EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Desde
inicios de octubre el sistema de justicia de Guatemala se ha visto involucrado en
diferentes actos que debilitan la institucionalidad del Estado. Algunas denuncias provocaron un sisma en Órganos del
Estado, puesto que algunas acusaciones involucraron a más de un personaje del más alto nivel de alguno de estos organismos, por supuesto tráfico de influencias o presiones a operadores de justicia. En ese contexto, se observaron diferentes criterios y opiniones de lo que sucedía en el ámbito político y de justicia en el país; algunos aseguraban que la
justicia se estaba politizando y otros llamaban a que prevaleciera el Estado de Derecho. Todo ello provocó un revuelo de opiniones, pero serán las instituciones
correspondientes las que enciendan la luz al final del túnel.
Estos son los tres casos que, en una semana, hicieron temblar a la justicia.
LaMagistrada disidente
El
5 de octubre último, Claudia Escobar, Magistrada de la Sala Quinta de
Apelaciones, renunció al puesto a la que fue electa por el Congreso de
República el 30 de septiembre, denunciando vicios, ilegalidades y manipulación
política en el proceso de elección de postulación. Solicitó que el proceso de elección sea
anulado por la Corte de Constitucionalidad (CC). Escobar
denunció haber recibido presiones por parte del partido oficial para otorgar
un amparo a favor de la vicepresidenta Roxana Baldetti, después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspendiera
como secretaria general del Partido Patriota (PP); estas presiones eran a cambio de
ser reelecta magistrada. Las
reacciones ante la renuncia y las anomalías que denunció Escobar no se hicieron
esperar y distintas autoridades pidieron que la magistrada presentara pruebas.
El
9 de octubre, Escobar presentó una denuncia ante la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la que señaló
al
diputado oficialista Gudy Rivera de haber ejercido presiones para
favorecer a Baldetti a cambio de ser
reelecta como magistrada de Sala. En la denuncia presentó un disco
compacto que contenía un audio sobre lo conversado con Rivera y su
abogado. Ante
las denuncias de diversas organizaciones por la forma de elección de
magistrados, la CC resolvió suspender la toma de posesión de los nuevos
magistrados, dejando a los actuales en sus cargos para que en un máximo
de 45 días resuelva en definitiva el amparo provisional. Por su parte,
la CICIG y el Ministerio Público (MP) solicitaron el antejuicio de
Rivera. Este
proceso sigue su curso legal y sólo la presentación de pruebas formales
evidenciaría los supuestos vicios en la elección Magistrados. En tanto,
el deabte parece centrarse entre el cumplimiento de la ruta legal del
proceso o la legitimidad del mismo; la respuesta a la primera la dará la
CC, la segunda el actuar honorable de las autoridades involucradas.
“Comisiones” para rebaja de multas en el OJ
Los abogados Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz fueron
capturados el
9 de octubre, luego que el Ministerio Público
(MP) y la CICIG denunciaron una red de corrupción en el Organismo
Judicial
(OJ). Por la misma razón se presentó una solicitud de antejuicio contra
el
magistrado Vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del
ramo
Civil, Erik Gustavo Santiago de León. Dicha red de corrupción
evidenciaría los acuerdos con jueces y magistrados para lograr
sentencias a favor de quienes pagan dinero a los juzgadores para dictar
sentencias en determinado sentido. Según la denuncia, la red estaría
integrada por varios funcionarios públicos, abogados y otros
particulares que
efectúan cobros a procesados a cambio de favorecer sus intereses en los
tribunales. La denuncia
fue presentada el 25 de septiembre en la CICIG por un ciudadano
afectado. A
través del seguimiento a Alvarado e Imeri se documentaron los
arreglos ilícitos y cómo habrían contactado al Magistrado Erik Gustavo
Santiago de León. Según
la fiscal general, Thelma Aldana, la investigación de este caso reveló
cómo
una persona, por cuyo negocio obtuvo sentencia de Q93 millones por
causas civiles, negoció una “comisión” de aproximadamente Q10 millones
para lograr una rebaja de la multa
en Q3 millones.
