EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En abril de 2026 deben tomar posesión los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para un período de cinco años. Este relevo se suma a los cambios previstos en otras entidades como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral, cuyos titulares podrían desempeñar un papel clave en el proceso electoral de 2027.
Por qué importa. La CC, como máximo tribunal, tiene la última palabra en todo asunto litigioso, lo que algunos interpretan como la capacidad de incidir en las reglas del juego político. En fallos anteriores, por ejemplo, ha resuelto sobre la participación de candidatos. En este contexto, es previsible que las cinco entidades encargadas de nombrar a un magistrado titular y uno suplente propongan perfiles afines a sus “objetivos”.
- Bernardo Arévalo tendrá que designar a un titular y suplente. En tanto, los diputados tendrán que hacer lo suyo y no hay duda de que, conseguir 81 votos, requerirá de una gran búsqueda de consensos.
- La Universidad de San Carlos ya ha comenzado a mover sus piezas en el proceso de designación; prueba de ello son las recientes elecciones en las facultades, que renovarán a algunos de los representantes del Consejo Superior Universitario, conformado por 44 profesionales y encargado de hacer la respectiva elección.
- El Colegio de Abogados y el Organismo Judicial también deben desarrollar sus respectivos procesos. En ambos casos, no se descarta que se prioricen perfiles que generen menos resistencias o que, al menos, no resulten incómodos.
Qué destacar. La CC debe ser un juez imparcial y no un actor más dentro de la contienda política. Su razón de ser es la defensa del orden constitucional, no la promoción de intereses particulares.
- Las decisiones que emiten tienen un profundo impacto en la percepción pública y pueden fortalecer o debilitar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
- Los expertos coinciden en que es fundamental que los magistrados actúen con objetividad, responsabilidad y compromiso con los principios democráticos.
- Deben ser firmes defensores de los derechos y libertades de todas las personas, sin excepciones, y ejercer su mandato respetando los límites de sus atribuciones, ya que solo así podrán garantizar el cumplimiento legítimo de la Constitución.
En conclusión. La renovación de la Corte de Constitucionalidad —otras entidades clave en 2026— marcará un momento crucial para el fortalecimiento institucional y la estabilidad democrática en Guatemala.
- Es fundamental, que los nuevos magistrados actúen con independencia, imparcialidad y estricto apego a la Constitución Política, por lo que no cabe involucrarse en dinámicas políticas.
- Solo así se podrá garantizar un entorno propicio para la realización de elecciones para garantizar la realización de elecciones libres, transparentes y justas en el 2027.
En abril de 2026 deben tomar posesión los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para un período de cinco años. Este relevo se suma a los cambios previstos en otras entidades como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral, cuyos titulares podrían desempeñar un papel clave en el proceso electoral de 2027.
Por qué importa. La CC, como máximo tribunal, tiene la última palabra en todo asunto litigioso, lo que algunos interpretan como la capacidad de incidir en las reglas del juego político. En fallos anteriores, por ejemplo, ha resuelto sobre la participación de candidatos. En este contexto, es previsible que las cinco entidades encargadas de nombrar a un magistrado titular y uno suplente propongan perfiles afines a sus “objetivos”.
- Bernardo Arévalo tendrá que designar a un titular y suplente. En tanto, los diputados tendrán que hacer lo suyo y no hay duda de que, conseguir 81 votos, requerirá de una gran búsqueda de consensos.
- La Universidad de San Carlos ya ha comenzado a mover sus piezas en el proceso de designación; prueba de ello son las recientes elecciones en las facultades, que renovarán a algunos de los representantes del Consejo Superior Universitario, conformado por 44 profesionales y encargado de hacer la respectiva elección.
- El Colegio de Abogados y el Organismo Judicial también deben desarrollar sus respectivos procesos. En ambos casos, no se descarta que se prioricen perfiles que generen menos resistencias o que, al menos, no resulten incómodos.
Qué destacar. La CC debe ser un juez imparcial y no un actor más dentro de la contienda política. Su razón de ser es la defensa del orden constitucional, no la promoción de intereses particulares.
- Las decisiones que emiten tienen un profundo impacto en la percepción pública y pueden fortalecer o debilitar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
- Los expertos coinciden en que es fundamental que los magistrados actúen con objetividad, responsabilidad y compromiso con los principios democráticos.
- Deben ser firmes defensores de los derechos y libertades de todas las personas, sin excepciones, y ejercer su mandato respetando los límites de sus atribuciones, ya que solo así podrán garantizar el cumplimiento legítimo de la Constitución.
En conclusión. La renovación de la Corte de Constitucionalidad —otras entidades clave en 2026— marcará un momento crucial para el fortalecimiento institucional y la estabilidad democrática en Guatemala.
- Es fundamental, que los nuevos magistrados actúen con independencia, imparcialidad y estricto apego a la Constitución Política, por lo que no cabe involucrarse en dinámicas políticas.
- Solo así se podrá garantizar un entorno propicio para la realización de elecciones para garantizar la realización de elecciones libres, transparentes y justas en el 2027.
