Cerremos Sololá, Izabal y Petén

Si logran convertir en Ley la propuesta que algunos Diputados oficialistas tienen de revertir la modernización de la Ley de Áreas Protegidas, la conclusión lógica es una sola: cerremos Sololá. Desconectemos Petén. Paralicemos Izabal. O deberán desalojar a la mayoría de la población de dichos departamentos para ofrecerlos condiciones docentes (lease gracias a la infraestructura) o deberán reconocer que la condenarán a dos o tres generaciones mas de pobreza. En un país donde una vasta porción del territorio está catalogada bajo algún régimen de protección, asumir que la naturaleza es una vitrina intocable y radicalmente ajena a la infraestructura pública no es un acto de responsabilidad ecológica; es condenar a millones de guatemaltecos a la marginalidad perpetua.

Actualmente, aprovechando el ruido y el peso de la aplanadora en la discusión del presupuesto, el Ejecutivo intenta impulsar una contrarreforma legal plagada de debilidades técnicas. El objetivo es desarmar un avance institucional crítico que se logró recientemente a través de la Ley General del Sistema Portuario Nacional. Dicha reforma introdujo una dosis de realismo a nuestra geografía económica: habilitó que las áreas de amortiguamiento de las zonas protegidas sean compatibles con el desarrollo de infraestructura, siempre y cuando esta sea declarada de urgencia nacional y utilidad pública. La reforma no fue oara habilitar chalets opaque de diversiones, fue para aquello que es esencial ybque tanto nuestra Constitución como leyes han reconocido como tal.

El intento de revertir este avance secuestra el debate bajo una falsa dicotomía de suma cero: o salvamos el ecosistema o construimos la carretera. Esta visión ignora por completo la complementariedad constitucional que rige a la República, la cual mandata que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales debe traducirse en el bienestar material de la población guatemalteca. La verdadera sostenibilidad no consiste en congelar el territorio, sino en gestionar los impactos mediante ingeniería de mitigación y tecnología de clase mundial: ya vemos cómo la pobreza y el crimen organizado han generado mas tala ilegal de bosques que las carreteras o los puertos o la red eléctrica del país. Pensar que las áreas protegidas no pueden tocarse con obra pública estratégica es olvidar que no existe mayor depredador ambiental que la miseria y la falta de servicios básicos.

Quienes hoy ocupan una curul deben entender las consecuencias de ceder ante este chantaje legislativo. Si los diputados permiten que la normativa regrese a su estatus previo y rígido, estarán firmando la parálisis operativa de sus propios distritos. ¿De qué sirve aprobar recirsis para Consejos de Desarrollo si para Sololá, Petén e Izabal, los peoyectos irán a moror el sueño de los justos. Y lo mismo para puertos fluviales y marítimos. Al prohibir el uso racional de las áreas de amortiguamiento, el Congreso le estará diciendo a sus votantes que es legalmente imposible construir una planta de tratamiento de aguas, extender una línea de transmisión eléctrica, ampliar un libramiento vial o modernizar un puerto. Se quedarán sin las herramientas jurídicas básicas para ejecutar la misma infraestructura de conectividad y salud que les exigen sus comunidades.

Guatemala necesita definir su propio modelo de desarrollo sin caer en purismos paralizantes. La cohesión de nuestro país exige una plataforma material de integración; requiere conectar la producción rural con los mercados globales y dotar a la población de bienes públicos dignos. La conservación ambiental y la modernización logística no son enemigos, sino los dos pilares inseparables de un Estado viable. Permitir que una aplanadora política destruya nuestros escasos avances institucionales, bajo el disfraz de una narrativa verde que asfixia el desarrollo, es un lujo que nuestra economía sencillamente no puede pagar.