EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Todo abuso de poder es condenable, pero el motivado por la desesperación y para beneficio personal es execrable. Ese es el caso del oficialismo, personificado en Samuel Pérez Álvarez, quien, junto con otros tres diputados electos por Movimiento Semilla, presentaron una iniciativa de ley para derogar el artículo 14 de la Ley del Ministerio Público. Ya no se habla de modificarlo —incluir mecanismos viables y concretos para la remoción de un Fiscal General— sino derogarlo.
Pérez et al. presentaron la iniciativa identificada con el número 6480 en la Dirección Legislativa del Congreso. En una escueta exposición de motivos, describen cómo ese artículo 14 —según ellos— “afecta la supremacía constitucional” al acotar la facultad presidencial para remover a un Fiscal General por causa justificada. Todo poder —sobre todo el discrecional— debe ser limitado, pero eso parece importarle poco a Semilla. La propuesta consta solo de 2 artículos; todo el documento pareciese escrito bajo estado de emoción violenta, pues nunca desde 2016 y menos durante su legislatura pasada, les pareció que limitaba la supremacía constitucional. Solo hasta ahora, que les afecta.
Semilla usó el presupuesto nacional para “alcanzar consensos” y modificar —para su beneficio— la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Ese “consenso” le salió muy caro al país: GTQ 5000M y un poco más. Habiendo visto cómo Semilla encontró el lubricante para sus caprichos, ahora que pretender modificar otra ley para su beneficio personal, habrá que ver cuánto costará esto. Aunque ya se aprobó el del 2025, los políticos siempre consiguen cómo exprimir más dinero del presupuesto para sus fines.
La bancada oficialista ya se dio color, como se dice coloquialmente; Bernardo Arévalo ha sido mucho más pudoroso, aunque —tristemente— no se espera que vete ese barril de lubricante que aprobó el Congreso.
Caso distinto debiese ser el de las reformas a la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, que también fue parte de la indecente negociación para conseguir los votos que Semilla quería. Con su vigencia, se viabilizaría el lavado de dinero. Arévalo debiese vetar ese decreto. A menos, claro, que al Gobierno no le arrugue la nariz ser habilitante en el blanqueo de capitales.
Gobiernos y diputados anteriores abusaron de su poder, aprobaron y modificaron leyes a su antojo, y para beneficio personal. La bancada Semilla, liderada por Samuel Pérez, hace lo mismo. No hay forma de esconderlo. Han quedado expuestos como políticos marrulleros, tal como sus socios en esta danza de miles de millones de quetzales.
Todo abuso de poder es condenable, pero el motivado por la desesperación y para beneficio personal es execrable. Ese es el caso del oficialismo, personificado en Samuel Pérez Álvarez, quien, junto con otros tres diputados electos por Movimiento Semilla, presentaron una iniciativa de ley para derogar el artículo 14 de la Ley del Ministerio Público. Ya no se habla de modificarlo —incluir mecanismos viables y concretos para la remoción de un Fiscal General— sino derogarlo.
Pérez et al. presentaron la iniciativa identificada con el número 6480 en la Dirección Legislativa del Congreso. En una escueta exposición de motivos, describen cómo ese artículo 14 —según ellos— “afecta la supremacía constitucional” al acotar la facultad presidencial para remover a un Fiscal General por causa justificada. Todo poder —sobre todo el discrecional— debe ser limitado, pero eso parece importarle poco a Semilla. La propuesta consta solo de 2 artículos; todo el documento pareciese escrito bajo estado de emoción violenta, pues nunca desde 2016 y menos durante su legislatura pasada, les pareció que limitaba la supremacía constitucional. Solo hasta ahora, que les afecta.
Semilla usó el presupuesto nacional para “alcanzar consensos” y modificar —para su beneficio— la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Ese “consenso” le salió muy caro al país: GTQ 5000M y un poco más. Habiendo visto cómo Semilla encontró el lubricante para sus caprichos, ahora que pretender modificar otra ley para su beneficio personal, habrá que ver cuánto costará esto. Aunque ya se aprobó el del 2025, los políticos siempre consiguen cómo exprimir más dinero del presupuesto para sus fines.
La bancada oficialista ya se dio color, como se dice coloquialmente; Bernardo Arévalo ha sido mucho más pudoroso, aunque —tristemente— no se espera que vete ese barril de lubricante que aprobó el Congreso.
Caso distinto debiese ser el de las reformas a la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, que también fue parte de la indecente negociación para conseguir los votos que Semilla quería. Con su vigencia, se viabilizaría el lavado de dinero. Arévalo debiese vetar ese decreto. A menos, claro, que al Gobierno no le arrugue la nariz ser habilitante en el blanqueo de capitales.
Gobiernos y diputados anteriores abusaron de su poder, aprobaron y modificaron leyes a su antojo, y para beneficio personal. La bancada Semilla, liderada por Samuel Pérez, hace lo mismo. No hay forma de esconderlo. Han quedado expuestos como políticos marrulleros, tal como sus socios en esta danza de miles de millones de quetzales.
