Donald Trump fue condenado por un jurado de Manhattan, por 34 cargos de falsificación de registros contables, lo que lo convirtió en el primer expresidente de la historia de EE. UU. en ser condenado por delito.
- Aunque no se trata de delitos menores –misdemeanors– la alteración de registros contables está catalogada como de “tipo E”, delitos menos graves, según la ley de Nueva York.
Panorama general. El expresidente no es ajeno a escándalos y a procesos en su contra; por ejemplo, ha sido el único presidente que ha enfrentado dos veces juicio político en el congreso. El reciente caso contra Trump no pude ser catalogado sino como lawfare.
- Lawfare es la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos y/o ideológicos. Generalmente se recurre a recovecos legales poco utilizados, para conseguir una sentencia o veredicto contra quien se aplica.
- Aunque esa instrumentalización judicial puede ser –y ha sido– utilizada por ambos lados del espectro ideológico, a lo largo y ancho del continente americano, sobre todo, son partidos o activistas de izquierda quienes más han recurrido a ello.
- Recientes casos, como el de Bolsonaro, en Brasil; María Corina Machado, en Venezuela, y todos los opositores, en Nicaragua, son algunos [casos] en donde la izquierda instrumentaliza la justicia para bloquear o eliminar opositores; se suma a la lista: Estados Unidos.
Por qué importa. La izquierda ha ido incrustándose en los sistemas judiciales, radicalizándose. Incluso, el propio Partido Demócrata de EE. UU. ha dejado de ser moderado, para hoy ser la versión más radical de izquierda en su historia. Los efectos son más que evidentes.
- Expertos (pundits) en política estadounidense no se atreven a explicar con aplomo la razón, pero coinciden en que esa radicalización hacia la izquierda es lo que ha hecho que, en la derecha, aparezcan figuras como el controversial Trump.
- Lo mismo puede decirse en Latinoamérica; años de kirchnerismo en Argentina provocaron una irrupción –antes impensable– de añlguien como Javier Milei.
- Ni hablar del caso salvadoreño, en donde apenas este sábado tomó posesión por segunda vez –de manera inconstitucional– Nayib Bukele, alguien que habiéndose formado políticamente en la izquierda, ha cooptado todo el aparato estatal, incluyendo el Organismo Judicial.
Cómo funciona. Guatemala –lamentablemente– no es ajena a la instrumentalización de la justicia con fines políticos. El proceso electoral de 2023 fue un ejemplo de ello, en donde se inhabilitó a candidatos de manera espuria. Sin embargo, esa no fue la primera vez que sucedía; los antecedentes importan.
- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido –si bien no el único– el máximo exponente de cooptación de la justicia en Guatemala. Aún contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, logró un grado de control del Judicial sin parangón.
- Ejemplos de lawfare por parte de CICIG hay varios, pero uno resalta por su perversión: el antejuicio que inhabilitó a Nineth Montenegro –inicial aliada de la CICIG– para ser candidata de su partido: Encuentro por Guatemala.
- Ese partido fue identificado como el vehículo de Thelma Aldana para ser candidata a la presidencial. Al imposibilitarse esa opción, intentó ser candidata por el partido Movimiento Semilla, hoy en el poder.
Conclusión. Casos ha habido muchos, pero es la primera vez que se da a este nivel en EE. UU. que, de esa cuenta, engrosa la lista de países en donde se instrumentaliza el sistema judicial con fines políticos.
- En el caso contra Donald Trump, no solo el fiscal, Alvin Bragg, sino el juez, Juan Manuel Merchán –más abiertamente el primero que el segundo– tienen un evidente sesgo en contra del candidato republicano.
- La hija del juez, Loren Merchán, es una importante recaudadora de fondos para el Partido Demócrata. El conflicto de interés fue evidente desde un comienzo, pero, a pesar de los intentos por parte de la defensa por apartar al juez, este simplemente no accedió.
- El resultado de este más reciente caso de lawfare ha sido previsible: pérdida de confianza en las instituciones, pero también consiguió galvanizar a los votantes pro-Trump, que están más resueltos que nunca.
