EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, el viceministro de Desarrollo Sostenible, fue enviado a prisión preventiva tras ser procesado por delitos graves. La Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó pruebas que llevaron al juzgado a dictar su reclusión en Mariscal Zavala.
Es noticia. Pacheco enfrenta cargos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, según la Fiscalía contra el Crimen Organizado. El juzgado consideró suficientes las pruebas técnicas y científicas presentadas, por lo que dictó prisión preventiva tanto para Pacheco como para Héctor Manuel Chaclán Batz. Ambos permanecerán recluidos en Mariscal Zavala mientras avanza la investigación, que se mantiene bajo reserva judicial.
- El Ministerio Público tiene un plazo de dos meses para concluir las pesquisas y fundamentar la acusación.
- El juzgado argumentó peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, lo que justificó la prisión preventiva. El caso continúa bajo reserva, lo que limita el acceso a detalles específicos del expediente.
- La defensa de Pacheco sostiene que la detención responde a motivos políticos y no a hechos delictivos comprobados.
Qué destacar. Luis Pacheco, exlíder indígena de Los 48 Cantones, fue arrestado por su participación en las protestas de 2023. La Fiscalía lo acusa de delitos graves, mientras que organizaciones sociales y el presidente Bernardo Arévalo critican la detención. Pacheco lideró manifestaciones exigiendo la renuncia de la fiscal general y defendiendo la victoria electoral de Arévalo.
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El presidente Arévalo calificó la detención como un “golpe artero” contra el pueblo guatemalteco y denunció una campaña de criminalización de la resistencia indígena.
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Organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios consideran que la detención busca intimidar a quienes defienden la democracia.
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Pacheco insiste en que actuó por decisión colectiva y rechaza los delitos que se le imputan: “No soy un delincuente, no soy un terrorista”.
Datos clave. El Ministerio Público atribuye a Pacheco y Chaclán los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. La Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó escuchas telefónicas, fotografías y videos como pruebas de supuestas acciones que “interfirieron intencionalmente y vulneraron el correcto funcionamiento del sistema de justicia”.
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Las acciones investigadas ocurrieron entre octubre de 2023 y enero de 2024, durante las protestas y bloqueos liderados por los 48 Cantones.
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El fiscal Klayber Bladimiro señaló que la investigación individualizó a cinco personas, negando la criminalización de la protesta en general.
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El MP sostiene que actúa conforme a la ley y rechaza las críticas del Ejecutivo, defendiendo su independencia institucional.
Hemeroteca. Los bloqueos de octubre de 2023 surgieron como protesta contra acciones del MP, incluyendo intentos de remover al fiscal general. Diversos sectores de la sociedad civil denunciaron los bloqueos por sus impactos económicos y sociales.
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Las protestas de 2023 buscaban, según denuncias, tomar control del Ministerio Público para garantizar impunidad a ciertos actores.
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La investigación de la fiscalía se basa en múltiples denuncias recibidas por la ciudadanía en relación con los bloqueos.
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El MP ha defendido su independencia y ha rechazado acusaciones de actuar por motivos políticos.
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Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, el viceministro de Desarrollo Sostenible, fue enviado a prisión preventiva tras ser procesado por delitos graves. La Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó pruebas que llevaron al juzgado a dictar su reclusión en Mariscal Zavala.
Es noticia. Pacheco enfrenta cargos de terrorismo y obstaculización a la acción penal, según la Fiscalía contra el Crimen Organizado. El juzgado consideró suficientes las pruebas técnicas y científicas presentadas, por lo que dictó prisión preventiva tanto para Pacheco como para Héctor Manuel Chaclán Batz. Ambos permanecerán recluidos en Mariscal Zavala mientras avanza la investigación, que se mantiene bajo reserva judicial.
- El Ministerio Público tiene un plazo de dos meses para concluir las pesquisas y fundamentar la acusación.
- El juzgado argumentó peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, lo que justificó la prisión preventiva. El caso continúa bajo reserva, lo que limita el acceso a detalles específicos del expediente.
- La defensa de Pacheco sostiene que la detención responde a motivos políticos y no a hechos delictivos comprobados.
Qué destacar. Luis Pacheco, exlíder indígena de Los 48 Cantones, fue arrestado por su participación en las protestas de 2023. La Fiscalía lo acusa de delitos graves, mientras que organizaciones sociales y el presidente Bernardo Arévalo critican la detención. Pacheco lideró manifestaciones exigiendo la renuncia de la fiscal general y defendiendo la victoria electoral de Arévalo.
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El presidente Arévalo calificó la detención como un “golpe artero” contra el pueblo guatemalteco y denunció una campaña de criminalización de la resistencia indígena.
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Pacheco insiste en que actuó por decisión colectiva y rechaza los delitos que se le imputan: “No soy un delincuente, no soy un terrorista”.
Datos clave. El Ministerio Público atribuye a Pacheco y Chaclán los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia. La Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó escuchas telefónicas, fotografías y videos como pruebas de supuestas acciones que “interfirieron intencionalmente y vulneraron el correcto funcionamiento del sistema de justicia”.
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Las acciones investigadas ocurrieron entre octubre de 2023 y enero de 2024, durante las protestas y bloqueos liderados por los 48 Cantones.
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El fiscal Klayber Bladimiro señaló que la investigación individualizó a cinco personas, negando la criminalización de la protesta en general.
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El MP sostiene que actúa conforme a la ley y rechaza las críticas del Ejecutivo, defendiendo su independencia institucional.
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Las protestas de 2023 buscaban, según denuncias, tomar control del Ministerio Público para garantizar impunidad a ciertos actores.
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