EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Gobierno –el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda– se enfrenta a otra ruta principal bloqueada: la ruta al Atlántico. Al igual que sucedió con la autopista Palín-Escuintla, la respuesta de las autoridades fue deficiente; tanto en el primer caso, como en el segundo, la solución solo ha sido posible gracias al apoyo del sector privado.
Meses después de ocurrido el socavón del kilómetro 44, las autoridades no han dado una explicación clara de quién atendió esa emergencia, a que costo y cómo ha sido sufragado. Lo que sí se sabe es que, luego de la ampliación presupuestaria y mediante un procedimiento distinto a una licitación, se escogió a dedo a 3 empresas para reparar distintos puntos de esa ruta. El monto: GTQ 100M, el mismo por el cual una empresa había ofertado durante el breve estado de calamidad que decreto el Ejecutivo en julio pasado.
Ahora el problema lo enfrentan en otro frente. Esta semana, se registró un derrumbe en el kilómetro 61 de la CA-9 Norte –ruta al Atlántico– donde se ubican los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. El derrumbe –ampliamente difundido en redes sociales– paralizó el tránsito por esa vía. Como ya había ocurrido en la autopista Palín-Escuintla, el ministro pidió apoyo a empresas privadas y, gracias ellas, se ha ido liberando el paso.
En esa área, puntualmente en las vecindades del kilómetro 61, hay un enorme riesgo ecológico por las operaciones de empresas extractoras de materiales que lo han hecho de manera ilegal, por supuesto, sin planificación y cuidado algunos, con lo que los taludes –también mal diseñados– están en constante riesgo, tal como quedó evidenciado esta semana. Es necesario que las autoridades de los Ministerios de Energía y Minas, y de Ambiente y Recursos Naturales cierren las operaciones ilegales de los alrededores.
Es urgente invertir en infraestructura resiliente, para que no siga ocurriendo lo del kilómetro 61de la CA-9 Norte, ni lo del 44 de la Palín-Escuintla. Mantenimiento, equipo para manejar las emergencias, planes para no reaccionar sino prever.
La actual administración debe mejorar ostensiblemente su capacidad de ejecución. No es admisible la excusa que los procesos tardan mucho; nunca harán nada si no empiezan lanzando los eventos de licitación para mantenimiento y construcción de infraestructura. 4 años de gobierno pasan muy rápido.
El Gobierno –el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda– se enfrenta a otra ruta principal bloqueada: la ruta al Atlántico. Al igual que sucedió con la autopista Palín-Escuintla, la respuesta de las autoridades fue deficiente; tanto en el primer caso, como en el segundo, la solución solo ha sido posible gracias al apoyo del sector privado.
Meses después de ocurrido el socavón del kilómetro 44, las autoridades no han dado una explicación clara de quién atendió esa emergencia, a que costo y cómo ha sido sufragado. Lo que sí se sabe es que, luego de la ampliación presupuestaria y mediante un procedimiento distinto a una licitación, se escogió a dedo a 3 empresas para reparar distintos puntos de esa ruta. El monto: GTQ 100M, el mismo por el cual una empresa había ofertado durante el breve estado de calamidad que decreto el Ejecutivo en julio pasado.
Ahora el problema lo enfrentan en otro frente. Esta semana, se registró un derrumbe en el kilómetro 61 de la CA-9 Norte –ruta al Atlántico– donde se ubican los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. El derrumbe –ampliamente difundido en redes sociales– paralizó el tránsito por esa vía. Como ya había ocurrido en la autopista Palín-Escuintla, el ministro pidió apoyo a empresas privadas y, gracias ellas, se ha ido liberando el paso.
En esa área, puntualmente en las vecindades del kilómetro 61, hay un enorme riesgo ecológico por las operaciones de empresas extractoras de materiales que lo han hecho de manera ilegal, por supuesto, sin planificación y cuidado algunos, con lo que los taludes –también mal diseñados– están en constante riesgo, tal como quedó evidenciado esta semana. Es necesario que las autoridades de los Ministerios de Energía y Minas, y de Ambiente y Recursos Naturales cierren las operaciones ilegales de los alrededores.
Es urgente invertir en infraestructura resiliente, para que no siga ocurriendo lo del kilómetro 61de la CA-9 Norte, ni lo del 44 de la Palín-Escuintla. Mantenimiento, equipo para manejar las emergencias, planes para no reaccionar sino prever.
La actual administración debe mejorar ostensiblemente su capacidad de ejecución. No es admisible la excusa que los procesos tardan mucho; nunca harán nada si no empiezan lanzando los eventos de licitación para mantenimiento y construcción de infraestructura. 4 años de gobierno pasan muy rápido.
