El Gobierno de Venezuela informó este viernes que iniciará su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI) mediante la denuncia del Estatuto de Roma. La decisión fue comunicada a Naciones Unidas y marca un nuevo capítulo en la relación entre Caracas y el tribunal con sede en La Haya. La medida se produce en medio de una prolongada controversia sobre las investigaciones abiertas contra funcionarios venezolanos.
Es noticia. Venezuela anunció su decisión de abandonar de forma definitiva la Corte Penal Internacional al considerar que el organismo mantiene un enfoque desigual en la aplicación de la justicia internacional. El gobierno aseguró que ya notificó oficialmente su postura al secretario general de la ONU, António Guterres.
- El canciller Félix Plasencia informó que la decisión fue adoptada por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y comunicada formalmente a Naciones Unidas.
- Según el comunicado oficial, el Ejecutivo considera que la CPI ha concentrado de manera desproporcionada sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos.
- La salida se concreta mediante la denuncia del Estatuto de Roma, tratado internacional que dio origen al tribunal y que regula la participación de los Estados miembros.
Qué destacar. La decisión ocurre tras varios años de tensiones entre Venezuela y la Corte Penal Internacional. Las autoridades venezolanas han cuestionado reiteradamente la imparcialidad del organismo y el alcance de sus actuaciones en el país.
- Félix Plasencia sostuvo que la medida responde a la percepción de que la CPI actúa bajo criterios que afectan la soberanía y la autodeterminación de algunos Estados.
- El gobierno venezolano afirmó que mantiene su compromiso con la cooperación internacional, pero considera necesario impulsar mecanismos de justicia que, según su postura, operen bajo criterios de mayor equidad.
- La notificación a la ONU formaliza una decisión que ya había sido respaldada por el Parlamento venezolano mediante una ley aprobada en diciembre pasado.
Entre líneas. La salida de Venezuela ocurre en un contexto marcado por investigaciones abiertas y desacuerdos sobre el principio de complementariedad, según el cual los Estados deben realizar sus propias pesquisas antes de una intervención internacional.
- En diciembre, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina técnica en Caracas al señalar que no observaba avances suficientes en materia de complementariedad.
- A pesar del cierre de esa oficina, la Fiscalía informó que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad continuaría desde La Haya mediante equipos especializados.
- La controversia se mantiene desde hace varios años y ha generado intercambios jurídicos entre las autoridades venezolanas y el tribunal internacional.
Lo que sigue. La decisión abre una nueva etapa en la relación entre Venezuela y las instancias de justicia internacional. Aunque el país formalice su salida del Estatuto de Roma, expertos y organismos internacionales seguirán observando las implicaciones jurídicas del proceso.
- La investigación abierta por la CPI en 2018 surgió tras una remisión presentada por varios Estados miembros del sistema internacional.
- En 2023, la Corte autorizó la reanudación de las pesquisas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, después de rechazar objeciones planteadas por las autoridades venezolanas.
- El desarrollo de este proceso podría generar nuevos pronunciamientos tanto de organismos multilaterales como de actores políticos y jurídicos involucrados en el caso.
El Gobierno de Venezuela informó este viernes que iniciará su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI) mediante la denuncia del Estatuto de Roma. La decisión fue comunicada a Naciones Unidas y marca un nuevo capítulo en la relación entre Caracas y el tribunal con sede en La Haya. La medida se produce en medio de una prolongada controversia sobre las investigaciones abiertas contra funcionarios venezolanos.
Es noticia. Venezuela anunció su decisión de abandonar de forma definitiva la Corte Penal Internacional al considerar que el organismo mantiene un enfoque desigual en la aplicación de la justicia internacional. El gobierno aseguró que ya notificó oficialmente su postura al secretario general de la ONU, António Guterres.
- El canciller Félix Plasencia informó que la decisión fue adoptada por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y comunicada formalmente a Naciones Unidas.
- Según el comunicado oficial, el Ejecutivo considera que la CPI ha concentrado de manera desproporcionada sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos.
- La salida se concreta mediante la denuncia del Estatuto de Roma, tratado internacional que dio origen al tribunal y que regula la participación de los Estados miembros.
Qué destacar. La decisión ocurre tras varios años de tensiones entre Venezuela y la Corte Penal Internacional. Las autoridades venezolanas han cuestionado reiteradamente la imparcialidad del organismo y el alcance de sus actuaciones en el país.
- Félix Plasencia sostuvo que la medida responde a la percepción de que la CPI actúa bajo criterios que afectan la soberanía y la autodeterminación de algunos Estados.
- El gobierno venezolano afirmó que mantiene su compromiso con la cooperación internacional, pero considera necesario impulsar mecanismos de justicia que, según su postura, operen bajo criterios de mayor equidad.
- La notificación a la ONU formaliza una decisión que ya había sido respaldada por el Parlamento venezolano mediante una ley aprobada en diciembre pasado.
Entre líneas. La salida de Venezuela ocurre en un contexto marcado por investigaciones abiertas y desacuerdos sobre el principio de complementariedad, según el cual los Estados deben realizar sus propias pesquisas antes de una intervención internacional.
- En diciembre, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina técnica en Caracas al señalar que no observaba avances suficientes en materia de complementariedad.
- A pesar del cierre de esa oficina, la Fiscalía informó que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad continuaría desde La Haya mediante equipos especializados.
- La controversia se mantiene desde hace varios años y ha generado intercambios jurídicos entre las autoridades venezolanas y el tribunal internacional.
Lo que sigue. La decisión abre una nueva etapa en la relación entre Venezuela y las instancias de justicia internacional. Aunque el país formalice su salida del Estatuto de Roma, expertos y organismos internacionales seguirán observando las implicaciones jurídicas del proceso.
- La investigación abierta por la CPI en 2018 surgió tras una remisión presentada por varios Estados miembros del sistema internacional.
- En 2023, la Corte autorizó la reanudación de las pesquisas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, después de rechazar objeciones planteadas por las autoridades venezolanas.
- El desarrollo de este proceso podría generar nuevos pronunciamientos tanto de organismos multilaterales como de actores políticos y jurídicos involucrados en el caso.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: