EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Contratar sin contar
1 de cada 6 quetzales de aumento en la planilla del Estado se va para un renglón que no permite identificar a quiénes se contrata: el Renglón 029
Cada año, cuando se discute el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, la conversación se concentra en los montos. Pocas veces nos detenemos en una pregunta mucho más simple: ¿cuánta gente va a trabajar para el Gobierno? El Proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el MINFIN sí da la respuesta, institución por institución, en un cuadro titulado “Recurso Humano”. Sumando las entidades del Organismo Ejecutivo que lo publican, el proyecto para 2027 solicita 396,119 puestos, frente a 366,288 aprobados en 2026. Son 29,831 plazas más, el equivalente a un incremento de 8.1% en un solo ejercicio fiscal. Cabe la advertencia: el Ministerio de la Defensa Nacional no publica ese cuadro, por lo que sus plazas no están incluidas en ninguna de las dos cifras.
¿De dónde viene ese crecimiento? Nueve de cada diez plazas nuevas están en el Ministerio de Educación (+26,748), de las cuales 12,781 corresponden a docentes permanentes. Le siguen las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (+2,068) y el Ministerio de Gobernación (+854). En el otro extremo, el Ministerio de Comunicaciones reduce 909 plazas. Ahora bien, al desagregar por categoría, aparece el primer dato incómodo: mientras el personal permanente crece 6.0%, el personal supernumerario crece 19.1%, hasta llegar a 62,837 puestos.
Pero el dato que verdaderamente merece protagonismo no está en el cuadro de recurso humano, porque, por definición, no puede estar ahí. Se trata del Renglón 029: contratos de servicios técnicos y profesionales que no generan puesto, no crean relación laboral y, por lo tanto, no se cuentan. El proyecto de presupuesto reporta cuánto cuestan, Q2,525.9 millones para 2027, pero no reporta a cuántas personas equivalen.
Y la cifra no es estática. Aunque en 2026 se tenían Q2,055.4 millones aprobados, para el 2027 se solicitan Q470.5 millones más, un alza de 22.9% en un año. Para referencia, todo el gasto en personal del Ejecutivo (el grupo 0 “Servicios Personales”, que incluye sueldos, complementos, bonificaciones y aportes patronales) crece Q2,987.2 millones. Dicho de otra forma, uno de cada seis quetzales de aumento en la planilla del Estado se va para un renglón que no permite identificar a quiénes se contrata.
Quince de las dieciséis instituciones reportadas por el MINFIN utilizan este renglón, y en cinco de ellas ya pesa más que todo el resto de su gasto en personal: Economía (69.5%), Agricultura (69.3%), Comunicaciones (68.1%), Ambiente (65.8%) y Trabajo (53.8%). Sí, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, rector del empleo formal en Guatemala, paga más de la mitad de su personal por la vía que no genera relación laboral.
Acá es donde conviene ir más allá de la contabilidad. Quien es contratado bajo el Renglón 029 no gana un puesto por oposición, no acumula antigüedad, no se somete a evaluación de desempeño, no tiene estabilidad ni prestaciones, y no hace carrera en el servicio civil. Su contrato termina cuando termina el ejercicio fiscal, y con él se va el aprendizaje acumulado. El Estado paga por el servicio, pero no construye capacidad institucional; y el ciudadano no tiene forma de saber cuántas personas están, hoy, prestando servicios con fondos públicos.
No se trata de que estas contrataciones sean ilegales; son perfectamente legales y, en muchos casos, resuelven necesidades reales que la rigidez de la Ley de Servicio Civil no permite atender de otra manera. El problema es distinto: llevamos décadas administrando la excepción como si fuera la regla, sin discutir la reforma que convertiría ese gasto en carrera, en mérito y en continuidad. Mientras tanto, cada presupuesto vuelve más grande la puerta de atrás y más angosta la de enfrente.
Si el Estado va a crecer, que crezca contando. Pedir Q2,525.9 millones para contratar personal sin decir cuántas personas son, qué hacen y por cuánto tiempo, no es un detalle técnico de clasificación presupuestaria, es renunciar a saber quién le sirve al ciudadano. Y lo que no se cuenta, no se evalúa; y lo que no se evalúa, difícilmente mejora.