Donald Trump fue condenado por un jurado de Manhattan, por 34 cargos de falsificación de registros contables, lo que lo convirtió en el primer expresidente de la historia de EE. UU. en ser condenado por delito.
- Aunque no se trata de delitos menores –misdemeanors– la alteración de registros contables está catalogada como de “tipo E”, delitos menos graves, según la ley de Nueva York.
Panorama general. El expresidente no es ajeno a escándalos y a procesos en su contra; por ejemplo, ha sido el único presidente que ha enfrentado dos veces juicio político en el congreso. El reciente caso contra Trump no pude ser catalogado sino como lawfare.
- Lawfare es la instrumentalización del sistema judicial con fines políticos y/o ideológicos. Generalmente se recurre a recovecos legales poco utilizados, para conseguir una sentencia o veredicto contra quien se aplica.
- Aunque esa instrumentalización judicial puede ser –y ha sido– utilizada por ambos lados del espectro ideológico, a lo largo y ancho del continente americano, sobre todo, son partidos o activistas de izquierda quienes más han recurrido a ello.
- Recientes casos, como el de Bolsonaro, en Brasil; María Corina Machado, en Venezuela, y todos los opositores, en Nicaragua, son algunos [casos] en donde la izquierda instrumentaliza la justicia para bloquear o eliminar opositores; se suma a la lista: Estados Unidos.
Por qué importa. La izquierda ha ido incrustándose en los sistemas judiciales, radicalizándose. Incluso, el propio Partido Demócrata de EE. UU. ha dejado de ser moderado, para hoy ser la versión más radical de izquierda en su historia. Los efectos son más que evidentes.
- Expertos (pundits) en política estadounidense no se atreven a explicar con aplomo la razón, pero coinciden en que esa radicalización hacia la izquierda es lo que ha hecho que, en la derecha, aparezcan figuras como el controversial Trump.
- Lo mismo puede decirse en Latinoamérica; años de kirchnerismo en Argentina provocaron una irrupción –antes impensable– de añlguien como Javier Milei.
- Ni hablar del caso salvadoreño, en donde apenas este sábado tomó posesión por segunda vez –de manera inconstitucional– Nayib Bukele, alguien que habiéndose formado políticamente en la izquierda, ha cooptado todo el aparato estatal, incluyendo el Organismo Judicial.
Cómo funciona. Guatemala –lamentablemente– no es ajena a la instrumentalización de la justicia con fines políticos. El proceso electoral de 2023 fue un ejemplo de ello, en donde se inhabilitó a candidatos de manera espuria. Sin embargo, esa no fue la primera vez que sucedía; los antecedentes importan.
- La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha sido –si bien no el único– el máximo exponente de cooptación de la justicia en Guatemala. Aún contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, logró un grado de control del Judicial sin parangón.
- Ejemplos de lawfare por parte de CICIG hay varios, pero uno resalta por su perversión: el antejuicio que inhabilitó a Nineth Montenegro –inicial aliada de la CICIG– para ser candidata de su partido: Encuentro por Guatemala.
- Ese partido fue identificado como el vehículo de Thelma Aldana para ser candidata a la presidencial. Al imposibilitarse esa opción, intentó ser candidata por el partido Movimiento Semilla, hoy en el poder.
Conclusión. Casos ha habido muchos, pero es la primera vez que se da a este nivel en EE. UU. que, de esa cuenta, engrosa la lista de países en donde se instrumentaliza el sistema judicial con fines políticos.
- En el caso contra Donald Trump, no solo el fiscal, Alvin Bragg, sino el juez, Juan Manuel Merchán –más abiertamente el primero que el segundo– tienen un evidente sesgo en contra del candidato republicano.
- La hija del juez, Loren Merchán, es una importante recaudadora de fondos para el Partido Demócrata. El conflicto de interés fue evidente desde un comienzo, pero, a pesar de los intentos por parte de la defensa por apartar al juez, este simplemente no accedió.
- El resultado de este más reciente caso de lawfare ha sido previsible: pérdida de confianza en las instituciones, pero también consiguió galvanizar a los votantes pro-Trump, que están más resueltos que nunca.