EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El martes, República asistió al estreno del documental “El caso Sperisen: una vergüenza judicial”. El título podría evocar un proceso en la jurisdicción guatemalteca –o de algún país africano–, pero no; Erwin Sperisen fue procesado en Suiza, un país que se precia de su neutralidad y civilidad. El juicio, vergonzosamente, careció de ambas cualidades.
Los juicios se llevaron a cabo en Ginebra, la sede de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La “justicia” ginebrina atropelló toda norma de proceso imparcial posible: prisión preventiva excesiva –5 años y 10 meses en aislamiento–, exclusión arbitraria de pruebas de la defensa, testigos falsos y pruebas científicas alteradas de la fiscalía –lo que quedó evidenciado durante el debate–; en fin, un absoluto desprecio por los derechos fundamentales del procesado.
El documental muestra con meridiana claridad cómo una organización no gubernamental –de la mano de la CICIG– instrumentalizó el sistema de justicia suizo con miras ideológicas y clarísimos conflictos de interés, pues el fiscal ginebrino, Ives Bertossa, es hijo del fundador de TRIAL, la oenegé que “armó” el caso.
La CICIG no pudo conseguir la condena en ninguna otra jurisdicción y de ninguno de los otros perseguidos por el caso, salvo a Sperisen, en Ginebra, en donde proveyó solamente elementos para incriminar. Nada de averiguar la verdad, sino condenar al acusado, incluso con pruebas falsas.
La complicidad entre TRIAL, el fiscal Bertossa y los jueces que condenaron a Sperisen queda clara en el documental que, además, narra cómo los jueces cotizan –pagan– una parte de su salario a los partidos políticos de izquierda que los nombran en el cargo. Un kickback institucionalizado.
En los dos juicios –que acá llamaríamos de primera instancia– los jueces fueron los mismos. Hasta en Guatemala se sabe que un juez que ha emitido opinión previa sobre un asunto que es puesto a conocimiento no es imparcial, no digamos a haber conocido el caso con anterioridad. ¿Cómo es posible que la “justicia” suiza haya permitido esa aberración? No hay otra explicación que el sesgo y el contubernio entre políticos, autoridades judiciales, y fiscales.
La primer condena –a cadena perpetua– fue anulada y la segunda condena redujo su sentencia, pero también fue recurrida, esta vez, a nivel continental.
De esa cuenta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Suiza había violado los derechos humanos de Sperisen.
Debiese ser un motivo de oprobio para ese país lo ocurrido en ese caso y lo resuelto en Estrasburgo. No obstante, el Tribunal Supremo Federal suizo ordenó un nuevo proceso como consecuencia de lo determinado a nivel europeo.
El documental es una pieza muy bien producida a nivel técnico, y su contenido irrefutable; muestra precisamente lo que nunca debe pasar en un juicio justo. Ni acá, ni en Suiza.
El martes, República asistió al estreno del documental “El caso Sperisen: una vergüenza judicial”. El título podría evocar un proceso en la jurisdicción guatemalteca –o de algún país africano–, pero no; Erwin Sperisen fue procesado en Suiza, un país que se precia de su neutralidad y civilidad. El juicio, vergonzosamente, careció de ambas cualidades.
Los juicios se llevaron a cabo en Ginebra, la sede de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La “justicia” ginebrina atropelló toda norma de proceso imparcial posible: prisión preventiva excesiva –5 años y 10 meses en aislamiento–, exclusión arbitraria de pruebas de la defensa, testigos falsos y pruebas científicas alteradas de la fiscalía –lo que quedó evidenciado durante el debate–; en fin, un absoluto desprecio por los derechos fundamentales del procesado.
El documental muestra con meridiana claridad cómo una organización no gubernamental –de la mano de la CICIG– instrumentalizó el sistema de justicia suizo con miras ideológicas y clarísimos conflictos de interés, pues el fiscal ginebrino, Ives Bertossa, es hijo del fundador de TRIAL, la oenegé que “armó” el caso.
La CICIG no pudo conseguir la condena en ninguna otra jurisdicción y de ninguno de los otros perseguidos por el caso, salvo a Sperisen, en Ginebra, en donde proveyó solamente elementos para incriminar. Nada de averiguar la verdad, sino condenar al acusado, incluso con pruebas falsas.
La complicidad entre TRIAL, el fiscal Bertossa y los jueces que condenaron a Sperisen queda clara en el documental que, además, narra cómo los jueces cotizan –pagan– una parte de su salario a los partidos políticos de izquierda que los nombran en el cargo. Un kickback institucionalizado.
En los dos juicios –que acá llamaríamos de primera instancia– los jueces fueron los mismos. Hasta en Guatemala se sabe que un juez que ha emitido opinión previa sobre un asunto que es puesto a conocimiento no es imparcial, no digamos a haber conocido el caso con anterioridad. ¿Cómo es posible que la “justicia” suiza haya permitido esa aberración? No hay otra explicación que el sesgo y el contubernio entre políticos, autoridades judiciales, y fiscales.
La primer condena –a cadena perpetua– fue anulada y la segunda condena redujo su sentencia, pero también fue recurrida, esta vez, a nivel continental.
De esa cuenta, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Suiza había violado los derechos humanos de Sperisen.
Debiese ser un motivo de oprobio para ese país lo ocurrido en ese caso y lo resuelto en Estrasburgo. No obstante, el Tribunal Supremo Federal suizo ordenó un nuevo proceso como consecuencia de lo determinado a nivel europeo.
El documental es una pieza muy bien producida a nivel técnico, y su contenido irrefutable; muestra precisamente lo que nunca debe pasar en un juicio justo. Ni acá, ni en Suiza.