Baldetti vrs. Torres: Juezdenuncia amenazas
El pasado
9 de octubre, el Juez Segundo de Instancia Penal, Carlos Aguilar,
denunció públicamente que fue amenazado
por la vicepresidenta Roxana Baldetti para cerrar el caso contra Sandra
Torres
sobre una denuncia interpuesta por la vicemandataria cuando fungía como
diputada durante el gobierno de Álvaro Colom. El proceso penal inició
cuando Torres se negó a ser interrogada por Baldetti sobre el manejo de
los fondos de
los programas sociales cuando fue Primera Dama de la Nación, entre 2008 y
2010. Ese día que el juzgador clausuró el
encausamiento de Torres por concluir que no había delito que perseguir
reveló
que un abogado de Baldetti lo
presionó para declarar una actividad defectuosa del proceso para
atrasarlo, y a cambio sería electo por el Congreso como Magistrado
a Corte de Apelaciones. Comentó que durante
todo el proceso penal del caso Torres, la vicepresidenta lo presionó y
le hizo
ofrecimientos. El Juez responsabilizó públicamente a Baldetti de llegar a
ser víctima
de algún atentado o hecho violento. Por su parte, Torres acudió a la
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para solicitar medidas cautelares
nacionales e
internacionales por temor a una persecución política por parte de
Baldetti. En tanto, la vicepresidenta rechazó las acusaciones en su
contra y dijo que el juzgador cometió un error al cerrar el proceso de
Sandra Torres porque “es un caso de corrupción”.
La porosidad del sistema de justicia
Para Mario Fuentes Destarac, del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), el sistema de justicia está a prueba
por distintos conflictos.“Es precisamente el sistema
de justicia la columna vertebral del Estado de Derecho”; es el que debe
responder ante los conflictos que se plantean en los diferentes ámbitos sociales, y en consecuencia se espera que la justicia sea pronta y cumplida, afirma. Resalta que estos casos solamente son la punta del iceberg, porque
hay casos de sobornos y de tráfico de influencias que deben ser investigados y esclarecidos porque los
juzgadores deben ser independientes e imparciales, sobre todo intachables. De
acuerdo con el constitucionalista, la justicia guatemalteca ha temblado y eso es
positivo. Desde el momento que hay conmoción significa que al menos algo se está descubriendo y podría cambiar; lo que todos los
guatemaltecos quieren es un cambio para mejorar, dice.
Por
su parte, el analista Renzo Rosal indica que estos hechos forman una coyuntura,
aquel momento político que se caracteriza porque hay un quiebre o ciertos
hechos que evidencian señales de crisis. Llos casos son una evidencia contundente del nivel de porosidad y debilitamiento
que tiene el sistema de justicia, y que quedan más expuestos cuando los
procesos de postulación resultan absolutamente inefectivos y débiles, dando
como resultado carencias, debilidades y
cuestionamientos a las Comisiones de Postulación.
Lo
positivo de esos hechos es que pueden derivar en otro tipo de denuncias para que éstos no se queden aislados. Lo peor que podría pasar es que las
denuncias se queden como históricas o como un capítulo más de un
libro, dice Rosal. Agrega que el sistema de justicia ha temblado con éstos casos, pero es un pequeño
temblor y no un terremoto. “Lo que debería de apuntar es a crear un terremoto,
un sismo violento, pero todavía le falta mayor contundencia para que pueda derivar
en un resultado positivo”. Sin
embargo, considera que ese sismo puede terminar nada más reubicando piezas, con otros nombres y otros actores y el sistema siga reciclando sus debilidades. Lo importante sería que abonara en un sismo mayor,
en un terremoto que permitiera, no la rearticulación de actores sino la reforma
más profunda del sistema.
