EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Cuando la seguridad empieza a competir con la democracia
El ciudadano no debería escoger entre vivir seguro y vivir en libertad. El verdadero reto es construir un Estado capaz de garantizar ambas cosas.
Hay algo que Guatemala debería reconocer sin miedo, la paciencia ciudadana con la inseguridad tiene límites.
Durante años hemos hablado de institucionalidad, democracia, Estado de Derecho y respeto a las garantías. Todo eso es indispensable, pero para una familia que teme que su hijo no regrese a casa, para un comerciante que paga extorsión o para un piloto de bus que trabaja bajo amenaza, las grandes palabras pierden fuerza cuando el gobierno no logra protegerlos.
Aquí es cuando aparece una pregunta incómoda ¿Qué sucede cuando una sociedad empieza a valorar más los resultados que los procedimientos?
El fenómeno no es exclusivamente guatemalteco, en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele convirtió la seguridad en el eje de su gestión y aplicó una política de excepción que ha coincidido con una fuerte reducción de los homicidios. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales documentaron preocupaciones sobre detenciones arbitrarias, debido proceso y otras garantías fundamentales. La experiencia, por tanto, contiene tanto un resultado concreto en materia de seguridad como un debate profundo sobre los límites del poder estatal.
Guatemala no es El Salvador, sus instituciones, su estructura criminal, su historia y sus condiciones sociales son diferentes. Pero sería un error no observar lo que ocurre alrededor.
Porque cuando los guatemaltecos sentimos que las instituciones son incapaces de resolver problemas urgentes, aparece una tentación peligrosa, pensar que quizá la solución sea entregar más poder a quien prometa resultados rápidos.
Esa tentación debería preocuparnos, no porque la seguridad sea secundaria. Todo lo contrario, la seguridad es una de las obligaciones fundamentales del gobierno.
El Ministerio de Gobernación reportó durante el 2026 una reducción de la tasa de homicidios respecto al cierre del 2025, además de operativos contra estructuras de extorsión y organizaciones criminales. Son datos que deben ser reconocidos y, sobre todo, evaluados con indicadores verificables y sostenidos en el tiempo.
Pero una política de seguridad no puede medirse únicamente por cuántas personas son capturadas o cuántos homicidios disminuyen en determinado período.También debemos preguntar si las investigaciones llegan a condenas, si las cárceles están bajo control del gobierno, si se desarticulan las estructuras financieras del crimen organizado y si la Policía Nacional Civil cuenta con inteligencia, tecnología, presupuesto y profesionalización suficientes.
La verdadera fortaleza de un gobierno no consiste en poder hacer cualquier cosa, consiste en tener la capacidad de hacer cumplir la ley. Ese es el punto que Guatemala no debería perder de vista, una democracia que no puede garantizar seguridad pierde legitimidad. Pero un gobierno que consigue seguridad destruyendo los controles que limitan al poder también termina debilitando las bases de la democracia.
El desafío, entonces, no debería plantearse como una elección entre democracia y seguridad. Debería ser exactamente lo contrario, demostrar que la democracia puede producir seguridad. Eso exige policías capaces, fiscales independientes, jueces que apliquen la ley, cárceles controladas por el Mingob, inteligencia criminal y una estrategia nacional contra el crimen organizado. Exige también certeza jurídica y continuidad institucional, porque ninguna política de seguridad será sostenible si cada gobierno comienza nuevamente desde cero.
Guatemala no necesita escoger entre libertad y seguridad, necesita un gobierno suficientemente fuerte para garantizar las dos. Porque la democracia no se defiende diciéndonos que tengamos paciencia mientras el crimen avanza y la seguridad tampoco se construye diciéndonos que entreguemos nuestras libertades a cambio de protección.
El verdadero éxito sería que un guatemalteco pudiera decir, al mismo tiempo: vivo seguro porque el gobierno funciona y vivo libre porque el gobierno tiene límites y ese debería ser nuestro estándar
Cuando la seguridad empieza a competir con la democracia
El ciudadano no debería escoger entre vivir seguro y vivir en libertad. El verdadero reto es construir un Estado capaz de garantizar ambas cosas.
