EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los datos y la información se han convertido en el activo más valioso para compañías y los gobiernos a nivel global. Ante esta realidad ineludible, Guatemala se mantiene rezagada, exponiendo al país a una serie de riesgos que comprometen la seguridad nacional.
Panorama general. Aunque existen esfuerzos para fortalecer los sistemas de ciberseguridad en sectores como el financiero y en entidades como la SAT, estos son casos aislados. La ausencia de políticas de Estado y legislación que protejan adecuadamente contra ciberataques convierte a Guatemala en un objetivo atractivo para agencias de inteligencia extranjeras y redes criminales globales en busca de información sensible.
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Según un informe de la Asociación de Internet de Guatemala, los ataques cibernéticos han aumentado en un 125 % en los últimos cinco años, afectando a entidades gubernamentales, financieras y a la infraestructura de telecomunicaciones.
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En 2022, el Congreso de la República aprobó el decreto 39-2022, que contenía una ley que buscaba penalizar la ciberdelincuencia. Sin embargo –muy cuestionablemente– la ley nunca fue enviada al Ejecutivo para sanción.
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Actualmente, el pleno del Congreso conoció la iniciativa 6347, que busca aprobar una Ley de Ciberseguridad. No obstante, la posibilidad de que se discuta pronto en la apretada agenda legislativa es desalentadora.
Entre líneas. Las amenazas en ciberseguridad trascienden el ámbito doméstico y se extienden a nivel global. Implementar políticas y sistemas efectivos es un desafío complejo que subraya, aún más, la urgencia de contar con estos mecanismos de protección, donde la cooperación con autoridades internacionales se vuelve indispensable.
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El Convenio de Budapest, adoptado en 2001, es el primer tratado internacional que establece un marco común para combatir la ciberdelincuencia, facilita la cooperación global entre países y sirve de referencia para el desarrollo de leyes nacionales sobre delitos informáticos.
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“Parte de los requerimientos para formar parte del convenio es contar con una ley de ciberseguridad” aclaró Luis Cabrera, director de seguridad de la información de BANTRAB y participante en las mesas de discusión de la iniciativa 6347.
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“En 2022, Costa Rica sufrió un ataque muy fuerte. La comunidad internacional se organizó y hubo mucho apoyo hacia el país para adquirir las capacidades de defensa necesarias; y eso es algo a lo que no tendríamos acceso si no formamos parte del Convenio de Budapest” agregó.
Por qué importa. A medida que la actividad económica, civil, militar –e incluso las relaciones geopolíticas– se desarrolla cada vez más en el ámbito digital y la gestión de datos, emergen actores desestabilizadores y delictivos, nacionales e internacionales, cada vez más sofisticados.
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En Guatemala, la ausencia de un marco jurídico no solo ha dejado al país en una posición vulnerable, sino que ha obstaculizado la persecución penal de los ataques cibernéticos.
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“Muchas veces hemos llegado hasta los responsables, determinamos quiénes son, se hacen las denuncias, pero no prosperan porque no existe la figura legal para poder perseguir esos ataques” describió Cabrera.
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Pablo Barrera, director de servicios de ciberseguridad de ES Consulting, otro desafío para todos los sectores radica en la escasez de conocimiento en temas de ciberseguridad en el país. “Las cortes no están capacitadas para entender este tipo de situaciones. No digamos el Ministerio Público. Existe gente en estas instituciones que ya conoce un poco, pero aún son esfuerzos muy aislados” mencionó.
El balance. Además de los riesgos a la seguridad nacional, la falta de una política de ciberseguridad desalienta la inversión y dificulta la integración de Guatemala en la economía digital global.
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“Estamos navegando aguas que no conocemos y eso nos resta competitividad. Estamos viendo el ejemplo de El Salvador, donde ya están levantando centros de datos y haciendo alianzas con empresas grandes. Esto porque existe cierto marco jurídico y voluntad política, mientras que acá estamos tratando de solventar problemas del siglo pasado”, comentó Barrera.
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Guatemala necesita aprender de las experiencias de otros países y establecer una estrategia integral de ciberseguridad.
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Solo de esta manera se podrá garantizar la seguridad digital de los ciudadanos, las empresas y el Estado, así como la estabilidad del país en un mundo progresivamente más interconectado.
Los datos y la información se han convertido en el activo más valioso para compañías y los gobiernos a nivel global. Ante esta realidad ineludible, Guatemala se mantiene rezagada, exponiendo al país a una serie de riesgos que comprometen la seguridad nacional.
Panorama general. Aunque existen esfuerzos para fortalecer los sistemas de ciberseguridad en sectores como el financiero y en entidades como la SAT, estos son casos aislados. La ausencia de políticas de Estado y legislación que protejan adecuadamente contra ciberataques convierte a Guatemala en un objetivo atractivo para agencias de inteligencia extranjeras y redes criminales globales en busca de información sensible.
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Según un informe de la Asociación de Internet de Guatemala, los ataques cibernéticos han aumentado en un 125 % en los últimos cinco años, afectando a entidades gubernamentales, financieras y a la infraestructura de telecomunicaciones.
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En 2022, el Congreso de la República aprobó el decreto 39-2022, que contenía una ley que buscaba penalizar la ciberdelincuencia. Sin embargo –muy cuestionablemente– la ley nunca fue enviada al Ejecutivo para sanción.
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Actualmente, el pleno del Congreso conoció la iniciativa 6347, que busca aprobar una Ley de Ciberseguridad. No obstante, la posibilidad de que se discuta pronto en la apretada agenda legislativa es desalentadora.
Entre líneas. Las amenazas en ciberseguridad trascienden el ámbito doméstico y se extienden a nivel global. Implementar políticas y sistemas efectivos es un desafío complejo que subraya, aún más, la urgencia de contar con estos mecanismos de protección, donde la cooperación con autoridades internacionales se vuelve indispensable.
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El Convenio de Budapest, adoptado en 2001, es el primer tratado internacional que establece un marco común para combatir la ciberdelincuencia, facilita la cooperación global entre países y sirve de referencia para el desarrollo de leyes nacionales sobre delitos informáticos.
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“Parte de los requerimientos para formar parte del convenio es contar con una ley de ciberseguridad” aclaró Luis Cabrera, director de seguridad de la información de BANTRAB y participante en las mesas de discusión de la iniciativa 6347.
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“En 2022, Costa Rica sufrió un ataque muy fuerte. La comunidad internacional se organizó y hubo mucho apoyo hacia el país para adquirir las capacidades de defensa necesarias; y eso es algo a lo que no tendríamos acceso si no formamos parte del Convenio de Budapest” agregó.
Por qué importa. A medida que la actividad económica, civil, militar –e incluso las relaciones geopolíticas– se desarrolla cada vez más en el ámbito digital y la gestión de datos, emergen actores desestabilizadores y delictivos, nacionales e internacionales, cada vez más sofisticados.
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En Guatemala, la ausencia de un marco jurídico no solo ha dejado al país en una posición vulnerable, sino que ha obstaculizado la persecución penal de los ataques cibernéticos.
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“Muchas veces hemos llegado hasta los responsables, determinamos quiénes son, se hacen las denuncias, pero no prosperan porque no existe la figura legal para poder perseguir esos ataques” describió Cabrera.
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Pablo Barrera, director de servicios de ciberseguridad de ES Consulting, otro desafío para todos los sectores radica en la escasez de conocimiento en temas de ciberseguridad en el país. “Las cortes no están capacitadas para entender este tipo de situaciones. No digamos el Ministerio Público. Existe gente en estas instituciones que ya conoce un poco, pero aún son esfuerzos muy aislados” mencionó.
El balance. Además de los riesgos a la seguridad nacional, la falta de una política de ciberseguridad desalienta la inversión y dificulta la integración de Guatemala en la economía digital global.
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“Estamos navegando aguas que no conocemos y eso nos resta competitividad. Estamos viendo el ejemplo de El Salvador, donde ya están levantando centros de datos y haciendo alianzas con empresas grandes. Esto porque existe cierto marco jurídico y voluntad política, mientras que acá estamos tratando de solventar problemas del siglo pasado”, comentó Barrera.
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Guatemala necesita aprender de las experiencias de otros países y establecer una estrategia integral de ciberseguridad.
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Solo de esta manera se podrá garantizar la seguridad digital de los ciudadanos, las empresas y el Estado, así como la estabilidad del país en un mundo progresivamente más interconectado.
