EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Condenan a exdiputados por Asalto al Ministerio de Salud
El juzgado los halló culpables de utilizar su posición como legisladores para influir en la contratación de personas afines dentro del Ministerio de Salud.
El Tribunal de Mayor Riesgo D condenó el 3 de agosto a los exdiputados Aracely Chavarría, Ronald Arango y Humberto Leonel Sosa.
- El juzgado los halló culpables de utilizar su posición como legisladores para influir en la contratación de personas afines dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en el denominado caso Asalto al Ministerio de Salud.
Qué destacar. La sentencia impuesta por el tribunal establece que Chavarría deberá cumplir 7 años y 11 meses de prisión inconmutables por el delito de tráfico de influencias en forma continuada.
- Arango fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión por el mismo delito; mientras que Sosa recibió una pena de 3 años y 9 meses de prisión, conmutable a razón de GTQ 100 diarios. En la actualidad, labora en el Congreso bajo renglón 029 asignado a la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa.
- Además, los tres fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo que duren sus condenas.
- Los exparlamentarios aprovecharon su calidad de diputados para influir sobre el entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, ya fallecido, con el fin de favorecer la contratación de personas allegadas.
En el radar. El tribunal concluyó que existían suficientes pruebas para acreditar que promovieron el ingreso de al menos 11 personas al Ministerio de Salud, algunas de las cuales ni siquiera se presentaban a laborar.
- La audiencia para discutir la reparación digna a favor del Estado fue programada para el 5 de agosto.
- El caso Asalto al Ministerio de Salud fue presentado públicamente en julio de 2019 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- Las investigaciones señalaron la existencia de una estructura que habría operado entre 2012 y 2014 para controlar procesos administrativos dentro de la cartera de Salud y beneficiarse mediante plazas irregulares, contrataciones anómalas y otros mecanismos de corrupción.
Entre líneas. Según las pesquisas, la red estaba integrada por más de un centenar de personas entre funcionarios, exfuncionarios, diputados, particulares y operadores políticos.
- La investigación original apuntó a 113 implicados vinculados a la supuesta cooptación del ministerio durante la administración del Partido Patriota.
- Cuando el caso fue dado a conocer, la fiscalía y la CICIG solicitaron acciones contra varios exdiputados y exfuncionarios de alto nivel.
- Entre los señalados figuraban el exministro Villavicencio y otros actores políticos relacionados con la gestión de plazas fantasma, contrataciones irregulares y tráfico de influencias.
En conclusión. Sin embargo, con el avance de los años, diversos procesados fueron favorecidos con resoluciones judiciales, sobreseimientos o falta de mérito.
- Mientras que el proceso contra Chavarría, Arango y Sosa fue reactivado posteriormente por una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó que enfrentaran debate oral y público.
- Los tres exdiputados se convirtieron así en los únicos políticos de alto nivel vinculados a este expediente que llegaron hasta la fase de juicio.
- Tras varias semanas de debate, el Tribunal de Mayor Riesgo D concluyó que sí existió tráfico de influencias para favorecer contrataciones dentro del Ministerio de Salud, emitiendo las primeras condenas derivadas de este proceso judicial.
Condenan a exdiputados por Asalto al Ministerio de Salud
El juzgado los halló culpables de utilizar su posición como legisladores para influir en la contratación de personas afines dentro del Ministerio de Salud.
El Tribunal de Mayor Riesgo D condenó el 3 de agosto a los exdiputados Aracely Chavarría, Ronald Arango y Humberto Leonel Sosa.
- El juzgado los halló culpables de utilizar su posición como legisladores para influir en la contratación de personas afines dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en el denominado caso Asalto al Ministerio de Salud.
Qué destacar. La sentencia impuesta por el tribunal establece que Chavarría deberá cumplir 7 años y 11 meses de prisión inconmutables por el delito de tráfico de influencias en forma continuada.
- Arango fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión por el mismo delito; mientras que Sosa recibió una pena de 3 años y 9 meses de prisión, conmutable a razón de GTQ 100 diarios. En la actualidad, labora en el Congreso bajo renglón 029 asignado a la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa.
- Además, los tres fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo que duren sus condenas.
- Los exparlamentarios aprovecharon su calidad de diputados para influir sobre el entonces ministro de Salud, Jorge Villavicencio, ya fallecido, con el fin de favorecer la contratación de personas allegadas.
En el radar. El tribunal concluyó que existían suficientes pruebas para acreditar que promovieron el ingreso de al menos 11 personas al Ministerio de Salud, algunas de las cuales ni siquiera se presentaban a laborar.
- La audiencia para discutir la reparación digna a favor del Estado fue programada para el 5 de agosto.
- El caso Asalto al Ministerio de Salud fue presentado públicamente en julio de 2019 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la entonces Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
- Las investigaciones señalaron la existencia de una estructura que habría operado entre 2012 y 2014 para controlar procesos administrativos dentro de la cartera de Salud y beneficiarse mediante plazas irregulares, contrataciones anómalas y otros mecanismos de corrupción.
Entre líneas. Según las pesquisas, la red estaba integrada por más de un centenar de personas entre funcionarios, exfuncionarios, diputados, particulares y operadores políticos.
- La investigación original apuntó a 113 implicados vinculados a la supuesta cooptación del ministerio durante la administración del Partido Patriota.
- Cuando el caso fue dado a conocer, la fiscalía y la CICIG solicitaron acciones contra varios exdiputados y exfuncionarios de alto nivel.
- Entre los señalados figuraban el exministro Villavicencio y otros actores políticos relacionados con la gestión de plazas fantasma, contrataciones irregulares y tráfico de influencias.
En conclusión. Sin embargo, con el avance de los años, diversos procesados fueron favorecidos con resoluciones judiciales, sobreseimientos o falta de mérito.
- Mientras que el proceso contra Chavarría, Arango y Sosa fue reactivado posteriormente por una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó que enfrentaran debate oral y público.
- Los tres exdiputados se convirtieron así en los únicos políticos de alto nivel vinculados a este expediente que llegaron hasta la fase de juicio.
- Tras varias semanas de debate, el Tribunal de Mayor Riesgo D concluyó que sí existió tráfico de influencias para favorecer contrataciones dentro del Ministerio de Salud, emitiendo las primeras condenas derivadas de este proceso judicial.
