Para bien y para mal, la presidencia de Trump está reorganizando el orden mundial y el paradigma de los derechos humanos no es una excepción.
En perspectiva. La Administración Trump ha dejado clara su intención de reducir significativamente su condena a las violaciones de derechos humanos en países geopolíticamente importantes para EE. UU.; al menos, desde la óptica que ha dominado la política occidental en este siglo.
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Dicha intención se verá reflejada en los próximos informes país sobre Prácticas de Derechos Humanos (Country Reports on Human Rights Practices).
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En los informes, otrora, se condenaban dichas violaciones de manera selectiva y, en ocasiones, se tomaban medidas de política exterior con base en ellos.
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Tal como pudo confirmar el Washington Post, los borradores filtrados de los informes de 2024 excluyen referencias a países como Rusia, Israel y El Salvador.
Por qué importa. En el último reporte del Departamento de Estado (2023), el gobierno estadounidense identificaba “problemas significativos de derechos humanos” en El Salvador, incluyendo ejecuciones autorizadas por el gobierno, torturas por parte del Estado y condiciones carcelarias “severas y que ponían en riesgo la vida”.
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De acuerdo con las filtraciones, el borrador del reporte para 2024 afirma que el país no tuvo “informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos” durante el 2024.
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Lo mismo se espera para Rusia e Israel, dos Estados involucrados en las mayores conflagraciones de esta década.
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El informe país se suele publicar entre marzo y abril del año siguiente al analizado. De momento, todavía no hay una publicación oficial por parte del Departamento de Estado, reflejando el cambio de directrices de la nueva presidencia.
Entre líneas. Desde 1948, las violaciones de DD. HH. han sido utilizadas como un arma de poder blando, deslegitimando moralmente a regímenes generalmente antidemocráticos o no alineados con occidente. Como tal, potencias como EE. UU. han podido utilizar —en ocasiones de manera injusta— las condenas por violaciones de DD. HH. para favorecer una agenda política en países en vías de desarrollo.
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Si bien la defensa de derechos universales ha sido un baluarte de desarrollo para el mundo, la arbitrariedad de qué es considerado un derecho humano ha abierto la puerta a la imposición de agendas ideológicas.
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Entre algunos de ellos —ambiguos todos— se podría citar el derecho al desarrollo (1986); el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible (2022); derechos sexuales y reproductivos (1995); derechos LGBTIQ+ (2011), y el derecho a la paz.
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La instrumentalización de la defensa de los DD. HH. en el mundo no se la está inventando Trump, simplemente está cambiando el enfoque.
En conclusión. Para Trump, la nueva directriz es, selectivamente, ignorar dichas violaciones cuando los países condenados son importantes para la política exterior de su gobierno. La estrategia con Rusia involucra reducir las hostilidades previas con Putin para ponerle fin al conflicto con Ucrania, ya que, de acuerdo con la interpretación de Trump, fueron las presiones de la OTAN y de la Administración Biden lo que provocó la invasión a Ucrania.
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En los casos de El Salvador e Israel, se trata de una omisión conveniente para no desprestigiar a dos gobiernos que Trump considera aliados clave, lo que le restaría legitimidad a EE. UU. El resultado, sin embargo, podría involucrar el solapamiento de Estados violadores de DD. HH., incluso los más fundamentales, como la vida.
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Los nuevos informes ahora ignorarán violaciones evidentes y eliminarán referencias a corrupción gubernamental, delitos de género y otros abusos que históricamente el gobierno de EE. UU. ha documentado.
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Trump gobernará con una política exterior pragmática, alejada de la idea de defender valores por encima de la conveniencia, similar a los EE. UU. de la primera mitad de la Guerra Fría.
Para bien y para mal, la presidencia de Trump está reorganizando el orden mundial y el paradigma de los derechos humanos no es una excepción.
En perspectiva. La Administración Trump ha dejado clara su intención de reducir significativamente su condena a las violaciones de derechos humanos en países geopolíticamente importantes para EE. UU.; al menos, desde la óptica que ha dominado la política occidental en este siglo.
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Dicha intención se verá reflejada en los próximos informes país sobre Prácticas de Derechos Humanos (Country Reports on Human Rights Practices).
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En los informes, otrora, se condenaban dichas violaciones de manera selectiva y, en ocasiones, se tomaban medidas de política exterior con base en ellos.
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Tal como pudo confirmar el Washington Post, los borradores filtrados de los informes de 2024 excluyen referencias a países como Rusia, Israel y El Salvador.
Por qué importa. En el último reporte del Departamento de Estado (2023), el gobierno estadounidense identificaba “problemas significativos de derechos humanos” en El Salvador, incluyendo ejecuciones autorizadas por el gobierno, torturas por parte del Estado y condiciones carcelarias “severas y que ponían en riesgo la vida”.
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De acuerdo con las filtraciones, el borrador del reporte para 2024 afirma que el país no tuvo “informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos” durante el 2024.
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Lo mismo se espera para Rusia e Israel, dos Estados involucrados en las mayores conflagraciones de esta década.
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El informe país se suele publicar entre marzo y abril del año siguiente al analizado. De momento, todavía no hay una publicación oficial por parte del Departamento de Estado, reflejando el cambio de directrices de la nueva presidencia.
Entre líneas. Desde 1948, las violaciones de DD. HH. han sido utilizadas como un arma de poder blando, deslegitimando moralmente a regímenes generalmente antidemocráticos o no alineados con occidente. Como tal, potencias como EE. UU. han podido utilizar —en ocasiones de manera injusta— las condenas por violaciones de DD. HH. para favorecer una agenda política en países en vías de desarrollo.
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Si bien la defensa de derechos universales ha sido un baluarte de desarrollo para el mundo, la arbitrariedad de qué es considerado un derecho humano ha abierto la puerta a la imposición de agendas ideológicas.
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Entre algunos de ellos —ambiguos todos— se podría citar el derecho al desarrollo (1986); el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible (2022); derechos sexuales y reproductivos (1995); derechos LGBTIQ+ (2011), y el derecho a la paz.
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La instrumentalización de la defensa de los DD. HH. en el mundo no se la está inventando Trump, simplemente está cambiando el enfoque.
En conclusión. Para Trump, la nueva directriz es, selectivamente, ignorar dichas violaciones cuando los países condenados son importantes para la política exterior de su gobierno. La estrategia con Rusia involucra reducir las hostilidades previas con Putin para ponerle fin al conflicto con Ucrania, ya que, de acuerdo con la interpretación de Trump, fueron las presiones de la OTAN y de la Administración Biden lo que provocó la invasión a Ucrania.
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En los casos de El Salvador e Israel, se trata de una omisión conveniente para no desprestigiar a dos gobiernos que Trump considera aliados clave, lo que le restaría legitimidad a EE. UU. El resultado, sin embargo, podría involucrar el solapamiento de Estados violadores de DD. HH., incluso los más fundamentales, como la vida.
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Los nuevos informes ahora ignorarán violaciones evidentes y eliminarán referencias a corrupción gubernamental, delitos de género y otros abusos que históricamente el gobierno de EE. UU. ha documentado.
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Trump gobernará con una política exterior pragmática, alejada de la idea de defender valores por encima de la conveniencia, similar a los EE. UU. de la primera mitad de la Guerra Fría.