La Prensa Gráfica
10 de febrero, 2026
Un tribunal federal de apelaciones en EE.UU. autorizó a la Administración de Donald Trump a avanzar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua. La decisión suspende una orden previa y permite al Gobierno retomar su política para limitar estas protecciones migratorias de larga data.
Es noticia. Un panel de tres jueces del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, suspendió la orden de un tribunal inferior que impedía a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, poner fin al TPS para ciudadanos de Honduras, Nepal y Nicaragua.
- Según el fallo, los magistrados consideraron que el Gobierno tiene “probabilidades” de demostrar que la instancia anterior “carecía de jurisdicción” o que Noem presentó fundamentos válidos para retirar las protecciones.
- El documento judicial destaca que decisiones previas del Tribunal Supremo influyeron en el análisis, especialmente fallos que permitieron continuar la cancelación del TPS para venezolanos.
- Al ordenar la suspensión, los jueces señalaron que debían sopesar el posible perjuicio para ambas partes, desde los riesgos de deportación y pérdida de empleo para los migrantes hasta la imposibilidad del Gobierno de aplicar su política migratoria preferida.
Qué destacar. La resolución abre la puerta a la eliminación del TPS para unos 50,000 hondureños, 7,000 nepalíes y 3,000 nicaragüenses, quienes han vivido durante años bajo protección frente a desastres naturales, crisis humanitarias o inestabilidad en sus países de origen.
- El fallo implica que estas poblaciones quedan nuevamente expuestas a procesos de deportación y a la pérdida de permisos laborales que han sido renovados durante décadas.
- Para la comunidad migrante, el retroceso genera incertidumbre inmediata, pues muchos han construido familias, carreras y redes comunitarias en EE.UU. En el expediente, los demandantes advirtieron que la terminación del estatus los coloca en riesgo de separación familiar y pérdida de cobertura médica.
- Aunque el tribunal reconoció estos argumentos, enfatizó que decisiones de la Corte Suprema en casos similares limitaron el margen para detener la política del Ejecutivo.
En el radar. La autorización judicial representa un nuevo paso en la agenda migratoria de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca. Su Gobierno busca eliminar o restringir el TPS para más de un millón de personas de ocho países. Desde su llegada, ha insistido en que el programa, vigente desde hace décadas, fue extendido en exceso y debe revisarse país por país.
- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que las condiciones que motivaron las designaciones iniciales ya no justifican mantener las protecciones.
- Los jueces del Noveno Circuito señalaron que el Gobierno presentó “razones aparentemente legítimas” para respaldar esa postura.
- La Administración ha sostenido que, sin la suspensión del fallo previo, se vería imposibilitada de implementar su política migratoria en toda su extensión.
Qué sigue. Con la suspensión de la orden del tribunal de distrito, el caso seguirá en apelación, pero mientras tanto la Administración Trump queda habilitada para avanzar en la cancelación del TPS para los tres países.
- El proceso podría traducirse en notificaciones formales a los beneficiarios y la fijación de fechas límite para abandonar el país o buscar alternativas legales. Sin embargo, organizaciones migrantes anticipan nuevos litigios y presiones políticas en el Congreso.
- El tribunal reconoció que las decisiones anteriores del Supremo no ofrecían razonamientos detallados, lo que deja espacio para futuros cuestionamientos legales.
- Aun así, el fallo actual inclina la balanza hacia la Casa Blanca, reforzando una estrategia que podría derivar en deportaciones masivas y en la redefinición del alcance del TPS, un programa clave en la política migratoria estadounidense.
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10 de febrero, 2026
Un tribunal federal de apelaciones en EE.UU. autorizó a la Administración de Donald Trump a avanzar con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nepal y Nicaragua. La decisión suspende una orden previa y permite al Gobierno retomar su política para limitar estas protecciones migratorias de larga data.
Es noticia. Un panel de tres jueces del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, suspendió la orden de un tribunal inferior que impedía a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, poner fin al TPS para ciudadanos de Honduras, Nepal y Nicaragua.
- Según el fallo, los magistrados consideraron que el Gobierno tiene “probabilidades” de demostrar que la instancia anterior “carecía de jurisdicción” o que Noem presentó fundamentos válidos para retirar las protecciones.
- El documento judicial destaca que decisiones previas del Tribunal Supremo influyeron en el análisis, especialmente fallos que permitieron continuar la cancelación del TPS para venezolanos.
- Al ordenar la suspensión, los jueces señalaron que debían sopesar el posible perjuicio para ambas partes, desde los riesgos de deportación y pérdida de empleo para los migrantes hasta la imposibilidad del Gobierno de aplicar su política migratoria preferida.
Qué destacar. La resolución abre la puerta a la eliminación del TPS para unos 50,000 hondureños, 7,000 nepalíes y 3,000 nicaragüenses, quienes han vivido durante años bajo protección frente a desastres naturales, crisis humanitarias o inestabilidad en sus países de origen.
- El fallo implica que estas poblaciones quedan nuevamente expuestas a procesos de deportación y a la pérdida de permisos laborales que han sido renovados durante décadas.
- Para la comunidad migrante, el retroceso genera incertidumbre inmediata, pues muchos han construido familias, carreras y redes comunitarias en EE.UU. En el expediente, los demandantes advirtieron que la terminación del estatus los coloca en riesgo de separación familiar y pérdida de cobertura médica.
- Aunque el tribunal reconoció estos argumentos, enfatizó que decisiones de la Corte Suprema en casos similares limitaron el margen para detener la política del Ejecutivo.
En el radar. La autorización judicial representa un nuevo paso en la agenda migratoria de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca. Su Gobierno busca eliminar o restringir el TPS para más de un millón de personas de ocho países. Desde su llegada, ha insistido en que el programa, vigente desde hace décadas, fue extendido en exceso y debe revisarse país por país.
- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que las condiciones que motivaron las designaciones iniciales ya no justifican mantener las protecciones.
- Los jueces del Noveno Circuito señalaron que el Gobierno presentó “razones aparentemente legítimas” para respaldar esa postura.
- La Administración ha sostenido que, sin la suspensión del fallo previo, se vería imposibilitada de implementar su política migratoria en toda su extensión.
Qué sigue. Con la suspensión de la orden del tribunal de distrito, el caso seguirá en apelación, pero mientras tanto la Administración Trump queda habilitada para avanzar en la cancelación del TPS para los tres países.
- El proceso podría traducirse en notificaciones formales a los beneficiarios y la fijación de fechas límite para abandonar el país o buscar alternativas legales. Sin embargo, organizaciones migrantes anticipan nuevos litigios y presiones políticas en el Congreso.
- El tribunal reconoció que las decisiones anteriores del Supremo no ofrecían razonamientos detallados, lo que deja espacio para futuros cuestionamientos legales.
- Aun así, el fallo actual inclina la balanza hacia la Casa Blanca, reforzando una estrategia que podría derivar en deportaciones masivas y en la redefinición del alcance del TPS, un programa clave en la política migratoria estadounidense.
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