Política Nacional de Seguridad con evidente sesgo ideológico de Semilla

Como parte del compromiso del presidente Bernardo Arévalo para redefinir el enfoque de seguridad en el país —vinculado con el fortalecimiento de las bases democráticas— se presentó la Política Nacional de Seguridad (PNS) y la Agenda Estratégica de Seguridad 2024.  

• En el marco de un modelo de seguridad democrática, la política tiene como objetivo vincular la seguridad, la democracia y el desarrollo humano, así como busca promover la planificación coordinada de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, según el mandatario.
• Para ello, se definieron ocho principios que regirán la actuación institucional. Entre estos se incluyen el respeto al Estado de derecho, la gobernanza democrática, la igualdad y equidad y la primacía del individuo.
• No obstante, tomando en consideración los contenidos de la política, más que una hoja de ruta para promover la seguridad en el país, el documento se presenta como una defensa ideológica de la narrativa progresista.  

Fisgón histórico. La última actualización de la PNS se realizó durante el gobierno del presidente Jimmy Morales, en 2017. El esfuerzo se centró en establecer nuevos referentes de valoración y medición de seguridad. Asimismo, plantea programas concretos para alcanzar los objetivos planteados sobre la seguridad nacional (GISEG), la gobernanza local (GLOBLOC) y el desarrollo (SEGDE).  

• A diferencia de la política de 2017, la de Arévalo asume como norma rectora el Tratado Marco de Seguridad Democrática, un acuerdo firmado por los países centroamericanos en 1995 con el fin de consolidar la transición hacia la era democrática.
• Consecuentemente, factores como “la dependencia de la democracia, la justicia social y el desarrollo humano”, permean a lo largo de toda la política.  

Lo indispensable. La presentación de intenciones, que alude a la necesidad de contar con un marco de seguridad inspirado en el modelo democrático para evitar que el Estado se convierta “en el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos”, refleja un sesgo ideológico.  

• Ello, porque la presentación —bajo la premisa de que sin democracia la seguridad se torna represiva— reflexiona sobre temas como el enfrentamiento armado interno, el “debilitamiento de las instituciones democráticas” en 2023 y el sometimiento de las instituciones de seguridad a dinámicas de corrupción, los cuales son cuestiones centrales en la agenda política de la administración.
• Asimismo, aunque el documento propone un abordaje preventivo, a fin de anticipar y mitigar los riesgos, la ausencia de capacidad institucional pone en duda la posibilidad de alcanzar estos objetivos.
• Por último, la implementación exitosa del modelo sugiere una dependencia con la “adecuada asignación de recursos”, un rubro en el que la actual administración ha demostrado tener claras deficiencias.  

Visto y no visto. La política establece cinco ejes estratégicos que funcionan como lineamientos que guían la construcción de las condiciones de seguridad y revelan las verdaderas preocupaciones del gobierno. No obstante, las medidas que la administración propone para enfrentar estos riesgos no reflejan la gravedad de las amenazas.

• Como parte del eje de seguridad interna, mientras que el crimen organizado, la delincuencia común y el tráfico de personas y amas se posicionan como algunos de los riesgos más desafiantes para las instituciones, las disposiciones para mejorar los controles se enfocan en campañas de concientización y desarrollo personal.
• Por su parte, el eje sobre la seguridad exterior se concentra en el impulso de la diplomacia para fomentar la cooperación internacional, para lo cual busca el fortalecimiento de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) y el Ministerio de Defensa Nacional (MINDEF).  

Por qué importa. La ambigüedad en las propuestas para la PNS propone serios problemas para el seguimiento de los lineamientos y resultados de la política.  

• Con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y la efectividad de estas medidas, la política introduce una serie de herramientas para darle seguimiento a los esfuerzos en el ámbito de seguridad.
• El instrumento tiene importantes deficiencias a nivel metodológico, ya que no plantea parámetros de medición reales, variables estadísticas o una población a evaluar.
• Como consecuencia, es de esperar que la herramienta de evaluación produzca resultados contradictorios, lo cual sería un mecanismo para justificar la creación de una máquina traga recursos, bajo la excusa de la seguridad.  

El balance. La ausencia de propuestas concretas para alcanzar los objetivos de la política plantea la posibilidad de que este sea un documento doctrinario y no pragmático.  

• Asimismo, existe una clara divergencia entre las prioridades planteadas en la PNS y la narrativa que promueve el gobierno, lo cual revela la falta de dirección y liderazgo en el ejercicio político.
• Tomando en cuenta que, históricamente, la PNS ha sido un instrumento en favor del incremento del poder estatal, es necesario que las instituciones vinculadas con el Sistema Nacional de Seguridad especifiquen qué medidas se implementarán, a fin de ejercer una correcta fiscalización.