Desde
inicios de octubre el sistema de justicia de Guatemala se ha visto involucrado en
diferentes actos que debilitan la institucionalidad del Estado. Algunas denuncias provocaron un sisma en Órganos del
Estado, puesto que algunas acusaciones involucraron a más de un personaje del más alto nivel de alguno de estos organismos, por supuesto tráfico de influencias o presiones a operadores de justicia. En ese contexto, se observaron diferentes criterios y opiniones de lo que sucedía en el ámbito político y de justicia en el país; algunos aseguraban que la
justicia se estaba politizando y otros llamaban a que prevaleciera el Estado de Derecho. Todo ello provocó un revuelo de opiniones, pero serán las instituciones
correspondientes las que enciendan la luz al final del túnel.
Estos son los tres casos que, en una semana, hicieron temblar a la justicia.
LaMagistrada disidente
El
5 de octubre último, Claudia Escobar, Magistrada de la Sala Quinta de
Apelaciones, renunció al puesto a la que fue electa por el Congreso de
República el 30 de septiembre, denunciando vicios, ilegalidades y manipulación
política en el proceso de elección de postulación. Solicitó que el proceso de elección sea
anulado por la Corte de Constitucionalidad (CC). Escobar
denunció haber recibido presiones por parte del partido oficial para otorgar
un amparo a favor de la vicepresidenta Roxana Baldetti, después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspendiera
como secretaria general del Partido Patriota (PP); estas presiones eran a cambio de
ser reelecta magistrada. Las
reacciones ante la renuncia y las anomalías que denunció Escobar no se hicieron
esperar y distintas autoridades pidieron que la magistrada presentara pruebas.
El
9 de octubre, Escobar presentó una denuncia ante la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la que señaló
al
diputado oficialista Gudy Rivera de haber ejercido presiones para
favorecer a Baldetti a cambio de ser
reelecta como magistrada de Sala. En la denuncia presentó un disco
compacto que contenía un audio sobre lo conversado con Rivera y su
abogado. Ante
las denuncias de diversas organizaciones por la forma de elección de
magistrados, la CC resolvió suspender la toma de posesión de los nuevos
magistrados, dejando a los actuales en sus cargos para que en un máximo
de 45 días resuelva en definitiva el amparo provisional. Por su parte,
la CICIG y el Ministerio Público (MP) solicitaron el antejuicio de
Rivera. Este
proceso sigue su curso legal y sólo la presentación de pruebas formales
evidenciaría los supuestos vicios en la elección Magistrados. En tanto,
el deabte parece centrarse entre el cumplimiento de la ruta legal del
proceso o la legitimidad del mismo; la respuesta a la primera la dará la
CC, la segunda el actuar honorable de las autoridades involucradas.
“Comisiones” para rebaja de multas en el OJ
Los abogados Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz fueron
capturados el
9 de octubre, luego que el Ministerio Público
(MP) y la CICIG denunciaron una red de corrupción en el Organismo
Judicial
(OJ). Por la misma razón se presentó una solicitud de antejuicio contra
el
magistrado Vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del
ramo
Civil, Erik Gustavo Santiago de León. Dicha red de corrupción
evidenciaría los acuerdos con jueces y magistrados para lograr
sentencias a favor de quienes pagan dinero a los juzgadores para dictar
sentencias en determinado sentido. Según la denuncia, la red estaría
integrada por varios funcionarios públicos, abogados y otros
particulares que
efectúan cobros a procesados a cambio de favorecer sus intereses en los
tribunales. La denuncia
fue presentada el 25 de septiembre en la CICIG por un ciudadano
afectado. A
través del seguimiento a Alvarado e Imeri se documentaron los
arreglos ilícitos y cómo habrían contactado al Magistrado Erik Gustavo
Santiago de León. Según
la fiscal general, Thelma Aldana, la investigación de este caso reveló
cómo
una persona, por cuyo negocio obtuvo sentencia de Q93 millones por
causas civiles, negoció una “comisión” de aproximadamente Q10 millones
para lograr una rebaja de la multa
en Q3 millones.
