EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El domingo 25 de junio de 2023, Guatemala vivió una noche electoral que nadie anticipaba. Bernardo Arévalo, candidato del partido Movimiento Semilla, sorprendió a todos —incluyendo al propio partido— al obtener el segundo lugar en la primera vuelta con apenas el 11.5 % de los votos, alrededor de 650 000 sufragios. Pasadas las doce de la noche, República, en la voz del presidente editor, Rodrigo Arenas, reconoció públicamente el resultado.
Apenas 24 horas después, el lunes 26 de junio, comenzaron a circular rumores insistentes de fraude electoral, promovidos por sectores vinculados al gobierno saliente de Alejandro Giammattei y de Miguel Martínez. Para el sector privado organizado, la respuesta fue inmediata y contundente: no había ocurrido fraude el día de las elecciones.
“Yo conozco muy bien cómo funciona todo el sistema electoral de Guatemala”, explicó Arenas, quien participó en prácticamente todas las instancias del proceso desde los años noventa. “Nuestro sistema está muy bien conformado […] Además, el día de las elecciones se movilizan alrededor de 120 000 personas […] Robarse una elección ahí es imposible; se tendría que poner de acuerdo a decenas de miles de personas”.
Aunque fueron señaladas graves irregularidades previas [a las elecciones], como la salida forzada de candidatos como Carlos Pineda y Thelma Cabrera, la actuación cuestionable del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que compró software a precios inflados y actuó con servilismo, el sector empresarial rechazó, desde el primer momento, cualquier narrativa de robo en las urnas.
El jueves siguiente, el presidente de la Cámara de Industria contactó personalmente a Arenas para alertarlo de una reunión donde los organizadores pretendían impulsar la agenda del fraude. Su respuesta fue clara: “Definitivamente, yo creía que eso no era así […] que además era peligrosísimo que permitiéramos que sucediera”.
Ese viernes se organizó una reunión; participaron el propio presidente de la Cámara de Industria, su vicepresidente, el secretario general de ese momento, cuatro expresidentes de la Cámara y Arenas. En tan solo media hora llegaron a una conclusión unánime: la Cámara de Industria debía defender los resultados de la primera vuelta y exigir que se respetara el proceso electoral. Permitir que la narrativa del fraude avanzara representaba un peligro existencial para la democracia.
Esa decisión se materializó con velocidad. El sábado 1 de julio de 2023, uno de los directores de la Cámara de Industria se reunió con la junta directiva de CACIF; a las 5 pm se publicó el primer comunicado oficial del sector privado organizado, en el que se celebraba la realización de elecciones democráticas y se exigía el respeto absoluto a los resultados. Apenas una hora después, a las 6, República publicó un editorial en el mismo sentido: el sistema electoral y la democracia son pilares fundamentales de la República y debía garantizarse la segunda vuelta.
Sin embargo, la presión no cesó. El 12 de julio se intentó cancelar el partido Semilla alegando irregularidades en su conformación. El sector empresarial, junto con la Corte de Constitucionalidad (CC), se convirtieron en los principales diques. “La Corte de Constitucionalidad una vez más fue el gran salvador de las elecciones”, señaló Arenas. En esa Corte estaban magistrados como Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leila Lemus, varios de ellos nombrados por gobiernos anteriores. Pese a ello, emitieron resoluciones que protegieron el proceso electoral y garantizaron la segunda vuelta.
El jueves 13 de julio, la junta directiva ampliada del CACIF —con unos 40 a 50 empresarios— ratificó la posición en una reunión cuya fotografía circuló ampliamente en redes sociales. La decisión fue unánime: se defienden las elecciones. “Incluso cuando a muchos de nosotros nos habían tratado de entrar a la cárcel sin ninguna prueba”, recordó Arenas. “Para nosotros el fin no justifica los medios”.
El respaldo del sector privado organizado y las resoluciones de la CC se reforzaron mutuamente. Cuando la CC vio que el sector privado organizado estaba tomando esa posición, les dio confianza de que una vez más podía ser ese garante republicano democrático. Y cuando el sector privado vio que la CC había tomado esa posición, los envalentonó y dio más fuerza.
A pesar de ello, al peor estilo bochinchero, se organizaron bloqueos en varios puntos del país con el apoyo directo del exfuncionario de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, Patrick Ventrell; el sector empresarial rechazó de manera categórica los bloqueos calificados como “actos terroristas” porque vulneraban la libertad de locomoción del resto de la población. También condenó el intento de boicot al 14 de enero de 2024, que consideró más un “show” que una acción con sustento legal. “Legalmente estaba clarísimo que el resultado era el resultado y que el presidente electo era Bernardo Arévalo”.
Algo de suma importancia —que mucha gente no entendió—, es lo peligroso que hubiera sido que esta gente [los que bloquearon y quienes los apoyaron] ganara esa batalla; ahí sí se hubiese caído en un momento complicado como el de Nicaragua o el de Venezuela, donde las elecciones son una pantomima.
La narrativa de los grupos de choque que bloquearon rutas y que violaron derechos fundamentales de los guatemaltecos, así como quienes los apoyaron a cometer esos abusos, es que ellos “defendieron la democracia”. Mentira. Ellos, en todo caso, defendieron unos resultados que les favorecían, simplemente.
La democracia —y el sistema republicano de gobierno— se defiende en el marco de la constitución y de las leyes, que fue precisamente lo que el sector privado y la CC hicieron. Lo que ha quedado demostrado una y otra vez en la historia democrática reciente del país es que las instituciones —a pesar de los embates— funcionan. Se deben fortalecer, no atacar con medidas de hecho que violan los derechos de los guatemaltecos.
