¿Unidad técnica o bolsa de empleo? Las dudas que persiguen a la Dirección de Estudios del Congreso

A una década de su creación, la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa (DEIL) acumula más de 150 trabajadores. El constante aumento de su planilla ha alimentado las críticas de que la dependencia se ha convertido en un espacio para satisfacer compromisos políticos y dar cabida a recomendados, más que en un área fortalecida por razones técnicas.

Por qué importa. El crecimiento de la DEIL también se refleja en el costo de su planilla. Solo el pago de los 50 trabajadores contratados bajo el renglón 029 representa un desembolso superior a los GTQ 800 000 mensuales, sin incluir el resto del personal de la dependencia.

• Entre los contratados figuran exdiputados; uno de ellos es José Alejandro de León Maldonado, exdiputado del desaparecido partido Líder, quien percibe GTQ 20 000 mensuales bajo el renglón 029. 

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• También aparece Ronald Arango, exdiputado y excandidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en las elecciones de 2023, con un salario de GTQ 18 000. La lista incluye además al exdiputado de la URNG Walter Félix, contratado con un salario de GTQ 14 000, así como a la exdirigente estudiantil Lenina García, quien recibe GTQ 18 000 mensuales.

• La Unidad registra 150 trabajadores. De ellos, apenas nueve ocupan plazas presupuestadas, mientras que 91 están contratados bajo el renglón 022 y 50 bajo el 029. 

Visto y no visto. Mediante una solicitud de acceso a la información pública se requirieron los informes más recientes elaborados por la DEIL. Sin embargo, la unidad se limitó a entregar los títulos de los documentos, sin proporcionar su contenido, lo que impide verificar el trabajo realizado.

• Entre los títulos remitidos figuran Régimen Económico Social, Instructivo Técnico Referencial de las Comisiones de Trabajo y Análisis de la Matriz Energética del Subsector Eléctrico.

• La respuesta también dejó vacíos sobre el funcionamiento de la dependencia. Aunque aseguró que utiliza al menos 19 oficinas, no precisó en qué edificios o áreas del Congreso se encuentran ubicadas.

• Asimismo, afirmaron haber elaborado informes circunstanciados sobre más de 200 iniciativas de ley, pero tampoco identificaron cuáles fueron. En lugar de ello, únicamente proporcionaron los números de registro sin ofrecer información que permitiera corroborar el alcance o contenido de esos análisis.

Datos clave. Aunque la Ley Orgánica del Organismo Legislativo permite contratar personal bajo el renglón 022 para brindar asesoría a los diputados, esa modalidad no fue creada para desempeñar funciones administrativas permanentes. 150 trabajadores; apenas nueve ocupan plazas presupuestadas, mientras 91 están contratados bajo el renglón 022 y 50 bajo el 029.

• El informe de Congreso Eficiente de 2025 ya advertía sobre el uso extendido del renglón 022. El estudio estableció que el Congreso debería contar con un máximo de 577 asesores 022, pero para noviembre de ese año registraba 1 004 contrataciones, un 74 % por encima de ese límite. Además, identificó a 437 personas contratadas bajo ese renglón desempeñando labores administrativas en distintas dependencias del Organismo Legislativo.

• La DEIL figura entre esas unidades. Según el informe, el 15 % de los trabajadores 022 que realizaban funciones administrativas estaba asignado a esa dirección.

• Los salarios en la dependencia superan, en la mayoría de los casos, los GTQ 14 000 mensuales, una condición que ha convertido esas plazas en objeto de disputas legales. A la fecha, nueve trabajadores han logrado ser reinstalados por orden judicial tras impugnar la terminación de sus contratos. 

En conclusión. A diez años de su creación, enfrenta más cuestionamientos que resultados verificables.

• El crecimiento de su planilla, el elevado costo de sus contrataciones, la presencia de viejas figuras políticas y la falta de información que permita evaluar su producción mantienen abierto el debate sobre si la dependencia cumple el propósito o si ha terminado funcionando como un espacio para acomodar personal vinculado a intereses políticos.