Con los argumentos planteados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, el Juez Miguel Ángel Gálvez resolvió mantener las medidas de coerción contra 15 de los 17 que solicitaron el cambio de delito para salir de la prisión.
Los fiscales dijeron existe la posibilidad de fuga y de obstaculización a la investigación, por lo que los sindicados permanecerán en prisión preventiva.
Luego del informe presentado por el médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la judicatura resolvió otorgar arresto domiciliario a dos de los sindicados. El juez Gálvez favoreció con esta medida a Adrián Israel Gómez y Julio Roberto Suárez Guerra, quienes sufren quebrantos de salud y por eso serán evaluados periódicamente por médicos del Inacif.
Otro de los implicados que solicitó ser evaluado por un médico forense es Gustavo Adolfo Peña, quien padece del corazón, por eso solicitó una medida sustitutiva para recibir tratamiento ambulatorio, pero la judicatura esperará el reporte médico para establecer si procede una medida similar.
En esta diligencia, tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), solicitaron al juez otra audiencia para reformar los delitos a los sindicados. El juez programó audiencia para el 15 de junio.
Permanecerán en prisión preventiva por el delito de asociación ilícita:
Álvaro Omar Franco Chacón, ex jefe de la SAT.
Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT.
Anthony Segura Franco, Secretario General del Sindicato de la SAT.
Carla Mireya Herrera España, Administradora de Aduana Central.
Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Jefe de División, Región Sur.
Melvin Gudiel Alvarado De León, administrador de Puerto Quetzal.
Osama Ezzat Azziz Aranki (estructura externa media).
Byron Antonio Izquierdo (estructura externa media).
Julio César Aldana Sosa (estructura externa media).
Julio Stuardo González De León (estructura externa media).
Adolfo Sebastián Batz (técnico aduanero).
Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras).
Juan Carlos Ávila Morán (técnico aduanero de la Aduana Puerto Quetzal).
Carlos Ixtuc Cuc (técnico aduanero), ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
Gilda Marina Maldonado García (técnica aduanera), ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
Cinco sindicados continúan con medidas sustitutivas, las cuales fueron otorgadas por la jueza Marta Sierra de Stalling, a quien se planteó una solicitud de antejuicio por presumir que podría haber llegado a acuerdos ilegales para evitar enviarlos a prisión preventiva. Aunque dos de ellos, presuntos líderes de esta estructura criminal (Francisco Javier Ortíz Arriaga, teniente Jeréz, y Miguel Ángel Lemus Aldana) permanecen en prisión por su vinculación con el “Bufete de la Impunidad”.
Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia y presunto líder de la estructura criminal, continúa prófugo. Para facilitar su captura se encuentra en la lista de los más buscados de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Con los argumentos planteados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, el Juez Miguel Ángel Gálvez resolvió mantener las medidas de coerción contra 15 de los 17 que solicitaron el cambio de delito para salir de la prisión.
Los fiscales dijeron existe la posibilidad de fuga y de obstaculización a la investigación, por lo que los sindicados permanecerán en prisión preventiva.
Luego del informe presentado por el médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la judicatura resolvió otorgar arresto domiciliario a dos de los sindicados. El juez Gálvez favoreció con esta medida a Adrián Israel Gómez y Julio Roberto Suárez Guerra, quienes sufren quebrantos de salud y por eso serán evaluados periódicamente por médicos del Inacif.
Otro de los implicados que solicitó ser evaluado por un médico forense es Gustavo Adolfo Peña, quien padece del corazón, por eso solicitó una medida sustitutiva para recibir tratamiento ambulatorio, pero la judicatura esperará el reporte médico para establecer si procede una medida similar.
En esta diligencia, tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), solicitaron al juez otra audiencia para reformar los delitos a los sindicados. El juez programó audiencia para el 15 de junio.
Permanecerán en prisión preventiva por el delito de asociación ilícita:
Álvaro Omar Franco Chacón, ex jefe de la SAT.
Carlos Enrique Muñoz Roldán, ex jefe de la SAT.
Anthony Segura Franco, Secretario General del Sindicato de la SAT.
Carla Mireya Herrera España, Administradora de Aduana Central.
Gustavo Adolfo Morales Pinzón, Jefe de División, Región Sur.
Melvin Gudiel Alvarado De León, administrador de Puerto Quetzal.
Osama Ezzat Azziz Aranki (estructura externa media).
Byron Antonio Izquierdo (estructura externa media).
Julio César Aldana Sosa (estructura externa media).
Julio Stuardo González De León (estructura externa media).
Adolfo Sebastián Batz (técnico aduanero).
Geovani Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras).
Juan Carlos Ávila Morán (técnico aduanero de la Aduana Puerto Quetzal).
Carlos Ixtuc Cuc (técnico aduanero), ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
Gilda Marina Maldonado García (técnica aduanera), ligada a proceso por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.
Cinco sindicados continúan con medidas sustitutivas, las cuales fueron otorgadas por la jueza Marta Sierra de Stalling, a quien se planteó una solicitud de antejuicio por presumir que podría haber llegado a acuerdos ilegales para evitar enviarlos a prisión preventiva. Aunque dos de ellos, presuntos líderes de esta estructura criminal (Francisco Javier Ortíz Arriaga, teniente Jeréz, y Miguel Ángel Lemus Aldana) permanecen en prisión por su vinculación con el “Bufete de la Impunidad”.
Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia y presunto líder de la estructura criminal, continúa prófugo. Para facilitar su captura se encuentra en la lista de los más buscados de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).