El domingo 25 de junio de 2023, Guatemala vivió una noche electoral que nadie anticipaba. Bernardo Arévalo, candidato del partido Movimiento Semilla, sorprendió a todos —incluyendo al propio partido— al obtener el segundo lugar en la primera vuelta con apenas el 11.5 % de los votos, alrededor de 650 000 sufragios. Pasadas las doce de la noche, República, en la voz del presidente editor, Rodrigo Arenas, reconoció públicamente el resultado.
Apenas 24 horas después, el lunes 26 de junio, comenzaron a circular rumores insistentes de fraude electoral, promovidos por sectores vinculados al gobierno saliente de Alejandro Giammattei y de Miguel Martínez. Para el sector privado organizado, la respuesta fue inmediata y contundente: no había ocurrido fraude el día de las elecciones.
“Yo conozco muy bien cómo funciona todo el sistema electoral de Guatemala”, explicó Arenas, quien participó en prácticamente todas las instancias del proceso desde los años noventa. “Nuestro sistema está muy bien conformado […] Además, el día de las elecciones se movilizan alrededor de 120 000 personas […] Robarse una elección ahí es imposible; se tendría que poner de acuerdo a decenas de miles de personas”.
Aunque fueron señaladas graves irregularidades previas [a las elecciones], como la salida forzada de candidatos como Carlos Pineda y Thelma Cabrera, la actuación cuestionable del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que compró software a precios inflados y actuó con servilismo, el sector empresarial rechazó, desde el primer momento, cualquier narrativa de robo en las urnas.
El jueves siguiente, el presidente de la Cámara de Industria contactó personalmente a Arenas para alertarlo de una reunión donde los organizadores pretendían impulsar la agenda del fraude. Su respuesta fue clara: “Definitivamente, yo creía que eso no era así […] que además era peligrosísimo que permitiéramos que sucediera”.
Ese viernes se organizó una reunión; participaron el propio presidente de la Cámara de Industria, su vicepresidente, el secretario general de ese momento, cuatro expresidentes de la Cámara y Arenas. En tan solo media hora llegaron a una conclusión unánime: la Cámara de Industria debía defender los resultados de la primera vuelta y exigir que se respetara el proceso electoral. Permitir que la narrativa del fraude avanzara representaba un peligro existencial para la democracia.
Esa decisión se materializó con velocidad. El sábado 1 de julio de 2023, uno de los directores de la Cámara de Industria se reunió con la junta directiva de CACIF; a las 5 pm se publicó el primer comunicado oficial del sector privado organizado, en el que se celebraba la realización de elecciones democráticas y se exigía el respeto absoluto a los resultados. Apenas una hora después, a las 6, República publicó un editorial en el mismo sentido: el sistema electoral y la democracia son pilares fundamentales de la República y debía garantizarse la segunda vuelta.
Sin embargo, la presión no cesó. El 12 de julio se intentó cancelar el partido Semilla alegando irregularidades en su conformación. El sector empresarial, junto con la Corte de Constitucionalidad (CC), se convirtieron en los principales diques. “La Corte de Constitucionalidad una vez más fue el gran salvador de las elecciones”, señaló Arenas. En esa Corte estaban magistrados como Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leila Lemus, varios de ellos nombrados por gobiernos anteriores. Pese a ello, emitieron resoluciones que protegieron el proceso electoral y garantizaron la segunda vuelta.
El jueves 13 de julio, la junta directiva ampliada del CACIF —con unos 40 a 50 empresarios— ratificó la posición en una reunión cuya fotografía circuló ampliamente en redes sociales. La decisión fue unánime: se defienden las elecciones. “Incluso cuando a muchos de nosotros nos habían tratado de entrar a la cárcel sin ninguna prueba”, recordó Arenas. “Para nosotros el fin no justifica los medios”.
El respaldo del sector privado organizado y las resoluciones de la CC se reforzaron mutuamente. Cuando la CC vio que el sector privado organizado estaba tomando esa posición, les dio confianza de que una vez más podía ser ese garante republicano democrático. Y cuando el sector privado vio que la CC había tomado esa posición, los envalentonó y dio más fuerza.
A pesar de ello, al peor estilo bochinchero, se organizaron bloqueos en varios puntos del país con el apoyo directo del exfuncionario de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, Patrick Ventrell; el sector empresarial rechazó de manera categórica los bloqueos calificados como “actos terroristas” porque vulneraban la libertad de locomoción del resto de la población. También condenó el intento de boicot al 14 de enero de 2024, que consideró más un “show” que una acción con sustento legal. “Legalmente estaba clarísimo que el resultado era el resultado y que el presidente electo era Bernardo Arévalo”.
Algo de suma importancia —que mucha gente no entendió—, es lo peligroso que hubiera sido que esta gente [los que bloquearon y quienes los apoyaron] ganara esa batalla; ahí sí se hubiese caído en un momento complicado como el de Nicaragua o el de Venezuela, donde las elecciones son una pantomima.
La narrativa de los grupos de choque que bloquearon rutas y que violaron derechos fundamentales de los guatemaltecos, así como quienes los apoyaron a cometer esos abusos, es que ellos “defendieron la democracia”. Mentira. Ellos, en todo caso, defendieron unos resultados que les favorecían, simplemente.
La democracia —y el sistema republicano de gobierno— se defiende en el marco de la constitución y de las leyes, que fue precisamente lo que el sector privado y la CC hicieron. Lo que ha quedado demostrado una y otra vez en la historia democrática reciente del país es que las instituciones —a pesar de los embates— funcionan. Se deben fortalecer, no atacar con medidas de hecho que violan los derechos de los guatemaltecos.
