EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Lo que tiene dolidos a los políticos narcotraficantes y socialistas —que cada vez se distinguen menos entre sí— no es ninguna afrenta a la patria: es que su alianza no terminó de materializarse para cooptar la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. Ese, y no otro, es el origen del escándalo que han montado a partir de un reportaje del Washington Post publicado esta semana.
Lo que ese reportaje presenta como conjura no es más que el esfuerzo legítimo por asegurar que la agenda del presidente Donald Trump para el hemisferio se materialice también en Guatemala: combatir al narcotráfico, frenar el avance de China y contener a la izquierda radical que ya hundió a media América Latina. A plena luz, registrado y declarado conforme a la ley estadounidense. Les molesta porque esta vez la jugada no es suya y, sobre todo, porque va en contra de sus mezquinos intereses.
Porque de injerencia, los verdaderos expertos son ellos. El mismo reportaje que celebran como acta de acusación los delata: fue el presidente Bernardo Arévalo quien suplicó a Washington que Patrick Ventrell se quedara para inclinar a su favor la elección del fiscal general. Y Ventrell no era ningún observador imparcial: operaba con agenda propia, decidido a hacer avanzar la suya y la de sus amigos de la izquierda guatemalteca. Esa sí era una intervención ilegítima —y fueron ellos quienes la pidieron—. Los que hoy se rasgan las vestiduras son los mismos que hace unos meses coordinaban los bloqueos con el respaldo y el liderazgo de Ventrell y sus compinches.
Y antes de Arévalo, una década entera cooptando las instituciones con fines ilegítimos y apoyo internacional opaco. La trinca de Todd Robinson, Iván Velásquez y Thelma Aldana manejó el aparato de justicia a control remoto; Joe Biden aterrizó tres veces en dos años para forzar la renovación de la CICIG; se impuso a Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad y se ejecutó un lawfare con calendario —los “jueves de CICIG”—. Norma Torres celebraba cada visa retirada a un opositor legítimo como un trofeo y Kamala Harris administraba Centroamérica como su jardín de “causas raíz”. Todo aplaudido por la misma izquierda que hoy abandera, escandalizada, la palabra injerencia.
Nada de eso era gratis. Lo sostenía una industria de “ayuda exterior” que movía —y en algunos casos sigue moviendo— en el país entre USD 500 y 1000M al año —USAID, Open Society, Oxfam, Ford, Rockefeller, WOLA— y una red de medios afines —ePInvestiga, Plaza Pública, No Ficción, Prensa Comunitaria, La Hora, Quorum— que publicaba a coro y con el mismo libreto. Mientras el guatemalteco gastaba en promedio un dólar al año en noticias, esa maquinaria invirtió cincuenta por cabeza en decirle qué pensar. De ahí salieron sus consignas de cartón: “pacto de corruptos”, “élites depredadoras”, “cleptocracia”.
Hasta sus plumas más conocidas tienen memoria a conveniencia. Periodistas como Claudia Méndez Arriaza, que colaboró con el Washington Post, descubrieron la injerencia apenas hace unos días; del período de 2015 a 2024, cuando sus amigos repartían el poder con plata y padrinos de fuera, no recuerdan ni dicen nada.
Por eso, desde estas páginas, hay una convicción que sostener con la frente en alto: celebramos que el gobierno de Trump y la actual administración de la embajada americana miren por fin hacia los enemigos verdaderos de ambos países.
Para la progresía, en cambio, la regla es otra: cuando la mano extranjera servía a sus ilegítimos fines, la llamaban democracia; ahora que su alianza para apoderarse del Estado se les deshizo, gritan horrorizados. Pero hay una palabra, más vieja y más corta, que los retrata mejor: hipócritas.
Lo que tiene dolidos a los políticos narcotraficantes y socialistas —que cada vez se distinguen menos entre sí— no es ninguna afrenta a la patria: es que su alianza no terminó de materializarse para cooptar la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. Ese, y no otro, es el origen del escándalo que han montado a partir de un reportaje del Washington Post publicado esta semana.
Lo que ese reportaje presenta como conjura no es más que el esfuerzo legítimo por asegurar que la agenda del presidente Donald Trump para el hemisferio se materialice también en Guatemala: combatir al narcotráfico, frenar el avance de China y contener a la izquierda radical que ya hundió a media América Latina. A plena luz, registrado y declarado conforme a la ley estadounidense. Les molesta porque esta vez la jugada no es suya y, sobre todo, porque va en contra de sus mezquinos intereses.
Porque de injerencia, los verdaderos expertos son ellos. El mismo reportaje que celebran como acta de acusación los delata: fue el presidente Bernardo Arévalo quien suplicó a Washington que Patrick Ventrell se quedara para inclinar a su favor la elección del fiscal general. Y Ventrell no era ningún observador imparcial: operaba con agenda propia, decidido a hacer avanzar la suya y la de sus amigos de la izquierda guatemalteca. Esa sí era una intervención ilegítima —y fueron ellos quienes la pidieron—. Los que hoy se rasgan las vestiduras son los mismos que hace unos meses coordinaban los bloqueos con el respaldo y el liderazgo de Ventrell y sus compinches.
Y antes de Arévalo, una década entera cooptando las instituciones con fines ilegítimos y apoyo internacional opaco. La trinca de Todd Robinson, Iván Velásquez y Thelma Aldana manejó el aparato de justicia a control remoto; Joe Biden aterrizó tres veces en dos años para forzar la renovación de la CICIG; se impuso a Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad y se ejecutó un lawfare con calendario —los “jueves de CICIG”—. Norma Torres celebraba cada visa retirada a un opositor legítimo como un trofeo y Kamala Harris administraba Centroamérica como su jardín de “causas raíz”. Todo aplaudido por la misma izquierda que hoy abandera, escandalizada, la palabra injerencia.
Nada de eso era gratis. Lo sostenía una industria de “ayuda exterior” que movía —y en algunos casos sigue moviendo— en el país entre USD 500 y 1000M al año —USAID, Open Society, Oxfam, Ford, Rockefeller, WOLA— y una red de medios afines —ePInvestiga, Plaza Pública, No Ficción, Prensa Comunitaria, La Hora, Quorum— que publicaba a coro y con el mismo libreto. Mientras el guatemalteco gastaba en promedio un dólar al año en noticias, esa maquinaria invirtió cincuenta por cabeza en decirle qué pensar. De ahí salieron sus consignas de cartón: “pacto de corruptos”, “élites depredadoras”, “cleptocracia”.
Hasta sus plumas más conocidas tienen memoria a conveniencia. Periodistas como Claudia Méndez Arriaza, que colaboró con el Washington Post, descubrieron la injerencia apenas hace unos días; del período de 2015 a 2024, cuando sus amigos repartían el poder con plata y padrinos de fuera, no recuerdan ni dicen nada.
Por eso, desde estas páginas, hay una convicción que sostener con la frente en alto: celebramos que el gobierno de Trump y la actual administración de la embajada americana miren por fin hacia los enemigos verdaderos de ambos países.
Para la progresía, en cambio, la regla es otra: cuando la mano extranjera servía a sus ilegítimos fines, la llamaban democracia; ahora que su alianza para apoderarse del Estado se les deshizo, gritan horrorizados. Pero hay una palabra, más vieja y más corta, que los retrata mejor: hipócritas.
