EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Que la política guatemalteca está infiltrada por el narcotráfico y el crimen organizado no es una sospecha, ni una licencia editorial, ni un recurso de campaña. Es una verdad como catedral: enorme, visible desde todo ángulo y, precisamente por eso, insoportable para quienes quieren que no se hable de ello.
No es nuevo, pero República lo ha venido denunciando cuando hacerlo podía significar quedarse solo. Con el tiempo, otros medios se han sumado —y lo agradecemos con sinceridad—, porque ninguna redacción alcanza para documentar por sí sola un fenómeno de esta escala. La pluralidad de voces no diluye la denuncia: la vuelve irrefutable.
Conviene explicar de dónde viene lo que publicamos. Nuestra información es producto de un intercambio sostenido con gobiernos de países amigos y con sus agencias. Circula un documento en inglés cuyo contenido tiene como fuentes, precisamente, servicios de inteligencia.
Digámoslo sin ambigüedad: República no elaboró ni difundió material alguno con el propósito de dañar la reputación de terceros. Trabajamos sobre información verificada, confiada por servicios de inteligencia de países aliados, y lo hicimos con tres objetivos que no tenemos ninguna razón para esconder: defender los intereses nacionales, proteger el sistema democrático de cara a las elecciones generales de 2027 y alertar a las autoridades —y a la ciudadanía— sobre la penetración de estructuras criminales en la política.
Como era previsible, esto ha molestado. Ha molestado tanto, que los señalados no se conformaron con la campaña de descrédito ni con la operación de netcenter. Hubo una confabulación para eliminar físicamente al presidente editor de República y a su equipo editorial. No es hipérbole; el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público de Guatemala y puesto en conocimiento de autoridades de EE. UU.
Quienes hoy exigen pruebas, nerviosos, ya saben dónde solicitarlas. Y no es a República. Las pruebas están donde deben estar: en manos de las autoridades competentes. Que las pidan ahí. Nosotros ya cumplimos con entregarlas, y lo hicimos por la vía institucional, que es la única que reconocemos.
Este es un país donde denunciar el avance de la narcopolítica pone en riesgo la vida, no solo de los periodistas, sino la de todo un país que ya cedió una parte del control sobre sí mismo. Todavía podemos recuperarlo, pero solo si el Estado y sus aliados continentales entienden que una amenaza contra una redacción no es un pleito privado entre particulares: es un ataque contra el espacio público donde se decide, cada cuatro años, quién gobierna Guatemala.
La libertad no se defiende sola.
Que la política guatemalteca está infiltrada por el narcotráfico y el crimen organizado no es una sospecha, ni una licencia editorial, ni un recurso de campaña. Es una verdad como catedral: enorme, visible desde todo ángulo y, precisamente por eso, insoportable para quienes quieren que no se hable de ello.
No es nuevo, pero República lo ha venido denunciando cuando hacerlo podía significar quedarse solo. Con el tiempo, otros medios se han sumado —y lo agradecemos con sinceridad—, porque ninguna redacción alcanza para documentar por sí sola un fenómeno de esta escala. La pluralidad de voces no diluye la denuncia: la vuelve irrefutable.
Conviene explicar de dónde viene lo que publicamos. Nuestra información es producto de un intercambio sostenido con gobiernos de países amigos y con sus agencias. Circula un documento en inglés cuyo contenido tiene como fuentes, precisamente, servicios de inteligencia.
Digámoslo sin ambigüedad: República no elaboró ni difundió material alguno con el propósito de dañar la reputación de terceros. Trabajamos sobre información verificada, confiada por servicios de inteligencia de países aliados, y lo hicimos con tres objetivos que no tenemos ninguna razón para esconder: defender los intereses nacionales, proteger el sistema democrático de cara a las elecciones generales de 2027 y alertar a las autoridades —y a la ciudadanía— sobre la penetración de estructuras criminales en la política.
Como era previsible, esto ha molestado. Ha molestado tanto, que los señalados no se conformaron con la campaña de descrédito ni con la operación de netcenter. Hubo una confabulación para eliminar físicamente al presidente editor de República y a su equipo editorial. No es hipérbole; el hecho fue denunciado ante el Ministerio Público de Guatemala y puesto en conocimiento de autoridades de EE. UU.
Quienes hoy exigen pruebas, nerviosos, ya saben dónde solicitarlas. Y no es a República. Las pruebas están donde deben estar: en manos de las autoridades competentes. Que las pidan ahí. Nosotros ya cumplimos con entregarlas, y lo hicimos por la vía institucional, que es la única que reconocemos.
Este es un país donde denunciar el avance de la narcopolítica pone en riesgo la vida, no solo de los periodistas, sino la de todo un país que ya cedió una parte del control sobre sí mismo. Todavía podemos recuperarlo, pero solo si el Estado y sus aliados continentales entienden que una amenaza contra una redacción no es un pleito privado entre particulares: es un ataque contra el espacio público donde se decide, cada cuatro años, quién gobierna Guatemala.
La libertad no se defiende sola.
