EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los pactos colectivos han incorporado beneficios que van más allá de lo razonable: bonos que carecen de justificación legal y que responden a intereses personales. Traen consigo incrementos automáticos y las plazas hereditarias. Esto condiciona el gasto público sin que exista un control basado en resultados.
Ante ese escenario, el Estado se mantiene con presión financiera y una gestión de recursos humanos debilitada, casi inexistente.
Por qué importa. El estudio Pactos Colectivos: ¿Hasta dónde llegan los privilegios?, presentado por el CIEN, confirma que estos se convirtieron en el canal para otorgar beneficios sin conexión con la productividad, el desempeño y la sostenibilidad presupuestaria. Todo lo contrario a lo que sucede en el sector privado.
- En el Ministerio de Educación (Mineduc), los docentes reciben GTQ 700 mensuales adicionales y una bonificación anual de GTQ 2500, sin relación con resultados académicos.
- El Organismo Judicial (OJ) otorga tres bonos extras: GTQ 3500 en Semana Santa, GTQ 3000 bajo concepto escolar y GTQ 3200 mensual. Se convirtieron en derechos adquiridos permanentes.
- La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) pactó un aguinaldo 175 % superior al legal, junto a un bono vacacional que equivale al 125 % del salario asegurado.
Lo indispensable. Los compromisos pactados generan cargas fiscales de largo plazo que comprometen el presupuesto nacional. La ausencia de criterios técnicos y meritocráticos convierte los “beneficios” en privilegios insostenibles para determinado grupo de trabajadores de las instituciones.
- El estudio reveló que para el 2024 el aumento en remuneraciones superó los GTQ 2459M. Equivale a un alza del 7.6 % en el gasto público.
- El Mineco, la USAC y la EPQ contemplan la asignación de plazas a familiares de trabajadores fallecidos o jubilados. Cierra el acceso a concursos abiertos.
- Las comisiones mixtas de ascenso en el Mineco permiten que intereses sindicales influyan sobre los ascensos. Debilitan la idoneidad y transparencia en la carrera pública.
Entre líneas. El documento resalta que la figura de las plazas hereditarias es una de las más perniciosas. Contraviene el artículo 113 constitucional que ordena la selección por mérito de capacidad, idoneidad y honradez. No obstante, los pactos colectivos han institucionalizado esta práctica.
- En el MINECO, las vacantes pueden asignarse directamente a familiares, lo que rompe con el principio de igualdad de oportunidades.
- La USAC mantiene cláusulas que privilegian la continuidad gremial sobre la competencia académica y técnica.
- Estas disposiciones generan favoritismo y los ciudadanos con méritos suficientes quedan excluidos por acuerdos que debiesen haber sido declarados inconstitucionales.
En conclusión. La discusión sobre los pactos colectivos se concentra en la necesidad de poner límites. La estabilidad fiscal y la calidad institucional dependen de reformas que ordenen los beneficios y devuelvan el mérito a la gestión pública.
- Expertos recomiendan que todo bono o remuneración adicional esté ligado al desempeño, no a negociaciones gremiales.
- Uruguay y Costa Rica muestran que la transparencia en la negociación colectiva y la vinculación estricta al presupuesto eliminan privilegios desmedidos.
- Sin una reforma legal que diferencie al sector público del privado, Guatemala corre el riesgo de institucionalizar privilegios heredados y bonos que el Estado no podrá financiar a largo plazo.
Los pactos colectivos han incorporado beneficios que van más allá de lo razonable: bonos que carecen de justificación legal y que responden a intereses personales. Traen consigo incrementos automáticos y las plazas hereditarias. Esto condiciona el gasto público sin que exista un control basado en resultados.
Ante ese escenario, el Estado se mantiene con presión financiera y una gestión de recursos humanos debilitada, casi inexistente.
Por qué importa. El estudio Pactos Colectivos: ¿Hasta dónde llegan los privilegios?, presentado por el CIEN, confirma que estos se convirtieron en el canal para otorgar beneficios sin conexión con la productividad, el desempeño y la sostenibilidad presupuestaria. Todo lo contrario a lo que sucede en el sector privado.
- En el Ministerio de Educación (Mineduc), los docentes reciben GTQ 700 mensuales adicionales y una bonificación anual de GTQ 2500, sin relación con resultados académicos.
- El Organismo Judicial (OJ) otorga tres bonos extras: GTQ 3500 en Semana Santa, GTQ 3000 bajo concepto escolar y GTQ 3200 mensual. Se convirtieron en derechos adquiridos permanentes.
- La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) pactó un aguinaldo 175 % superior al legal, junto a un bono vacacional que equivale al 125 % del salario asegurado.
Lo indispensable. Los compromisos pactados generan cargas fiscales de largo plazo que comprometen el presupuesto nacional. La ausencia de criterios técnicos y meritocráticos convierte los “beneficios” en privilegios insostenibles para determinado grupo de trabajadores de las instituciones.
- El estudio reveló que para el 2024 el aumento en remuneraciones superó los GTQ 2459M. Equivale a un alza del 7.6 % en el gasto público.
- El Mineco, la USAC y la EPQ contemplan la asignación de plazas a familiares de trabajadores fallecidos o jubilados. Cierra el acceso a concursos abiertos.
- Las comisiones mixtas de ascenso en el Mineco permiten que intereses sindicales influyan sobre los ascensos. Debilitan la idoneidad y transparencia en la carrera pública.
Entre líneas. El documento resalta que la figura de las plazas hereditarias es una de las más perniciosas. Contraviene el artículo 113 constitucional que ordena la selección por mérito de capacidad, idoneidad y honradez. No obstante, los pactos colectivos han institucionalizado esta práctica.
- En el MINECO, las vacantes pueden asignarse directamente a familiares, lo que rompe con el principio de igualdad de oportunidades.
- La USAC mantiene cláusulas que privilegian la continuidad gremial sobre la competencia académica y técnica.
- Estas disposiciones generan favoritismo y los ciudadanos con méritos suficientes quedan excluidos por acuerdos que debiesen haber sido declarados inconstitucionales.
En conclusión. La discusión sobre los pactos colectivos se concentra en la necesidad de poner límites. La estabilidad fiscal y la calidad institucional dependen de reformas que ordenen los beneficios y devuelvan el mérito a la gestión pública.
- Expertos recomiendan que todo bono o remuneración adicional esté ligado al desempeño, no a negociaciones gremiales.
- Uruguay y Costa Rica muestran que la transparencia en la negociación colectiva y la vinculación estricta al presupuesto eliminan privilegios desmedidos.
- Sin una reforma legal que diferencie al sector público del privado, Guatemala corre el riesgo de institucionalizar privilegios heredados y bonos que el Estado no podrá financiar a largo plazo.
