EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Fue una activa tarde de jueves en Nueva York. Un jurado y Juan Manuel Merchán, magistrado de la Corte Suprema estatal, hallaron al expresidente Donald Trump culpable de los 34 cargos de falsificación de documentos empresariales que pesaban en su contra. Merchán fijó la audiencia de sentencia para el 11 de julio, cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana, donde Trump será aclamado como candidato presidencial.
Con esto, Trump se convertirá en el primer presidente condenado por un crimen. No será la primera vez que Merchán le impone una pena: ya lo había multado por desacato al tribunal, pues Trump optó por pronunciarse ante la prensa y no respetar el secreto de sumario decretado por el juez.
El caso giró en torno a las acusaciones levantadas por la actriz pornográfica Stormy Daniels y se sustentó en el testimonio de Michael Cohen, otrora abogado y hoy enemigo del expresidente. No resulta sorpresivo el veredicto; la defensa de Trump parecía darlo por sentado, de ahí su afán por conseguir que se trasladara el juicio o, por lo menos, que se eximiera del juicio a Merchán, cuya hija es activista demócrata.
La presión, por lo pronto, recae sobre Merchán. El juez ha dicho que no quiere ver a un expresidente —y posible “futuro presidente”— tras las rejas. El cálculo de Merchán no obedece a sus ansias de preservar la dignidad de la primera magistratura, sino al reconocimiento de que una sentencia desmesurada le traería réditos electorales a Trump. Por lo demás, los cargos son relativamente menores, siendo clasificados como felonías de clase E en Nueva York. Se pueden penar con multas, libertad condicional o cuatro años de reclusión. En el caso de Trump, un ciudadano de 77 años sin récord criminal, lo más probable es la libertad condicional.
Todo esto no parece haber perjudicado a Trump, quien mantiene el liderazgo en las encuestas. Al contrario, poco después de conocerse el fallo, colapsó WinRed, una página de recaudación de fondos republicana. El público ha reaccionado al veredicto con una de dos emociones: indiferencia o rabia, estos últimos motivados por la creencia, errónea o no, de que el juicio fue eminentemente político.
Los abogados de Trump indudablemente recurrirán la sentencia, primero ante la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema estatal y, de no prosperar allí, ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que en ocasiones previas ha fallado a favor del expresidente. El nombre podría resultar engañoso, pero esta —y no la Corte Suprema estatal— es el tribunal de última instancia.
Obviando los tecnicismos, lo cierto es que será un proceso que tardará meses, incluso años. No se resolverá antes de las elecciones. Los demás casos en contra de Trump tampoco se conocerán antes de las elecciones.
En vista de esto, Trump seguirá en la contienda. La Constitución estadounidense solo impone tres requisitos a los aspirantes a la presidencia: ser estadounidenses por nacimiento u origen, tener 35 años o más y haber residido en EE. UU. al menos 14 años. No contempla la inhabilitación por condena criminal, de manera que, si se nos permite la cursilería, esta cuestión existencial —la batalla entre los dos EE. UU.— se decidirá en las urnas, no en los tribunales.
Fue una activa tarde de jueves en Nueva York. Un jurado y Juan Manuel Merchán, magistrado de la Corte Suprema estatal, hallaron al expresidente Donald Trump culpable de los 34 cargos de falsificación de documentos empresariales que pesaban en su contra. Merchán fijó la audiencia de sentencia para el 11 de julio, cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana, donde Trump será aclamado como candidato presidencial.
Con esto, Trump se convertirá en el primer presidente condenado por un crimen. No será la primera vez que Merchán le impone una pena: ya lo había multado por desacato al tribunal, pues Trump optó por pronunciarse ante la prensa y no respetar el secreto de sumario decretado por el juez.
El caso giró en torno a las acusaciones levantadas por la actriz pornográfica Stormy Daniels y se sustentó en el testimonio de Michael Cohen, otrora abogado y hoy enemigo del expresidente. No resulta sorpresivo el veredicto; la defensa de Trump parecía darlo por sentado, de ahí su afán por conseguir que se trasladara el juicio o, por lo menos, que se eximiera del juicio a Merchán, cuya hija es activista demócrata.
La presión, por lo pronto, recae sobre Merchán. El juez ha dicho que no quiere ver a un expresidente —y posible “futuro presidente”— tras las rejas. El cálculo de Merchán no obedece a sus ansias de preservar la dignidad de la primera magistratura, sino al reconocimiento de que una sentencia desmesurada le traería réditos electorales a Trump. Por lo demás, los cargos son relativamente menores, siendo clasificados como felonías de clase E en Nueva York. Se pueden penar con multas, libertad condicional o cuatro años de reclusión. En el caso de Trump, un ciudadano de 77 años sin récord criminal, lo más probable es la libertad condicional.
Todo esto no parece haber perjudicado a Trump, quien mantiene el liderazgo en las encuestas. Al contrario, poco después de conocerse el fallo, colapsó WinRed, una página de recaudación de fondos republicana. El público ha reaccionado al veredicto con una de dos emociones: indiferencia o rabia, estos últimos motivados por la creencia, errónea o no, de que el juicio fue eminentemente político.
Los abogados de Trump indudablemente recurrirán la sentencia, primero ante la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema estatal y, de no prosperar allí, ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que en ocasiones previas ha fallado a favor del expresidente. El nombre podría resultar engañoso, pero esta —y no la Corte Suprema estatal— es el tribunal de última instancia.
Obviando los tecnicismos, lo cierto es que será un proceso que tardará meses, incluso años. No se resolverá antes de las elecciones. Los demás casos en contra de Trump tampoco se conocerán antes de las elecciones.
En vista de esto, Trump seguirá en la contienda. La Constitución estadounidense solo impone tres requisitos a los aspirantes a la presidencia: ser estadounidenses por nacimiento u origen, tener 35 años o más y haber residido en EE. UU. al menos 14 años. No contempla la inhabilitación por condena criminal, de manera que, si se nos permite la cursilería, esta cuestión existencial —la batalla entre los dos EE. UU.— se decidirá en las urnas, no en los tribunales.
