EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: 
499 comunidades están en poder de grupos que promueven el robo de electricidad
El servicio eléctrico en las comunidades cercanas a las áreas controladas por grupos clandestinos, y que operan al margen de ley, es afectado por la manipulación y conexiones ilegales en las instalaciones eléctricas en las aldeas bajo su dominio.
Por qué importa. En todo el país, 499 comunidades están en poder de grupos que promueven el robo de electricidad e impiden el ingreso de las brigadas de ENERGUATE, para hacer los trabajos de mantenimiento preventivo de la red de distribución.
- Estos territorios, controlados por grupos clandestinos, manipulan a las familias en municipios de: Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Jutiapa, Jalapa, Izabal, Petén y Baja Verapaz, principalmente.
- “Esta situación vulnera la prestación de servicios públicos esenciales como salud y educación, retrasa el desarrollo social y obstaculiza el crecimiento económico de las familias”, según la empresa distribuidora.
- Estos grupos impiden que la distribuidora pueda hacer la poda de la vegetación, para evitar que el cableado sea dañado y hacer trabajos de revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de distribución, con lo cual la red experimenta un deterioro sistemático.
Datos. Según ENERGUATE, que distribuye energía en 296 municipios de 20 departamentos del país, las conexiones ilegales generan unos GTQ 370M de pérdidas anualmente hasta 2018.
- En algunas áreas rurales solamente el 30% de la población paga por el servicio de energía. El porcentaje es tan alto que los expertos afirman que existe una cultura de impago.
- Según la empresa, el robo de electricidad es un negocio: se han detectado conexiones ilegales en al menos 625 comunidades (2018).
- En su momento, Jutiapa era uno de los departamentos con más casos de hurto de energía (72 comunidades). Los bloqueos de rutas por los cortes de energía eléctrica generan millonarias pérdidas diarias a comercios.
Visto y no visto. Además, cuando se produce alguna falla, estas personas manipulan ilegalmente los equipos y hacen “reparaciones hechizas”. No cuentan con la calidad técnica y eliminan elementos protectores de la red.
- Esta destrucción de la red también tiene incidencia en la calidad del servicio que reciben las comunidades aledañas, donde las familias tienen un servicio legal.
- Sin embargo, son perjudicados por las alteraciones que trasladan inestabilidad a las redes eléctricas y las dificultades para la verificación y reparación de las líneas.
- Un reciente estudio del BID sobre las pérdidas eléctricas en Latinoamérica y el Caribe, estima que el acceso irregular a la energía (conexiones ilícitas) podría ser igual a la población en zonas marginales, que para el 2019 era 37,6% de la población guatemalteca.
Entre líneas. En marzo de 2023, el Congreso reformó el Código Penal y la Ley Contra el Crimen Organizado para aumentar las multas y endurecer las penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas.
- Algunos diputados indicaron que, para garantizar y proteger los servicios de utilidad para los guatemaltecos, como la energía eléctrica, se aprobó el Decreto 8-2023, que contiene las reformas.
- Ahora se adiciona el artículo 249 BIS del Código Penal respecto del hurto de fluidos cometido por grupo delictivo organizado u organización criminal.
- Añade que quien, formando parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal, ilícitamente sustrajere, indujere o promoviere la sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua o gas, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de GTQ 100 000.
Balance. Estas organizaciones ilegales instigan a los vecinos para formar comités locales de energía eléctrica, cubrir sus contadores con materiales plásticos y a rechazar, sistemáticamente, la presencia de los colaboradores de la distribuidora.
- En muchas ocasiones, los propietarios de las viviendas son obligados a pagar una determinada cuota mensual, que varía de acuerdo con el cálculo del consumo y si el inmueble es para uso residencial o con fines comerciales.
- En el caso de que las personas afectadas se nieguen a hacer efectiva esta extorsión, los responsables de promover las conexiones directas cortan el servicio y dejan sin electricidad a las familias, con lo cual vulneran sus derechos y acceso a un servicio esencial.
