Seguridad penitenciaria: discursos vs. realidades

El Ministerio de Gobernación (Mingob) destina millones de quetzales —al año— a las requisas en las cárceles del país. En cada operativo, incautan celulares, drogas, listas de potenciales víctimas y otros objetos ilícitos. El último fin de semana se dieron tres, en Renovación I, en El Boquerón y en la cárcel de Puerto Barrios, Izabal.

• Aunque las autoridades presentan estos hallazgos como logros, también revelan una realidad distinta: los controles de seguridad fallan consistentemente.

Por qué importa. El problema no es nuevo, pero cada vez se vuelve más complejo; desde las prisiones se coordinan extorsiones, secuestros y otras operaciones del crimen organizado. Por eso, los operativos deben servir para desarticular esas redes, cortar sus comunicaciones y eliminar el riesgo para la población.

• La corrupción es uno de los factores que contribuye al desorden y anarquía en los centros carcelarios. Al momento de querer poner un alto, amenazan y atacan.
• Durante los últimos 12 meses, Gobernación realizó 719 operativos en los centros carcelarios. Desplegaron decenas de policías y equipo de protección. Además, participaron fiscales, soldados y guardias de presidios.
• Según cálculos realizados, cada jornada cuesta unos GTQ 50 000 solo por el despliegue del personal que participa en el operativo. En promedio, son 200 agentes, fiscales y guardias por intervención. La cifra muestra el peso político del problema.

Sí, pero. El presidente Bernardo Arévalo, en reiteradas ocasiones, ha enfatizado los “avances” para retomar el control en las cárceles y la implementación de protocolos de seguridad. Sin embargo, la realidad es otra. Hay poco interés para resolver la problemática, algo que comparte [el Gobierno] con los últimos gobiernos.

• En enero, pandilleros recluidos coordinaron ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); fallecieron diez en diferentes zonas. La reacción de los mareros fue en respuesta a los cambios de las nuevas autoridades.
• En este gobierno, el Sistema Penitenciario (SP) ha tenido cuatro directores y Gobernación cambió de titular con la llegada de Marco Antonio Villeda. La rotación dificulta consolidar una estrategia para recuperar el control de las cárceles. No existe un plan de nación.
• La suspensión de la construcción de la cárcel El Triunfo evidencia entramados de corrupción con el crimen organizado y las redes de poder (alcaldes y diputados).

Visto y no visto. Los resultados de los operativos demuestran que los mecanismos para ingresar artículos ilícitos no funcionan. Las piezas claves para el trasiego de objetos son los guardias del SP. Al carecer de incentivos y de buenas condiciones laborales, optan por los incentivos monetarios que les ofrecen los reos.

• Gobernación analiza el remozamiento de ocho centros carcelarios. Para ello destinarán GTQ 226M. El Preventivo para Varones, Renovación I, Centro de Orientación Femenina, Cárcel de Chimaltenango, Santa Teresa, El Boquerón y Fraijanes II, son algunos de ellos.
• El Gobierno necesita movilizar una estructura amplia para recuperar espacios que perdió dentro de las cárceles. También evidencia el costo de sostener una respuesta que todavía depende de operativos constantes, no de controles permanentes.
• Sin controles efectivos, estabilidad institucional y combate a la corrupción, las remodelaciones difícilmente cambiarán el funcionamiento del sistema penitenciario.

En conclusión. Las requisas confirman un problema más profundo. Las autoridades recuperan celulares, drogas y listas de extorsión, pero no impiden que esos objetos entren a las cárceles. Cada operativo evidencia el costo de una política que reacciona ante la crisis, en lugar de prevenirla. Sin estabilidad en la conducción y sin reformas de fondo, Presidios seguirá bajo presión del crimen organizado.

• La rotación de autoridades en Gobernación y el SP debilita la continuidad de la política de penitenciaria. Sin liderazgo estable, resulta difícil recuperar el control de las cárceles.