Axel Javier Chinchilla Segura y Carlos Iván Castillo Reyes, en 2015, pretendieron ingresar mil doce sacos (1,012) con 50 fardos de 10 cajetillas de 20 cigarros cada una, de origen y marcas extranjeras cubiertos con 55 rollos de tela, pero fueron descubiertos por las autoridades.
El hallazgo ocurrió el 1 de febrero de 2015 en la Portuaria Quetzal. Las autoridades sostienen que la cantidad que se pretendía defraudar era de Q1 millón 458 mil 665.08.
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La condena por el delito de contrabando
Los citados fueron condenados por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno de Escuintla y la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía contra Delitos Económicos del Ministerio Público (MP).
Como parte de la sentencia, Chinchilla Segura y Castillo Reyes deben recibir tres cursos en materia de cultura tributaria , debe donar Q3 mil en víveres a una institución de beneficencia social y pagar Q1 millón 661 mil 401.58 en concepto de impuestos, multas e intereses.
“El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado en la audiencia de etapa intermedia, en la cual los dos procesados reconocieron su responsabilidad en la comisión de los delitos que le acusó la fiscalía, la cual solicitó una pena de tres años de prisión inconmutables por el delito de violación a los derechos de propiedad industrial, y una multa de cincuenta mil quetzales a cada uno, suspendiendo condicionalmente la ejecución de la pena”, agrega el Ministerio Público.
Axel Javier Chinchilla Segura y Carlos Iván Castillo Reyes, en 2015, pretendieron ingresar mil doce sacos (1,012) con 50 fardos de 10 cajetillas de 20 cigarros cada una, de origen y marcas extranjeras cubiertos con 55 rollos de tela, pero fueron descubiertos por las autoridades.
El hallazgo ocurrió el 1 de febrero de 2015 en la Portuaria Quetzal. Las autoridades sostienen que la cantidad que se pretendía defraudar era de Q1 millón 458 mil 665.08.
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“El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado en la audiencia de etapa intermedia, en la cual los dos procesados reconocieron su responsabilidad en la comisión de los delitos que le acusó la fiscalía, la cual solicitó una pena de tres años de prisión inconmutables por el delito de violación a los derechos de propiedad industrial, y una multa de cincuenta mil quetzales a cada uno, suspendiendo condicionalmente la ejecución de la pena”, agrega el Ministerio Público.