Baldetti vrs. Torres: Juezdenuncia amenazas
El pasado
9 de octubre, el Juez Segundo de Instancia Penal, Carlos Aguilar,
denunció públicamente que fue amenazado
por la vicepresidenta Roxana Baldetti para cerrar el caso contra Sandra
Torres
sobre una denuncia interpuesta por la vicemandataria cuando fungía como
diputada durante el gobierno de Álvaro Colom. El proceso penal inició
cuando Torres se negó a ser interrogada por Baldetti sobre el manejo de
los fondos de
los programas sociales cuando fue Primera Dama de la Nación, entre 2008 y
2010. Ese día que el juzgador clausuró el
encausamiento de Torres por concluir que no había delito que perseguir
reveló
que un abogado de Baldetti lo
presionó para declarar una actividad defectuosa del proceso para
atrasarlo, y a cambio sería electo por el Congreso como Magistrado
a Corte de Apelaciones. Comentó que durante
todo el proceso penal del caso Torres, la vicepresidenta lo presionó y
le hizo
ofrecimientos. El Juez responsabilizó públicamente a Baldetti de llegar a
ser víctima
de algún atentado o hecho violento. Por su parte, Torres acudió a la
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para solicitar medidas cautelares
nacionales e
internacionales por temor a una persecución política por parte de
Baldetti. En tanto, la vicepresidenta rechazó las acusaciones en su
contra y dijo que el juzgador cometió un error al cerrar el proceso de
Sandra Torres porque “es un caso de corrupción”.
La porosidad del sistema de justicia
Para Mario Fuentes Destarac, del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), el sistema de justicia está a prueba
por distintos conflictos.“Es precisamente el sistema
de justicia la columna vertebral del Estado de Derecho”; es el que debe
responder ante los conflictos que se plantean en los diferentes ámbitos sociales, y en consecuencia se espera que la justicia sea pronta y cumplida, afirma. Resalta que estos casos solamente son la punta del iceberg, porque
hay casos de sobornos y de tráfico de influencias que deben ser investigados y esclarecidos porque los
juzgadores deben ser independientes e imparciales, sobre todo intachables. De
acuerdo con el constitucionalista, la justicia guatemalteca ha temblado y eso es
positivo. Desde el momento que hay conmoción significa que al menos algo se está descubriendo y podría cambiar; lo que todos los
guatemaltecos quieren es un cambio para mejorar, dice.
Por
su parte, el analista Renzo Rosal indica que estos hechos forman una coyuntura,
aquel momento político que se caracteriza porque hay un quiebre o ciertos
hechos que evidencian señales de crisis. Llos casos son una evidencia contundente del nivel de porosidad y debilitamiento
que tiene el sistema de justicia, y que quedan más expuestos cuando los
procesos de postulación resultan absolutamente inefectivos y débiles, dando
como resultado carencias, debilidades y
cuestionamientos a las Comisiones de Postulación.
Lo
positivo de esos hechos es que pueden derivar en otro tipo de denuncias para que éstos no se queden aislados. Lo peor que podría pasar es que las
denuncias se queden como históricas o como un capítulo más de un
libro, dice Rosal. Agrega que el sistema de justicia ha temblado con éstos casos, pero es un pequeño
temblor y no un terremoto. “Lo que debería de apuntar es a crear un terremoto,
un sismo violento, pero todavía le falta mayor contundencia para que pueda derivar
en un resultado positivo”. Sin
embargo, considera que ese sismo puede terminar nada más reubicando piezas, con otros nombres y otros actores y el sistema siga reciclando sus debilidades. Lo importante sería que abonara en un sismo mayor,
en un terremoto que permitiera, no la rearticulación de actores sino la reforma
más profunda del sistema.
