EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A medida que el Congreso de la República “debate” el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, las alarmas suenan con fuerza. Presentado el 1 de septiembre con un techo de GTQ 163 783.4M —un incremento del 41 % acumulado desde 2024—, este plan no es más que una bomba de tiempo fiscal disfrazada de ambición. En lugar de priorizar el desarrollo sostenible, opta por gasto descontrolado, deuda insostenible y opacidad que podría hipotecar el futuro de generaciones enteras. Guatemala no puede permitirse aprobar este desatino.
El análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) destapan las grietas profundas. Los ingresos tributarios proyectados en GTQ 119 800M mejoran las subestimaciones pasadas, pero están viciados por distribuciones incorrectas en rubros como “otros impuestos directos e indirectos”, que distorsionan los aportes constitucionales y violan estándares de transparencia internacional.
Sin aumentar ingresos —patentando reticencia a ampliar la base tributaria—, el gobierno recurre a déficits del 3.3 % —potencialmente superior al 4 % con ampliaciones—, financiados con GTQ 33 514M en deuda, de los cuales solo el 16 % va a inversión, según CACIF. Es endeudamiento para gasto corriente, no para progreso.
Peor aún, el proyecto socava la institucionalidad; incluye excepciones a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones y a la Constitución, permitiendo adquisiciones a través de terceros sin límites ni controles. Crea fondos especiales sin fiscalización efectiva y ampliaciones preautorizadas por más de GTQ 6000M (ICEFI), sin detallar montos, fuentes o ejecutores. El artículo 55, que el Icefi urge derogar junto al Decreto 7-2025, debilita la supervisión de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), que en 2024 y 2025 no ejecutaron ni sus aportes ordinarios. Esto abre puertas a la discrecionalidad y la corrupción, priorizando gasto operativo sobre impacto en salud, educación e infraestructura.
Aunque se destacan asignaciones positivas —como GTQ 155M para la recuperación ambiental de Xan, farmacias de accesibilidad, renovación de equipo policial y proyectos como el metro en Ciudad de Guatemala o modernización de puertos—, estas quedan eclipsadas por metas físicas incoherentes. Hay recortes inaceptables en programas de niñez y maternidad, con incrementos en objetivos sin fondos correspondientes. Sin capacidad de ejecución real, estos planes son promesas vacías.
CACIF lo resume perfectamente: más gasto corriente, menos inversión productiva y más deuda. Recomiendan eliminar excepciones, déficit cero en corriente y reglas macrofiscales. El Icefi pide estudios de sostenibilidad fiscal y transparencia en endeudamiento.
Los diputados, si piensan en el bienestar de todos los guatemaltecos, no debiesen aprobar el presupuesto tal cual; pero como se sabe, los “padres de la patria” no piensan en el pueblo, sino en su interés.
La crítica es generalizada; no podrán decir que proviene exclusivamente de sectores empresariales, sino también —entre otros— de la “casa” del hoy ministro de Finanzas, quien ahora en el poder, desatiende sus recomendaciones mientras come chocobananos.
A medida que el Congreso de la República “debate” el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, las alarmas suenan con fuerza. Presentado el 1 de septiembre con un techo de GTQ 163 783.4M —un incremento del 41 % acumulado desde 2024—, este plan no es más que una bomba de tiempo fiscal disfrazada de ambición. En lugar de priorizar el desarrollo sostenible, opta por gasto descontrolado, deuda insostenible y opacidad que podría hipotecar el futuro de generaciones enteras. Guatemala no puede permitirse aprobar este desatino.
El análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) destapan las grietas profundas. Los ingresos tributarios proyectados en GTQ 119 800M mejoran las subestimaciones pasadas, pero están viciados por distribuciones incorrectas en rubros como “otros impuestos directos e indirectos”, que distorsionan los aportes constitucionales y violan estándares de transparencia internacional.
Sin aumentar ingresos —patentando reticencia a ampliar la base tributaria—, el gobierno recurre a déficits del 3.3 % —potencialmente superior al 4 % con ampliaciones—, financiados con GTQ 33 514M en deuda, de los cuales solo el 16 % va a inversión, según CACIF. Es endeudamiento para gasto corriente, no para progreso.
Peor aún, el proyecto socava la institucionalidad; incluye excepciones a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones y a la Constitución, permitiendo adquisiciones a través de terceros sin límites ni controles. Crea fondos especiales sin fiscalización efectiva y ampliaciones preautorizadas por más de GTQ 6000M (ICEFI), sin detallar montos, fuentes o ejecutores. El artículo 55, que el Icefi urge derogar junto al Decreto 7-2025, debilita la supervisión de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), que en 2024 y 2025 no ejecutaron ni sus aportes ordinarios. Esto abre puertas a la discrecionalidad y la corrupción, priorizando gasto operativo sobre impacto en salud, educación e infraestructura.
Aunque se destacan asignaciones positivas —como GTQ 155M para la recuperación ambiental de Xan, farmacias de accesibilidad, renovación de equipo policial y proyectos como el metro en Ciudad de Guatemala o modernización de puertos—, estas quedan eclipsadas por metas físicas incoherentes. Hay recortes inaceptables en programas de niñez y maternidad, con incrementos en objetivos sin fondos correspondientes. Sin capacidad de ejecución real, estos planes son promesas vacías.
CACIF lo resume perfectamente: más gasto corriente, menos inversión productiva y más deuda. Recomiendan eliminar excepciones, déficit cero en corriente y reglas macrofiscales. El Icefi pide estudios de sostenibilidad fiscal y transparencia en endeudamiento.
Los diputados, si piensan en el bienestar de todos los guatemaltecos, no debiesen aprobar el presupuesto tal cual; pero como se sabe, los “padres de la patria” no piensan en el pueblo, sino en su interés.
La crítica es generalizada; no podrán decir que proviene exclusivamente de sectores empresariales, sino también —entre otros— de la “casa” del hoy ministro de Finanzas, quien ahora en el poder, desatiende sus recomendaciones mientras come chocobananos.
