El proceso electoral de 2027 ya muestra señales de campaña anticipada. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), investigan a 70 políticos. Resaltan los perfiles de alcaldes, concejales y síndicos. Al tener cercanía con las comunidades, les es más fácil hacer promoción de su imagen. La agravante: en la mayoría de los casos, lo realizan con fondos públicos.
Por qué importa. La práctica cobra relevancia ante la poca ejecución de los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). Hasta el mes pasado, solo se había ejecutado el 22 %. En este año cuentan con más presupuesto, pues los recursos no ejecutados en el 2024 pasaron al 2025.
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A través de las pocas obras realizadas bajo este mecanismo, buscan proyectarse para una posible reelección en 2027. Algunos, como los concejales y síndicos, apostarán por la silla edil.
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La comunicación institucional de las municipalidades se convirtió en propaganda disfrazada de gestión pública. Los municipios pequeños del interior del país son los más afectados.
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La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no define con precisión qué mensajes configuran campaña anticipada. La imprecisión genera riesgos de interpretación.
Visto y no visto. La campaña anticipada no es nueva, pero se repite antes de cada proceso electoral. Inició este año y continuará el próximo, aunque hasta 2027 sean las elecciones. La estrategia se basa en disfrazar el proselitismo con informes de gestión o eventos comunitarios, siempre con un tono más político que administrativo.
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Los discursos públicos suelen destacar al funcionario más que al proyecto. Un ejemplo es el alcalde de Mixco, Neto Bran. En varias ocasiones expresó: “no me asusto, veo cómo recaudo, las obras no van a parar”.
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En la primera semana de marzo de este año, Bran tuvo reuniones con los CODEDE. En ellas se gestionaron y aprobaron los proyectos de agua potable en la zona 5 de Mixco.
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Sin embargo, Bran presentó la obra como gestión propia. Es importante resaltar que, en la mayoría de la comunicación municipal, él figura como centro de los mensajes. Esta práctica se replica en varios municipios.
Sí, pero. En los perfiles de redes sociales de las comunas, los alcaldes se posicionan de forma inusual como figuras políticas de cambio. Es decir, transforman las obras en logro personal y no de la corporación municipal. Usan plataformas institucionales para exaltar supuestos logros individuales.
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El mecanismo de aprobación de obras a través de los CODEDE se implementó en la administración de Bernardo Arévalo.
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Según el mandatario, la medida buscaba despolitizar las obras. En gestiones anteriores, las comunas las distribuían según intereses políticos.
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No obstante, el fenómeno no desapareció. Todo lo contrario, tomó más fuerza. Ahora, los CODEDE son el foco de corrupción para la distribución de proyectos. Por su parte, los alcaldes lo hacen propio.
En conclusión. La campaña anticipada en el país evidencia una práctica recurrente que debilita la institucionalidad. La ambigüedad en la LEPP permite que alcaldes y corporaciones municipales utilicen recursos públicos para proyectar su imagen con miras a 2027.
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La débil línea entre la gestión pública y la autopromoción alimenta un vacío legal que los funcionarios saben explotar.
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La centralidad de los CODEDE, lejos de despolitizar las obras, los convirtió en un nuevo espacio de disputa y corrupción.
El proceso electoral de 2027 ya muestra señales de campaña anticipada. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), investigan a 70 políticos. Resaltan los perfiles de alcaldes, concejales y síndicos. Al tener cercanía con las comunidades, les es más fácil hacer promoción de su imagen. La agravante: en la mayoría de los casos, lo realizan con fondos públicos.
Por qué importa. La práctica cobra relevancia ante la poca ejecución de los fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). Hasta el mes pasado, solo se había ejecutado el 22 %. En este año cuentan con más presupuesto, pues los recursos no ejecutados en el 2024 pasaron al 2025.
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A través de las pocas obras realizadas bajo este mecanismo, buscan proyectarse para una posible reelección en 2027. Algunos, como los concejales y síndicos, apostarán por la silla edil.
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La comunicación institucional de las municipalidades se convirtió en propaganda disfrazada de gestión pública. Los municipios pequeños del interior del país son los más afectados.
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La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no define con precisión qué mensajes configuran campaña anticipada. La imprecisión genera riesgos de interpretación.
Visto y no visto. La campaña anticipada no es nueva, pero se repite antes de cada proceso electoral. Inició este año y continuará el próximo, aunque hasta 2027 sean las elecciones. La estrategia se basa en disfrazar el proselitismo con informes de gestión o eventos comunitarios, siempre con un tono más político que administrativo.
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Los discursos públicos suelen destacar al funcionario más que al proyecto. Un ejemplo es el alcalde de Mixco, Neto Bran. En varias ocasiones expresó: “no me asusto, veo cómo recaudo, las obras no van a parar”.
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En la primera semana de marzo de este año, Bran tuvo reuniones con los CODEDE. En ellas se gestionaron y aprobaron los proyectos de agua potable en la zona 5 de Mixco.
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Sin embargo, Bran presentó la obra como gestión propia. Es importante resaltar que, en la mayoría de la comunicación municipal, él figura como centro de los mensajes. Esta práctica se replica en varios municipios.
Sí, pero. En los perfiles de redes sociales de las comunas, los alcaldes se posicionan de forma inusual como figuras políticas de cambio. Es decir, transforman las obras en logro personal y no de la corporación municipal. Usan plataformas institucionales para exaltar supuestos logros individuales.
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El mecanismo de aprobación de obras a través de los CODEDE se implementó en la administración de Bernardo Arévalo.
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Según el mandatario, la medida buscaba despolitizar las obras. En gestiones anteriores, las comunas las distribuían según intereses políticos.
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No obstante, el fenómeno no desapareció. Todo lo contrario, tomó más fuerza. Ahora, los CODEDE son el foco de corrupción para la distribución de proyectos. Por su parte, los alcaldes lo hacen propio.
En conclusión. La campaña anticipada en el país evidencia una práctica recurrente que debilita la institucionalidad. La ambigüedad en la LEPP permite que alcaldes y corporaciones municipales utilicen recursos públicos para proyectar su imagen con miras a 2027.
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La débil línea entre la gestión pública y la autopromoción alimenta un vacío legal que los funcionarios saben explotar.
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La centralidad de los CODEDE, lejos de despolitizar las obras, los convirtió en un nuevo espacio de disputa y corrupción.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: