EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este jueves 14 de noviembre, integrantes del Movimiento Cívico Nacional (MCN) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la confidencialidad del Pacto Colectivo de Educación (PCE), para que todas las negociaciones se realicen con transparencia.
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Durante diez meses, MCN ha presentado varias acciones para eliminar la confidencialidad de las negociaciones entre las autoridades del Ministerio de Educación (MINEDUC) y los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG); sin embargo, no han tenido éxito.
Es noticia. La acción fue presentada en las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), específicamente, contra el fragmento del artículo 1 del Acuerdo Ministerial 544-2024. El numeral estable que el proyecto fue entregado bajo garantía de confidencialidad. “Consideramos que la recepción de dicho proyecto en condiciones de confidencialidad vulnera los principios constitucionales de publicidad y transparencia”, indicó Christa Walters, presidenta de MCN.
- Walters agrega que la confidencialidad viola el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que todos los actos de la administración son públicos. Además, que al ocultar y restringir el acceso a esta información, se obstaculiza la fiscalización ciudadana y se contradicen los principios de un gobierno transparente.
- También, contraviene el principio de legalidad, que exige que los actos de los funcionarios públicos estén dentro del marco de la ley.
- “En este caso, el Ministerio de Educación no justificó la confidencialidad del documento, incumpliendo así con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. La solicitud de confidencialidad por parte del STEG no constituye una razón suficiente para restringir el acceso a información que debe estar disponible al público”, agrega la representante de MCN.
Por qué importa. La normativa establece que todos los recursos de la administración deben ser públicos y con esta medida se violan, contradicen los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas establecidos en los artículos 28, 30, 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además, los artículos 1, 3, 16 y 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto número 57-2008.
- El objetivo de la acción es asegurar el cumplimiento de los principios mínimos e indispensables de los procesos de transparencia y evitar la creación de precedentes que puedan vulnerar el acceso a la información, rendición de cuentas, y publicidad de los actos administrativos.
- “La confidencialidad impide un control ciudadano efectivo y viola la obligación de las autoridades de rendir cuentas de sus actos. En el MCN continuamos velando por promover la transparencia y legalidad, fiscalizando el pacto colectivo y exigiendo la máxima publicidad en los actos públicos”, enfatizó Walters.
- MCN ha presentado varias acciones legales para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. Además, para asegurar que todos los actos de la administración pública sean accesibles para los ciudadanos.
Este jueves 14 de noviembre, integrantes del Movimiento Cívico Nacional (MCN) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la confidencialidad del Pacto Colectivo de Educación (PCE), para que todas las negociaciones se realicen con transparencia.
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Durante diez meses, MCN ha presentado varias acciones para eliminar la confidencialidad de las negociaciones entre las autoridades del Ministerio de Educación (MINEDUC) y los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG); sin embargo, no han tenido éxito.
Es noticia. La acción fue presentada en las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), específicamente, contra el fragmento del artículo 1 del Acuerdo Ministerial 544-2024. El numeral estable que el proyecto fue entregado bajo garantía de confidencialidad. “Consideramos que la recepción de dicho proyecto en condiciones de confidencialidad vulnera los principios constitucionales de publicidad y transparencia”, indicó Christa Walters, presidenta de MCN.
- Walters agrega que la confidencialidad viola el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que todos los actos de la administración son públicos. Además, que al ocultar y restringir el acceso a esta información, se obstaculiza la fiscalización ciudadana y se contradicen los principios de un gobierno transparente.
- También, contraviene el principio de legalidad, que exige que los actos de los funcionarios públicos estén dentro del marco de la ley.
- “En este caso, el Ministerio de Educación no justificó la confidencialidad del documento, incumpliendo así con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública. La solicitud de confidencialidad por parte del STEG no constituye una razón suficiente para restringir el acceso a información que debe estar disponible al público”, agrega la representante de MCN.
Por qué importa. La normativa establece que todos los recursos de la administración deben ser públicos y con esta medida se violan, contradicen los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas establecidos en los artículos 28, 30, 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además, los artículos 1, 3, 16 y 38 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto número 57-2008.
- El objetivo de la acción es asegurar el cumplimiento de los principios mínimos e indispensables de los procesos de transparencia y evitar la creación de precedentes que puedan vulnerar el acceso a la información, rendición de cuentas, y publicidad de los actos administrativos.
- “La confidencialidad impide un control ciudadano efectivo y viola la obligación de las autoridades de rendir cuentas de sus actos. En el MCN continuamos velando por promover la transparencia y legalidad, fiscalizando el pacto colectivo y exigiendo la máxima publicidad en los actos públicos”, enfatizó Walters.
- MCN ha presentado varias acciones legales para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. Además, para asegurar que todos los actos de la administración pública sean accesibles para los ciudadanos.
