ciudadanos organizados han hecho su propia contribución. Mejoremos Guate reúne desde 2011 una agenda de largo plazo, y de ese esfuerzo surgió Guatemala No Se Detiene: una propuesta técnica, con diagnóstico, metas y una ruta medible, que en 2021 firmó un convenio con el Estado.
Sus metas al 2032 son concretas: 2.5 millones de empleos de calidad y un PIB per cápita de US$14,500 en paridad de poder adquisitivo. Sus avances se publican y cualquiera puede verificarlos.
La actualización del K’atun hacia 2052 debe considerar esta propuesta con cuidado. No para adoptarla sin debate, sino para aprovechar años de trabajo técnico, datos ya construidos y metas que el país ya conoce. Un plan nacional es más sólido cuando suma las mejores propuestas que ya existen, en lugar de empezar de cero.
Para mejorar, hay que poder medir
En 2026 se renovaron la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, y se designó un nuevo Fiscal General. Guatemala Visible publicó los perfiles de candidatos a magistrados y aspirantes a Fiscal General para que cualquier ciudadano pudiera juzgar méritos, no afinidades. Como en procesos anteriores, en las elecciones generales de 2027 participará como observador electoral. Es veeduría ciudadana propositiva: no solo señala, también informa. Es una buena práctica que otros países de América Latina deberían replicar.
El Flujograma de la Justicia Criminal, construido desde 2016 por FUNDESA y el CIEN con las instituciones del sector, abrió los datos del recorrido de cada caso en justiciacriminal.gt. Con esa información, el país vio bajar los casos pendientes del Ministerio Público de 2.4 millones en 2014 a 198 mil en 2025. Ahora se trabaja en un indicador de calidad que complemente el de eficiencia. Este tipo de herramientas nos permiten mejorar al poder visualizar lo que sucede.
Seguridad con meta y fecha
En el ENADE 2026, las seis instituciones de la cadena de seguridad y justicia firmaron con CACIF, FUNDESA y el CIEN una carta de entendimiento con una meta común: reducir los homicidios de 16.8 a 8 por cada 100 mil habitantes al 2036. En 2009 la tasa superaba 46. La Coalición por la Seguridad Ciudadana medirá el avance cada mes.
Crime Stoppers Guatemala creó con la PNC el primer canal anónimo de denuncias por WhatsApp del mundo. Un programa de inteligencia artificial recibe cada pista y la envía a investigadores sin revelar la identidad de quien denuncia. En octubre de 2026 fue premiado como el programa más impactante de su red global en la categoría de países con más de tres millones de habitantes, y este año sus pistas ayudaron a abrir 1,496 investigaciones. Pronto incorporará un motor de inteligencia artificial más potente, que hará aún más efectiva la denuncia anónima.
Educación e infraestructura: de la ley a la obra
FunSEPA ha formado a más de 97,000 docentes de escuelas públicas y suma 23 Municipios Digitales; su siguiente paso es acompañar a cada maestro con inteligencia artificial. La Fundación Juan Bautista Gutiérrez ha otorgado 644 becas universitarias desde 2020. Estos son dos ejemplos entre tantas fundaciones privadas que aportan a mejorar lo más importante, la educación de las futuras generaciones.
En infraestructura, el Congreso aprobó tres leyes en tres años con respaldo empresarial: vías prioritarias en 2024, alianzas público-privadas en 2025 y sistema portuario en 2026. Aprobar es el primer paso. Ahora toca evaluar la ejecución, obra por obra.
No es una idea aislada. En Chile, el Consejo de Políticas de Infraestructura, una corporación privada creada en 2013, propone y da seguimiento a políticas que trascienden gobiernos. En Perú, las empresas han financiado US$7,900 millones en obras desde 2009 mediante Obras por Impuestos.
La vara de medir y las objeciones
La evaluación debe incluirnos, y la participación empresarial supera esa prueba. En el IGSS, el INTECAP y el IRTRA, los representantes del sector privado se sientan junto a trabajadores y Estado en juntas que administran contribuciones obligatorias sobre la planilla. Esa presencia es un contrapeso: obliga a rendir cuentas por cada quetzal aportado y protege a las instituciones de la discrecionalidad del gobierno de turno. El IRTRA lo demuestra: supera 105 millones de visitantes en su historia y en 2026 inauguró un parque de Q700 millones con recursos propios y sin préstamos. Invest Guatemala va más lejos. Es la agencia de promoción de inversiones del país y es privada: el sector empresarial trabaja con el Gobierno para atraer inversión extranjera, incluidos competidores directos de empresas locales. Es lo opuesto al estereotipo de un empresariado que se protege de la competencia. Aquí las empresas salen a buscarla, porque cada nueva inversión significa empleo formal y un mercado más grande para todos.
Medir incomoda, especialmente a quienes tienen algo que esconder. Un diario independiente cerró en 2023 tras la persecución a su equipo; en 2025 hubo un intento de excluir al sector privado del consejo de alianzas público-privadas; y en 2026, la misión de la Unión Europea documentó amenazas de persecución penal infundada contra integrantes de comisiones de postulación. Yo mismo enfrenté persecución penal por defender la democracia. Pero eso no es razón para dejar de perseverar.
Se objeta que Guatemala tiene una de las cargas tributarias más bajas de la región: cerca de 14% del PIB en 2024, frente a 21.7% en América Latina. Es cierto. Pero la brecha no está en el aporte empresarial, que ya supera al de sus pares. Está en dos lugares. El primero es la informalidad, y la salida es facilitar la formalización. El segundo es mayor empleo formal y lo que aportamos las personas con buenos empleos: la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta es de apenas 7%, una de las más bajas de la región. Quienes tenemos un empleo formal podemos y debemos aportar más.
También se cuestiona la influencia empresarial en lo público. La respuesta es la que propone este artículo: un plan que pertenece a todos los ciudadanos, datos abiertos y la misma evaluación para cualquiera que ocupe una silla pública.
Manos a la obra
El K’atun 2052 se está escribiendo ahora. Si usted lidera una empresa, una universidad, una organización o una comunidad, haga llegar sus aportes a SEGEPLAN, adopte una meta y publique sus avances. Y pidamos que la propuesta técnica de Guatemala No Se Detiene se analice a fondo en ese proceso.
El plan de país es de nosotros, los ciudadanos. Exijamos que se cumpla, y evaluemos a quienes elegimos y nombramos para cumplirlo. No más promesas vacías: queremos ver ejecutada la hoja de ruta que nos lleve a la prosperidad.
Nota de transparencia: apoyo y participo en la conducción de varios de los esfuerzos citados.