Por cuatro delitos consignan a siete policías del caso Solórzano Foppa

Siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron consignados y puestos a disposición de los tribunales por su presunta participación en una serie de hechos que ahora colocan bajo escrutinio una de las investigaciones criminales más mediáticas de los últimos meses: el caso relacionado con la muerte del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

• De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los agentes son señalados de los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Qué destacar.  Las capturas fueron ejecutadas tras una investigación que apunta a la presunta colocación de un arma de fuego a dos ciudadanos guatemaltecos.

• Según el comunicado oficial, “como resultado de las diligencias, se ejecutaron siete órdenes de aprehensión emitidas por juez competente” contra los agentes Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D., quienes habrían participado en los hechos bajo investigación.
• Las acciones incluyeron allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia en 11 inmuebles ubicados en distintos departamentos del país, así como diligencias en la Comisaría 13 y en la sede del Distrito Central de la PNC.
• El caso adquiere especial relevancia porque la hipótesis investigativa cuestiona directamente la actuación policial durante las primeras etapas de las pesquisas por el asesinato de Solórzano Foppa.

En el radar.  El MP sostiene que tanto la presunta colocación del arma como las circunstancias que rodean ambas muertes continúan bajo investigación con el objetivo de “esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades individuales y sustentar ante los órganos jurisdiccionales competentes las acciones penales que correspondan”.

• Las capturas también reavivaron el debate sobre el trato que las autoridades dan a los distintos señalados. El sábado 17 de octubre, la fecha del crimen, los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz fueron exhibidos públicamente tras ser vinculados al caso.
• Sus fotografías circularon ampliamente y fueron presentados ante la opinión pública como presuntos responsables.
• Sin embargo, aquella narrativa se derrumbó rápidamente. Durante la primera audiencia, el propio Ministerio Público solicitó que ambos recuperaran su libertad. La investigación comenzó entonces a girar hacia quienes participaron en el procedimiento policial y en la recolección de evidencias.

Lo que sigue. Ahora, con siete agentes bajo investigación, el manejo institucional ha sido diferente.

• El Ministerio de Gobernación informó sobre el traslado de los policías a los tribunales mediante un comunicado, sin difusión de fotografías ni exposiciones públicas similares a las realizadas anteriormente con los ciudadanos capturados.
• Mientras la investigación avanza, el Ministerio Público envió un mensaje contundente. “Ningún cargo, uniforme o posición jerárquica puede servir de escudo frente a la investigación penal”, afirmó la institución.
• Además, advirtió que “toda acción dirigida a alterar evidencia, encubrir responsabilidades u obstaculizar el esclarecimiento de estos hechos será investigada”.

En conclusión. Las consignaciones colocan en el centro del caso no solo las circunstancias de las muertes investigadas, sino también la actuación de quienes tenían la responsabilidad de hacer cumplir la ley.

• El desenlace determinará si existieron acciones destinadas a fabricar evidencias y si hubo intentos de desviar el curso de la investigación.