Desde que Pedro Sánchez fue electo como presidente de España en el 2018, el PSOE ha gobernado ambivalentemente con respecto a los orígenes de su proyecto. La ideología política del sanchismo es camaleónica, respondiendo a la coyuntura, aun si eso implica desdecirse y darle la espalda a las promesas partidarias de sus inicios como líder de la oposición.
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No solo eso, la reputación del jefe de Gobierno también está en declive por la multitud de casos de corrupción que le persiguen.
En perspectiva. Sánchez, hoy, además, secretario general del PSOE, comenzó su carrera política con una narrativa muy lejana a la de ahora: patriotismo unificador y anticorrupción.
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Después de la moción de censura del 2018 para remover al entonces jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, Sánchez se esmeró en promover una “regeneración democrática” contra el Partido Popular.
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Siguiendo esa corriente, en el 2022, el PSOE presentó una reforma al delito de malversación, con el presunto propósito de homologarla a las formas europeas. Esta fue altamente criticada por reducir penas e introducir formas de enriquecimiento ilícito en vacíos legales.
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Ideológicamente, defendió la unidad de España reformista, incluso catalogando a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña, como prófugo de la justicia después del intento de declaración de independencia del 2017.
Lo indispensable. A pesar de los recursos retóricos que utilizó Sánchez y el apoyo del PSOE en el Parlamento, demostró ser laxo con sus discursos para salvar sus cuotas de poder.
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A pesar del empuje por regenerar democráticamente el país, el primer ministro ha estado envuelto en múltiples casos de corrupción de su círculo más próximo —su esposa, su hermano, su ministro de Transporte y su asesor, Koldo García—.
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Las acusaciones de corrupción de los aledaños al jefe de Gobierno son esencialmente parecidos: tráfico de influencias, corrupción privada, malversación de fondos y demás.
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Aún después del discurso de una España unida y apoyo para el juicio de Puigdemont, Sánchez terminó por viabilizar, defender y proponer la amnistía para múltiples separatistas, incluido Puigdemont.
Entre líneas. El PSOE y Sánchez han tomado decisiones perjudiciales para el proyecto de país que alguna vez prometieron, con tal de aferrarse a la silla del Ejecutivo.
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Ante una situación política fragmentada y sin una mayoría viable, Sánchez se alió con los partidos separatistas —con quienes prometió públicamente nunca hacerlo— para seguir con la aprobación presupuestaria y el control del Ejecutivo.
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El efecto de la política de camaleón —además de una esperada reducción de tensiones y mayor gobernabilidad en el Parlamento— fue sentar un precedente de elasticidad concesional ante radicales.
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El partido ha mantenido, sin un juicio definitivo, a los allegados al caso Koldo —una acusación de enriquecimiento de múltiples políticos a través de contratos públicos en la pandemia—, aun cuando la justicia española ha indicado que hay “indicios suficientes” para imputar cargos.
En conclusión. El retrato que emerge no es el de un estadista que conduce un proyecto de país, sino el de un tartufo político que subordina principios a necesidades coyunturales.
- Después de llevar la bandera de la regeneración democrática, ha promovido cambios penales cuestionados, ha tolerado que la sombra de la corrupción cercara su círculo y la normalización del apoyo a figuras secesionistas.
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Las consecuencias, en última instancia, tienen un efecto de institucionalidad débil: concesiones e instrumentalización de la ley para aquellos que deseen quedarse en poder.
Desde que Pedro Sánchez fue electo como presidente de España en el 2018, el PSOE ha gobernado ambivalentemente con respecto a los orígenes de su proyecto. La ideología política del sanchismo es camaleónica, respondiendo a la coyuntura, aun si eso implica desdecirse y darle la espalda a las promesas partidarias de sus inicios como líder de la oposición.
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No solo eso, la reputación del jefe de Gobierno también está en declive por la multitud de casos de corrupción que le persiguen.
En perspectiva. Sánchez, hoy, además, secretario general del PSOE, comenzó su carrera política con una narrativa muy lejana a la de ahora: patriotismo unificador y anticorrupción.
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Después de la moción de censura del 2018 para remover al entonces jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, Sánchez se esmeró en promover una “regeneración democrática” contra el Partido Popular.
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Siguiendo esa corriente, en el 2022, el PSOE presentó una reforma al delito de malversación, con el presunto propósito de homologarla a las formas europeas. Esta fue altamente criticada por reducir penas e introducir formas de enriquecimiento ilícito en vacíos legales.
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Ideológicamente, defendió la unidad de España reformista, incluso catalogando a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña, como prófugo de la justicia después del intento de declaración de independencia del 2017.
Lo indispensable. A pesar de los recursos retóricos que utilizó Sánchez y el apoyo del PSOE en el Parlamento, demostró ser laxo con sus discursos para salvar sus cuotas de poder.
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A pesar del empuje por regenerar democráticamente el país, el primer ministro ha estado envuelto en múltiples casos de corrupción de su círculo más próximo —su esposa, su hermano, su ministro de Transporte y su asesor, Koldo García—.
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Las acusaciones de corrupción de los aledaños al jefe de Gobierno son esencialmente parecidos: tráfico de influencias, corrupción privada, malversación de fondos y demás.
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Aún después del discurso de una España unida y apoyo para el juicio de Puigdemont, Sánchez terminó por viabilizar, defender y proponer la amnistía para múltiples separatistas, incluido Puigdemont.
Entre líneas. El PSOE y Sánchez han tomado decisiones perjudiciales para el proyecto de país que alguna vez prometieron, con tal de aferrarse a la silla del Ejecutivo.
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Ante una situación política fragmentada y sin una mayoría viable, Sánchez se alió con los partidos separatistas —con quienes prometió públicamente nunca hacerlo— para seguir con la aprobación presupuestaria y el control del Ejecutivo.
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El efecto de la política de camaleón —además de una esperada reducción de tensiones y mayor gobernabilidad en el Parlamento— fue sentar un precedente de elasticidad concesional ante radicales.
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El partido ha mantenido, sin un juicio definitivo, a los allegados al caso Koldo —una acusación de enriquecimiento de múltiples políticos a través de contratos públicos en la pandemia—, aun cuando la justicia española ha indicado que hay “indicios suficientes” para imputar cargos.
En conclusión. El retrato que emerge no es el de un estadista que conduce un proyecto de país, sino el de un tartufo político que subordina principios a necesidades coyunturales.
- Después de llevar la bandera de la regeneración democrática, ha promovido cambios penales cuestionados, ha tolerado que la sombra de la corrupción cercara su círculo y la normalización del apoyo a figuras secesionistas.
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Las consecuencias, en última instancia, tienen un efecto de institucionalidad débil: concesiones e instrumentalización de la ley para aquellos que deseen quedarse en poder.