EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En nocturnidad, el Congreso aprobó el ampliamente rechazado presupuesto para el 2025 que, entre otras vergüenzas, incluye GTQ 9322M para los Consejos de Desarrollo, estructuras que han sido ampliamente utilizadas por diputados y alcaldes para agenciarse de obras y de millonarios pagos.
Semilla —el partido de Gobierno— condicionó ese pantagruélico presupuesto a que previamente se aprobara la modificación al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el que usó el juez del orden penal para suspenderlos. Ahora, 125 diputados han votado para beneficiar puntualmente a Semilla. Por GTQ 9322M, que quede claro.
La aplicación excesiva de ese artículo desveló la violación al derecho de defensa que implica que un juez suspenda provisionalmente la inscripción de una persona jurídica, sea una asociación, sociedad anónima o una de derecho público, como un partido político. El artículo es una afrenta a los derechos fundamentales y nunca debió de existir; pero ahora no se suprime, sino que solamente se modifica para beneficio de los partidos políticos, Semilla a la cabeza. Pudiendo hacer lo correcto, hicieron como el azadón, solo jalaron para su lado.
El 23 de febrero de 2016 —con la intimidatoria presencia de la fiscal general Thelma Aldana y del comisionado Iván Velásquez—, los diputados con “instrucciones en inglés” modificaron la Ley del MP para blindar a Thelma Aldana en el cargo. Afuera del Congreso estaban algunos de los hoy diputados de Semilla vitoreando esa reforma.
Hoy, la lloran, se arrepienten y pretenden revertirla. Porque ahora les conviene que sea distinto. Nada más por eso.
El 13 de septiembre de 2018, en una maratónica sesión del Congreso —después de la Sesión Solemne con motivo de la celebración de la independencia—, los diputados modificaron el Código Penal para viabilizar la conmuta a penas de hasta 10 años. Las reformas tenían sentido, pues incluían la condición de resarcimiento previo a la víctima para poder optar a la redención y viabilizaban acuerdos entre el ente acusador y el sindicado —como sucede en casi todos los países civilizados—, además de excluir expresamente a los delitos violentos.
Sin embargo, como en ese momento varios diputados estaban siendo procesados y se beneficiarían directamente por esas reformas, dos días después recularon presionados por turbas afuera del Congreso. Ese decreto nunca vio la luz del día. Allí nació el mote de “pacto de corruptos”.
Hoy, todo apunta a que la cosa es igual: diputados cambian la ley para beneficio personal. Sin embargo, ahora no hay turbas encerrando a los diputados; ahora quienes lideraban las turbas son los diputados que se benefician de la ley. Eso sí cambió. ¿Ahora, también se le llamará pacto de corruptos?
Mientras que en 2018 unos diputados pretendieron legislar para librarse de penas excesivas, hoy unos —otros— diputados legislaron para su beneficio usando el dinero de los contribuyentes para comprar sus deseos. No les costó a ellos, les costó al pueblo.
Es oportuno recordar las palabras del ex comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, cuando —parafraseando— dijo que eran igual de corruptos los que recibían dinero indebido, como los que lo daban.
El pacto de corruptos 2.0 lo conforman 125 diputados, todos con nombre, apellido y cara, que no se les cae la vergüenza.
En nocturnidad, el Congreso aprobó el ampliamente rechazado presupuesto para el 2025 que, entre otras vergüenzas, incluye GTQ 9322M para los Consejos de Desarrollo, estructuras que han sido ampliamente utilizadas por diputados y alcaldes para agenciarse de obras y de millonarios pagos.
Semilla —el partido de Gobierno— condicionó ese pantagruélico presupuesto a que previamente se aprobara la modificación al artículo 82 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, el que usó el juez del orden penal para suspenderlos. Ahora, 125 diputados han votado para beneficiar puntualmente a Semilla. Por GTQ 9322M, que quede claro.
La aplicación excesiva de ese artículo desveló la violación al derecho de defensa que implica que un juez suspenda provisionalmente la inscripción de una persona jurídica, sea una asociación, sociedad anónima o una de derecho público, como un partido político. El artículo es una afrenta a los derechos fundamentales y nunca debió de existir; pero ahora no se suprime, sino que solamente se modifica para beneficio de los partidos políticos, Semilla a la cabeza. Pudiendo hacer lo correcto, hicieron como el azadón, solo jalaron para su lado.
El 23 de febrero de 2016 —con la intimidatoria presencia de la fiscal general Thelma Aldana y del comisionado Iván Velásquez—, los diputados con “instrucciones en inglés” modificaron la Ley del MP para blindar a Thelma Aldana en el cargo. Afuera del Congreso estaban algunos de los hoy diputados de Semilla vitoreando esa reforma.
Hoy, la lloran, se arrepienten y pretenden revertirla. Porque ahora les conviene que sea distinto. Nada más por eso.
El 13 de septiembre de 2018, en una maratónica sesión del Congreso —después de la Sesión Solemne con motivo de la celebración de la independencia—, los diputados modificaron el Código Penal para viabilizar la conmuta a penas de hasta 10 años. Las reformas tenían sentido, pues incluían la condición de resarcimiento previo a la víctima para poder optar a la redención y viabilizaban acuerdos entre el ente acusador y el sindicado —como sucede en casi todos los países civilizados—, además de excluir expresamente a los delitos violentos.
Sin embargo, como en ese momento varios diputados estaban siendo procesados y se beneficiarían directamente por esas reformas, dos días después recularon presionados por turbas afuera del Congreso. Ese decreto nunca vio la luz del día. Allí nació el mote de “pacto de corruptos”.
Hoy, todo apunta a que la cosa es igual: diputados cambian la ley para beneficio personal. Sin embargo, ahora no hay turbas encerrando a los diputados; ahora quienes lideraban las turbas son los diputados que se benefician de la ley. Eso sí cambió. ¿Ahora, también se le llamará pacto de corruptos?
Mientras que en 2018 unos diputados pretendieron legislar para librarse de penas excesivas, hoy unos —otros— diputados legislaron para su beneficio usando el dinero de los contribuyentes para comprar sus deseos. No les costó a ellos, les costó al pueblo.
Es oportuno recordar las palabras del ex comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, cuando —parafraseando— dijo que eran igual de corruptos los que recibían dinero indebido, como los que lo daban.
El pacto de corruptos 2.0 lo conforman 125 diputados, todos con nombre, apellido y cara, que no se les cae la vergüenza.
