Por no convocar al pleno, CC llega tarde y ordena rehacer nómina para fiscal general del MP

La Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a colocar bajo escrutinio el proceso de elección del fiscal general del Ministerio Público al otorgar un amparo provisional que obliga a recalificar expedientes y elaborar una nueva nómina de candidatos.

Es noticia. La resolución responde a una acción constitucional planteada por el abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle.

• Añade nuevas presiones institucionales en un proceso marcado por retrasos, omisiones y cuestionamientos legales.
• El amparo fue presentado el 4 de marzo y está directamente relacionado con la calificación realizada por la Comisión de Postulación, particularmente por la discusión sobre si el tiempo ejercido como abogado puede equipararse al tiempo requerido como juez para cumplir con los requisitos constitucionales.
• La CC determinó que esta discusión es relevante y debe ser abordada de forma expresa y uniforme para los 49 postulantes.

Qué destacar. Como parte de los efectos prácticos del amparo, la resolución establece plazos concretos con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los tiempos constitucionales.

• En ese sentido, se otorgaron cuatro horas al presidente Bernardo Arévalo para que devuelva la nómina de seis candidatos que ya había recibido.
• Asimismo, se concedieron 48 horas a la Comisión de Postulación para que realice una nueva calificación y verifique si los 49 aspirantes cumplen con el requisito de tiempo, a partir de la discusión sobre la equiparación del ejercicio profesional de abogado con el de juez.
• Los plazos fueron fijados precisamente para evitar que el retraso comprometa el calendario constitucional y para garantizar que la nómina final enviada al Ejecutivo esté integrada únicamente por candidatos que cumplan estrictamente con los requisitos legales.

Por qué importa. La resolución también pone en evidencia la responsabilidad directa dentro del pleno de magistrados de la CC.

• En la discusión interna del tribunal quedó señalado el rol tanto de la actual presidenta, Gladys Annabella Morfín, como de la expresidenta Leyla Lemus, por no haber convocado oportunamente a sesión para conocer y resolver el amparo solicitado por Falla desde el 6 de marzo.
• La omisión resulta más grave porque, tras la reciente toma de posesión de Morfín, tres magistrados titulares solicitaron de manera inmediata la convocatoria al pleno, en cumplimiento del artículo 180 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
• A pesar de que el requisito legal estaba cumplido y de que incluso la octava magistratura ya había emitido criterio sobre esta discusión, la presidenta no convocó a sesión extraordinaria.

Por qué importa. Frente a esta inacción, el abogado accionante presentó una petición constitucional adicional.

• El 17 de abril, una denuncia penal contra Morfín por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de justicia, señalando que el retraso deliberado ha afectado un proceso de alto impacto institucional.
• Las consecuencias ya se reflejan en la Comisión de Postulación, que quedó entrampada desde el viernes anterior en el análisis de expedientes, entre ellos el del ministro Marco Antonio Villeda, por un posible incumplimiento de requisitos.
• Esto impidió concluir la calificación de los postulantes y retrasó el envío oportuno de la nómina al presidente.

En conclusión. Además del impacto administrativo, el riesgo mayor es jurídico: incluir candidatos que no cumplan los requisitos podría provocar la nulidad total del proceso y obligar a repetirlo, con severos daños a la institucionalidad.

•  La falta de convocatoria y de resolución coloca a la Corte en una posición incompatible con su función de garante del orden constitucional, en un momento crítico para el sistema de justicia del país.