EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El servicio de distribución eléctrica es afectado por la continua conflictividad social instigada por grupos organizados. La situación tiene un impacto significativo en la calidad de vida de más de 200 000 familias, en particular en cinco departamentos del país.
En perspectiva. La conflictividad afecta directamente a 108 municipios en 18 departamentos, principalmente San Marcos, Huehuetenango, Zacapa, Izabal y Retalhuleu. Las actividades de las brigadas de la distribuidora ENERGUATE son obstaculizadas, total o parcialmente.
- En estos municipios, comunidades son asediadas por grupos que promueven las conexiones ilegales de electricidad y sufren las consecuencias de un servicio intermitente y de baja calidad, lo que afecta sus actividades diarias y su bienestar general.
- Sin embargo, el mayor impacto lo tienen 284 localidades, donde el acceso del personal de la distribuidora está completamente impedido, dificultando las labores de mantenimiento y mejora del servicio.
- La falta de un suministro eléctrico confiable retrasa el desarrollo social y económico de estas áreas, impidiendo el avance hacia una modernización que permita una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Por qué importa. En todo el país, 499 comunidades están en poder de grupos que promueven el robo de electricidad e impiden el ingreso de las brigadas de ENERGUATE, para hacer los trabajos de mantenimiento preventivo de la red de distribución.
- Estos territorios, controlados por grupos clandestinos, manipulan a las familias en municipios de: Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Jutiapa, Jalapa, Izabal, Petén y Baja Verapaz, principalmente.
- “Esta situación vulnera la prestación de servicios públicos esenciales como salud y educación, retrasa el desarrollo social y obstaculiza el crecimiento económico de las familias”, según la empresa distribuidora.
- Estos grupos impiden que la distribuidora pueda hacer la poda de la vegetación, para evitar que el cableado sea dañado y hacer trabajos de revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de distribución, con lo cual la red experimenta un deterioro sistemático.
Visto y no visto. ENERGUATE enfrenta constantes desafíos debido a esta problemática. Durante 2023 y 2024, 40 casos relacionados con el hurto de fluidos fueron judicializados. Más de 56 denuncias se presentaron por el mismo delito.
- Entre estos casos, destaca la dirigente de un grupo en Tiquisate, Escuintla, que promueve las conexiones ilegales, quien es procesada por los delitos de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública e Instigación a delinquir, ambos de forma continuada.
- Para apoyar a las comunidades, se hacen acercamientos que permitan iniciar diálogos, alcanzar acuerdos para la normalización de conexiones, hacer inversiones en mejoras a la red y garantizar un suministro eléctrico que impulse el desarrollo sostenible de todos.
El servicio de distribución eléctrica es afectado por la continua conflictividad social instigada por grupos organizados. La situación tiene un impacto significativo en la calidad de vida de más de 200 000 familias, en particular en cinco departamentos del país.
En perspectiva. La conflictividad afecta directamente a 108 municipios en 18 departamentos, principalmente San Marcos, Huehuetenango, Zacapa, Izabal y Retalhuleu. Las actividades de las brigadas de la distribuidora ENERGUATE son obstaculizadas, total o parcialmente.
- En estos municipios, comunidades son asediadas por grupos que promueven las conexiones ilegales de electricidad y sufren las consecuencias de un servicio intermitente y de baja calidad, lo que afecta sus actividades diarias y su bienestar general.
- Sin embargo, el mayor impacto lo tienen 284 localidades, donde el acceso del personal de la distribuidora está completamente impedido, dificultando las labores de mantenimiento y mejora del servicio.
- La falta de un suministro eléctrico confiable retrasa el desarrollo social y económico de estas áreas, impidiendo el avance hacia una modernización que permita una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Por qué importa. En todo el país, 499 comunidades están en poder de grupos que promueven el robo de electricidad e impiden el ingreso de las brigadas de ENERGUATE, para hacer los trabajos de mantenimiento preventivo de la red de distribución.
- Estos territorios, controlados por grupos clandestinos, manipulan a las familias en municipios de: Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Jutiapa, Jalapa, Izabal, Petén y Baja Verapaz, principalmente.
- “Esta situación vulnera la prestación de servicios públicos esenciales como salud y educación, retrasa el desarrollo social y obstaculiza el crecimiento económico de las familias”, según la empresa distribuidora.
- Estos grupos impiden que la distribuidora pueda hacer la poda de la vegetación, para evitar que el cableado sea dañado y hacer trabajos de revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de distribución, con lo cual la red experimenta un deterioro sistemático.
Visto y no visto. ENERGUATE enfrenta constantes desafíos debido a esta problemática. Durante 2023 y 2024, 40 casos relacionados con el hurto de fluidos fueron judicializados. Más de 56 denuncias se presentaron por el mismo delito.
- Entre estos casos, destaca la dirigente de un grupo en Tiquisate, Escuintla, que promueve las conexiones ilegales, quien es procesada por los delitos de atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública e Instigación a delinquir, ambos de forma continuada.
- Para apoyar a las comunidades, se hacen acercamientos que permitan iniciar diálogos, alcanzar acuerdos para la normalización de conexiones, hacer inversiones en mejoras a la red y garantizar un suministro eléctrico que impulse el desarrollo sostenible de todos.