Hay algo que Guatemala debería reconocer sin miedo, la paciencia ciudadana con la inseguridad tiene límites.
Durante años hemos hablado de institucionalidad, democracia, Estado de Derecho y respeto a las garantías. Todo eso es indispensable, pero para una familia que teme que su hijo no regrese a casa, para un comerciante que paga extorsión o para un piloto de bus que trabaja bajo amenaza, las grandes palabras pierden fuerza cuando el gobierno no logra protegerlos.
Aquí es cuando aparece una pregunta incómoda ¿Qué sucede cuando una sociedad empieza a valorar más los resultados que los procedimientos?
El fenómeno no es exclusivamente guatemalteco, en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele convirtió la seguridad en el eje de su gestión y aplicó una política de excepción que ha coincidido con una fuerte reducción de los homicidios. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales documentaron preocupaciones sobre detenciones arbitrarias, debido proceso y otras garantías fundamentales. La experiencia, por tanto, contiene tanto un resultado concreto en materia de seguridad como un debate profundo sobre los límites del poder estatal.
Guatemala no es El Salvador, sus instituciones, su estructura criminal, su historia y sus condiciones sociales son diferentes. Pero sería un error no observar lo que ocurre alrededor.
Porque cuando los guatemaltecos sentimos que las instituciones son incapaces de resolver problemas urgentes, aparece una tentación peligrosa, pensar que quizá la solución sea entregar más poder a quien prometa resultados rápidos.
Esa tentación debería preocuparnos, no porque la seguridad sea secundaria. Todo lo contrario, la seguridad es una de las obligaciones fundamentales del gobierno.
El Ministerio de Gobernación reportó durante el 2026 una reducción de la tasa de homicidios respecto al cierre del 2025, además de operativos contra estructuras de extorsión y organizaciones criminales. Son datos que deben ser reconocidos y, sobre todo, evaluados con indicadores verificables y sostenidos en el tiempo.
Pero una política de seguridad no puede medirse únicamente por cuántas personas son capturadas o cuántos homicidios disminuyen en determinado período.También debemos preguntar si las investigaciones llegan a condenas, si las cárceles están bajo control del gobierno, si se desarticulan las estructuras financieras del crimen organizado y si la Policía Nacional Civil cuenta con inteligencia, tecnología, presupuesto y profesionalización suficientes.
La verdadera fortaleza de un gobierno no consiste en poder hacer cualquier cosa, consiste en tener la capacidad de hacer cumplir la ley. Ese es el punto que Guatemala no debería perder de vista, una democracia que no puede garantizar seguridad pierde legitimidad. Pero un gobierno que consigue seguridad destruyendo los controles que limitan al poder también termina debilitando las bases de la democracia.
El desafío, entonces, no debería plantearse como una elección entre democracia y seguridad. Debería ser exactamente lo contrario, demostrar que la democracia puede producir seguridad. Eso exige policías capaces, fiscales independientes, jueces que apliquen la ley, cárceles controladas por el Mingob, inteligencia criminal y una estrategia nacional contra el crimen organizado. Exige también certeza jurídica y continuidad institucional, porque ninguna política de seguridad será sostenible si cada gobierno comienza nuevamente desde cero.
Guatemala no necesita escoger entre libertad y seguridad, necesita un gobierno suficientemente fuerte para garantizar las dos. Porque la democracia no se defiende diciéndonos que tengamos paciencia mientras el crimen avanza y la seguridad tampoco se construye diciéndonos que entreguemos nuestras libertades a cambio de protección.
El verdadero éxito sería que un guatemalteco pudiera decir, al mismo tiempo: vivo seguro porque el gobierno funciona y vivo libre porque el gobierno tiene límites y ese debería ser nuestro estándar
