EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En Guatemala, el poder y las mafias mantienen una relación simbiótica. Los
aspirantes al poder requieren del apoyo de las mafias para acceder a
financiamiento y donaciones durante la campaña; mientras las mafias requieren
del poder para acceder a negocios y controlar espacios de la administración
pública. Pero también, el poder recurre a las mafias para influir en aquellos
feudos donde estas últimas se han afincado. Instituciones como el Organismo
Judicial (OJ), la Contraloría, Aduanas o el Sistema Penitenciario hoy están en control
de redes para-estatales, a las que el poder político debe recurrir para obtener
favores.
Esa simbiosis entre redes criminales y clientelares con el poder
político se traduce en negocios, nepotismo e impunidad. Pero al mismo tiempo,
cuando las mafias se dedican abiertamente a lo ilícito, la penetración del
Estado convierte a Guatemala en una amenaza para la estabilidad y la seguridad
de nuestros vecinos, particularmente, Estados Unidos.
El actual Gobierno no ha sido inmune. La vinculación de algunos dirigentes
con redes oscuras es un secreto a voces. Primero fue la incómoda relación de la
Vicepresidente con Marllory Chacón, señalada en su momento por el Departamento
del Tesoro por lavado de activos. Luego, la cercanía de la mancuerna
presidencial con Guillermo Lozano, investigado por la DEA por posibles nexos
con el narco.
Hoy, en el marco de las elecciones institucionales, una no tan secreta
lista de vetados por la Embajada Americana incluye a Jisela Reynoso, Zina
Guerra y Silvia de León. La razón del veto es su cercanía con la
Vicepresidenta. Para Washington, el interés es integrar una Corte que no
bloquee extradiciones ni futuros casos de lavado, en donde podrían estar
vinculados algunos funcionarios. Y en dicha ecuación, los candidatos impulsados
por la Vice no generan confianza.
Paralelo a ello, CICIG resurgió de las cenizas para destapar una red de
corrupción en presidios que salpica al Ministro de Gobernación y otros
funcionarios. En cualquier país civilizado, el affaire Lima hubiese generado la salida del jefe de cartera. En
cambio, en Guatemala, nos enteramos que un prisionero participa activamente en
la integración de la cúpula de presidios. Entre las amenazas del mismo Lima y
las propias investigaciones, que no nos extrañe si se llega a develar el
verdadero alcance de la red, que no se limita a tráfico de influencias sino
también a delitos financieros.
Todo indica que esto tan sólo es la punta del Iceberg. Seguramente,
Aduanas, la SAT, el Seguro Social y Aeronáutica Civil serán los siguientes
eslabones de la cadena de relaciones incómodas del actual Gobierno. A un año de
las elecciones generales, el castillo de naipes se desmorona ante el soplo de
CICIG y la Embajada. Las relaciones del poder con redes clientelares y
criminales empiezan a morderle la cola.
En Guatemala, el poder y las mafias mantienen una relación simbiótica. Los
aspirantes al poder requieren del apoyo de las mafias para acceder a
financiamiento y donaciones durante la campaña; mientras las mafias requieren
del poder para acceder a negocios y controlar espacios de la administración
pública. Pero también, el poder recurre a las mafias para influir en aquellos
feudos donde estas últimas se han afincado. Instituciones como el Organismo
Judicial (OJ), la Contraloría, Aduanas o el Sistema Penitenciario hoy están en control
de redes para-estatales, a las que el poder político debe recurrir para obtener
favores.
Esa simbiosis entre redes criminales y clientelares con el poder
político se traduce en negocios, nepotismo e impunidad. Pero al mismo tiempo,
cuando las mafias se dedican abiertamente a lo ilícito, la penetración del
Estado convierte a Guatemala en una amenaza para la estabilidad y la seguridad
de nuestros vecinos, particularmente, Estados Unidos.
El actual Gobierno no ha sido inmune. La vinculación de algunos dirigentes
con redes oscuras es un secreto a voces. Primero fue la incómoda relación de la
Vicepresidente con Marllory Chacón, señalada en su momento por el Departamento
del Tesoro por lavado de activos. Luego, la cercanía de la mancuerna
presidencial con Guillermo Lozano, investigado por la DEA por posibles nexos
con el narco.
Hoy, en el marco de las elecciones institucionales, una no tan secreta
lista de vetados por la Embajada Americana incluye a Jisela Reynoso, Zina
Guerra y Silvia de León. La razón del veto es su cercanía con la
Vicepresidenta. Para Washington, el interés es integrar una Corte que no
bloquee extradiciones ni futuros casos de lavado, en donde podrían estar
vinculados algunos funcionarios. Y en dicha ecuación, los candidatos impulsados
por la Vice no generan confianza.
Paralelo a ello, CICIG resurgió de las cenizas para destapar una red de
corrupción en presidios que salpica al Ministro de Gobernación y otros
funcionarios. En cualquier país civilizado, el affaire Lima hubiese generado la salida del jefe de cartera. En
cambio, en Guatemala, nos enteramos que un prisionero participa activamente en
la integración de la cúpula de presidios. Entre las amenazas del mismo Lima y
las propias investigaciones, que no nos extrañe si se llega a develar el
verdadero alcance de la red, que no se limita a tráfico de influencias sino
también a delitos financieros.
Todo indica que esto tan sólo es la punta del Iceberg. Seguramente,
Aduanas, la SAT, el Seguro Social y Aeronáutica Civil serán los siguientes
eslabones de la cadena de relaciones incómodas del actual Gobierno. A un año de
las elecciones generales, el castillo de naipes se desmorona ante el soplo de
CICIG y la Embajada. Las relaciones del poder con redes clientelares y
criminales empiezan a morderle la cola.