499 comunidades están en poder de grupos que promueven el robo de electricidad
El servicio eléctrico en las comunidades cercanas a las áreas controladas por grupos clandestinos, y que operan al margen de ley, es afectado por la manipulación y conexiones ilegales en las instalaciones eléctricas en las aldeas bajo su dominio.
Por qué importa. En todo el país, 499 comunidades están en poder de grupos que promueven el robo de electricidad e impiden el ingreso de las brigadas de ENERGUATE, para hacer los trabajos de mantenimiento preventivo de la red de distribución.
- Estos territorios, controlados por grupos clandestinos, manipulan a las familias en municipios de: Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Jutiapa, Jalapa, Izabal, Petén y Baja Verapaz, principalmente.
- “Esta situación vulnera la prestación de servicios públicos esenciales como salud y educación, retrasa el desarrollo social y obstaculiza el crecimiento económico de las familias”, según la empresa distribuidora.
- Estos grupos impiden que la distribuidora pueda hacer la poda de la vegetación, para evitar que el cableado sea dañado y hacer trabajos de revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de distribución, con lo cual la red experimenta un deterioro sistemático.
Datos. Según ENERGUATE, que distribuye energía en 296 municipios de 20 departamentos del país, las conexiones ilegales generan unos GTQ 370M de pérdidas anualmente hasta 2018.
- En algunas áreas rurales solamente el 30% de la población paga por el servicio de energía. El porcentaje es tan alto que los expertos afirman que existe una cultura de impago.
- Según la empresa, el robo de electricidad es un negocio: se han detectado conexiones ilegales en al menos 625 comunidades (2018).
- En su momento, Jutiapa era uno de los departamentos con más casos de hurto de energía (72 comunidades). Los bloqueos de rutas por los cortes de energía eléctrica generan millonarias pérdidas diarias a comercios.
Visto y no visto. Además, cuando se produce alguna falla, estas personas manipulan ilegalmente los equipos y hacen “reparaciones hechizas”. No cuentan con la calidad técnica y eliminan elementos protectores de la red.
- Esta destrucción de la red también tiene incidencia en la calidad del servicio que reciben las comunidades aledañas, donde las familias tienen un servicio legal.
- Sin embargo, son perjudicados por las alteraciones que trasladan inestabilidad a las redes eléctricas y las dificultades para la verificación y reparación de las líneas.
- Un reciente estudio del BID sobre las pérdidas eléctricas en Latinoamérica y el Caribe, estima que el acceso irregular a la energía (conexiones ilícitas) podría ser igual a la población en zonas marginales, que para el 2019 era 37,6% de la población guatemalteca.
Entre líneas. En marzo de 2023, el Congreso reformó el Código Penal y la Ley Contra el Crimen Organizado para aumentar las multas y endurecer las penas de cárcel contra quienes roben energía eléctrica, agua o gas.
- Algunos diputados indicaron que, para garantizar y proteger los servicios de utilidad para los guatemaltecos, como la energía eléctrica, se aprobó el Decreto 8-2023, que contiene las reformas.
- Ahora se adiciona el artículo 249 BIS del Código Penal respecto del hurto de fluidos cometido por grupo delictivo organizado u organización criminal.
- Añade que quien, formando parte de un grupo delictivo organizado u organización criminal, ilícitamente sustrajere, indujere o promoviere la sustracción o conexión ilegal de energía eléctrica, agua o gas, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de GTQ 100 000.
Balance. Estas organizaciones ilegales instigan a los vecinos para formar comités locales de energía eléctrica, cubrir sus contadores con materiales plásticos y a rechazar, sistemáticamente, la presencia de los colaboradores de la distribuidora.
- En muchas ocasiones, los propietarios de las viviendas son obligados a pagar una determinada cuota mensual, que varía de acuerdo con el cálculo del consumo y si el inmueble es para uso residencial o con fines comerciales.
- En el caso de que las personas afectadas se nieguen a hacer efectiva esta extorsión, los responsables de promover las conexiones directas cortan el servicio y dejan sin electricidad a las familias, con lo cual vulneran sus derechos y acceso a un servicio esencial.