Contratar sin contar
1 de cada 6 quetzales de aumento en la planilla del Estado se va para un renglón que no permite identificar a quiénes se contrata: el Renglón 029
Cada año, cuando se discute el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, la conversación se concentra en los montos. Pocas veces nos detenemos en una pregunta mucho más simple: ¿cuánta gente va a trabajar para el Gobierno? El Proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el MINFIN sí da la respuesta, institución por institución, en un cuadro titulado “Recurso Humano”. Sumando las entidades del Organismo Ejecutivo que lo publican, el proyecto para 2027 solicita 396,119 puestos, frente a 366,288 aprobados en 2026. Son 29,831 plazas más, el equivalente a un incremento de 8.1% en un solo ejercicio fiscal. Cabe la advertencia: el Ministerio de la Defensa Nacional no publica ese cuadro, por lo que sus plazas no están incluidas en ninguna de las dos cifras.
¿De dónde viene ese crecimiento? Nueve de cada diez plazas nuevas están en el Ministerio de Educación (+26,748), de las cuales 12,781 corresponden a docentes permanentes. Le siguen las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (+2,068) y el Ministerio de Gobernación (+854). En el otro extremo, el Ministerio de Comunicaciones reduce 909 plazas. Ahora bien, al desagregar por categoría, aparece el primer dato incómodo: mientras el personal permanente crece 6.0%, el personal supernumerario crece 19.1%, hasta llegar a 62,837 puestos.
Pero el dato que verdaderamente merece protagonismo no está en el cuadro de recurso humano, porque, por definición, no puede estar ahí. Se trata del Renglón 029: contratos de servicios técnicos y profesionales que no generan puesto, no crean relación laboral y, por lo tanto, no se cuentan. El proyecto de presupuesto reporta cuánto cuestan, Q2,525.9 millones para 2027, pero no reporta a cuántas personas equivalen.
Y la cifra no es estática. Aunque en 2026 se tenían Q2,055.4 millones aprobados, para el 2027 se solicitan Q470.5 millones más, un alza de 22.9% en un año. Para referencia, todo el gasto en personal del Ejecutivo (el grupo 0 “Servicios Personales”, que incluye sueldos, complementos, bonificaciones y aportes patronales) crece Q2,987.2 millones. Dicho de otra forma, uno de cada seis quetzales de aumento en la planilla del Estado se va para un renglón que no permite identificar a quiénes se contrata.
Quince de las dieciséis instituciones reportadas por el MINFIN utilizan este renglón, y en cinco de ellas ya pesa más que todo el resto de su gasto en personal: Economía (69.5%), Agricultura (69.3%), Comunicaciones (68.1%), Ambiente (65.8%) y Trabajo (53.8%). Sí, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, rector del empleo formal en Guatemala, paga más de la mitad de su personal por la vía que no genera relación laboral.
Acá es donde conviene ir más allá de la contabilidad. Quien es contratado bajo el Renglón 029 no gana un puesto por oposición, no acumula antigüedad, no se somete a evaluación de desempeño, no tiene estabilidad ni prestaciones, y no hace carrera en el servicio civil. Su contrato termina cuando termina el ejercicio fiscal, y con él se va el aprendizaje acumulado. El Estado paga por el servicio, pero no construye capacidad institucional; y el ciudadano no tiene forma de saber cuántas personas están, hoy, prestando servicios con fondos públicos.
No se trata de que estas contrataciones sean ilegales; son perfectamente legales y, en muchos casos, resuelven necesidades reales que la rigidez de la Ley de Servicio Civil no permite atender de otra manera. El problema es distinto: llevamos décadas administrando la excepción como si fuera la regla, sin discutir la reforma que convertiría ese gasto en carrera, en mérito y en continuidad. Mientras tanto, cada presupuesto vuelve más grande la puerta de atrás y más angosta la de enfrente.
Si el Estado va a crecer, que crezca contando. Pedir Q2,525.9 millones para contratar personal sin decir cuántas personas son, qué hacen y por cuánto tiempo, no es un detalle técnico de clasificación presupuestaria, es renunciar a saber quién le sirve al ciudadano. Y lo que no se cuenta, no se evalúa; y lo que no se evalúa, difícilmente mejora.
