Primer obstáculo para la Ley de Competencia: directorio sin conformarse

La aprobación de la Ley de Competencia representó una victoria para el oficialismo y sus aliados, luego de que permaneciera engavetada durante varios años. Sin embargo, la falta de nombramientos por parte del Congreso ya expone el primer obstáculo institucional: la imposibilidad de conformar el directorio encargado de elegir al superintendente.

Por qué importa. La ley estuvo en discusión más de una década y fue hasta el 2024, que finalmente se convirtió en decreto. No obstante, esta demora en su implementación deja en evidencia que, a pesar de las pretendidas buenas intenciones del marco legal, su ejecución enfrenta limitaciones.

• Hasta ahora, ningún grupo en el Congreso ha logrado reunir los 81 votos necesarios para designar a los directores titular y suplente. En contraste, la Junta Monetaria y el Ejecutivo, respectivamente, ya los nombraron.
• Por ahora, el directorio está integrado solamente por Javier Enrique Bauer Herbruger, Edgar Rolando Guzmán Fuentes como titulares y Alfredo Skinner-Klée Sol y Luis Guillermo Velásquez Pérez como suplentes.
• Está previsto que los diputados hagan un nuevo intento la próxima semana, en busca de alcanzar el consenso necesario para completar las designaciones.

Visto y no visto. No es la primera entidad que enfrenta problemas con su puesta en marcha. Otro ejemplo es la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, entidad que no tiene recursos para operar debido a que el Ministerio de Finanzas (Minfin) ha sido remiso en asignarle los fondos que por ley le corresponden.

• Según el texto legal, la Dirección de Infraestructura debe gozar de independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. Además, debe contar con recursos propios.
• Ello, no se ha podido concretar; plantea un reto para la primera titular de la dirección, Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado.
• Se espera que la asignación de fondos se realice en septiembre próximo. Para lograr los desembolsos, el Minfin debe crearle un código administrativo a la nueva entidad, un proceso que puede tardar un máximo de 90 días. A partir de entonces, se podrá iniciar con la contratación de personal y con la realización de estudios técnicos.

En conclusión. La aprobación de leyes que crean nuevas entidades no garantiza, por sí sola, su funcionamiento efectivo. Tanto la Ley de Competencia, como la Dirección de Infraestructura Vial, ilustran cómo los obstáculos institucionales, falta de consensos y retrasos administrativos pueden frenar proyectos clave para el país.

• El verdadero desafío no radica únicamente en legislar, sino en asegurar funcionamiento y eficacia. Sin avances concretos en la designación de autoridades, o en la habilitación operativa de las entidades, los decretos corren riesgo de quedarse en letra muerta y generar —con razón— frustración ciudadana.
• La experiencia demuestra que, sin una estructura operativa funcional desde el inicio, las nuevas instituciones pierden credibilidad. Cumplir con lo estipulado en la ley es apenas el primer paso; lo esencial es que el marco legal se traduzca en resultados.