Contraloría 2026: el juego político detrás del cargo

El 2026 será un año decisivo para el relevo en la dirección de varias instituciones que podrían influir de forma determinante en el proceso electoral de 2027. Entre los cambios más relevantes está la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas, quien debe asumir el 13 de octubre para un período de cuatro años.

Por qué importa. La entidad ha desempeñado un rol clave en los procesos electorales recientes. Es la entidad responsable de extender la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como finiquito, un requisito indispensable para quienes aspiran a un cargo público. La falta de esta constancia ha dejado fuera a varios candidatos en elecciones anteriores.

• La elección del próximo contralor, por tanto, tiene implicaciones directas en el escenario político. El Congreso será el encargado de nombrarlo, eligiendo entre una nómina de seis aspirantes propuesta por la comisión de postulación.
• Para resultar electo, el aspirante debe contar con al menos 81 votos. Esa cifra no es menor: detrás de cada voto puede haber cálculos políticos. Muchos legisladores, especialmente aquellos con aspiraciones para 2027, buscarán asegurarse de que el nuevo Contralor no se convierta en un obstáculo para su participación electoral.
• En procesos anteriores, el requisito del finiquito ha sido determinante: varios precandidatos fueron excluidos por no contar con este documento al momento de su inscripción. Por eso, más allá del perfil técnico del cargo, esta elección se mueve bajo la sombra de intereses políticos que anticipan la próxima contienda electoral.

Visto y no visto. El finiquito más que un filtro técnico se ha convertido en una herramienta política. Quién aspire a un cargo público, y haya manejado fondos, debe contar con él.

• La reforma electoral en el 2016 estableció la obligatoriedad del finiquito vigente (menos de seis meses) para quienes deseen postularse.
• La Corte de Constitucionalidad ratificó en 2024 que el requisito se mantiene, al rechazar un amparo de Acisclo Valladares, quien alegaba violación del derecho a ser electo.
• “La normativa objetada priva a la persona del derecho de ser elegido para cargo público, sin que exista sentencia firme dictada por la autoridad competente”, justificó en su momento el abogado.

Entre líneas: El proceso de elección se moverá entre la presión del momento, el sabor amargo de los procesos anteriores y las aspiraciones de los propios legisladores.

• La comisión de postulación definirá una nómina de candidatos. A partir de ahí, todo dependerá de las alianzas y las negociaciones que se construyan en el Congreso.
• La experiencia de 2023 dejó sinsabores: exclusiones de candidatos, conflictos e instrumentalización de la entidad. La expectativa no es solo técnica.
• El perfil del nuevo contralor también se evaluará por su capacidad para resistir presiones, actuar con independencia y evitar que la institución sea tachada de ser un actor al servicio de intereses particulares.

Lo que sigue. La elección del contralor es una de las varias decisiones institucionales que estará bajo la lupa ciudadana.

• Tanto el oficialismo, como la oposición, intentarán incidir en estos procesos, lo que aumenta el riesgo de que las instituciones sean utilizadas como herramientas de control —venganza— político o exclusión electoral, en lugar de fortalecerse como garantes del sistema democrático.
• Este análisis forma parte de la serie “2026: el año que podrá definir el resultado electoral”, dedicada a examinar cómo estas designaciones podrían moldear el futuro democrático del país.