EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya se encuentra en Guatemala desde el fin de semana, tras una invitación gubernamental para “acompañar” los procesos de elección de autoridades fundamentales.
Qué destacar. La delegación inició el acompañamiento técnico a las comisiones de postulación responsables de renovar cargos en el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, todos con incidencia directa en el ciclo electoral de 2026.
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La visita ocurre en medio de una creciente tensión institucional entre el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público (MP) y el juez Fredy Orellana.
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El presidente, Bernardo Arévalo, emprendió acciones legales contra el juzgador, quien resolvió la cancelación del partido oficial, el Movimiento Semilla.
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Mientras el MP insiste en que hubo irregularidades en las Elecciones Generales de 2023, el Ejecutivo sostiene que se trata de resoluciones ilegales que buscan socavar la legitimidad del gobierno y obstaculizar su gestión.
Lo que sigue. El Congreso de la República convocará el martes 11 de noviembre a la Comisión de Postulación encargada de iniciar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo mandato concluye en marzo de 2026.
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La decisión, anunciada por el diputado Juan Carlos Rivera, ocurre en medio de una crisis institucional que afecta directamente al órgano electoral. La convocatoria se da en cumplimiento de los plazos legales, pero bajo la sombra de una institucionalidad debilitada.
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Cuatro de los cinco magistrados titulares se encuentran suspendidos por orden judicial, vinculados al caso TREP, que investiga la presunta compra sobrevalorada de un sistema informático por GTQ 148M.
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El Ministerio Público los acusa de fraude y abuso de autoridad, mientras que sus defensores denuncian una persecución política. La magistratura del TSE ha sido señalada por irregularidades en contrataciones, falta de transparencia y vínculos con redes de poder.
En el radar. Hoy se convocó a la reunión semanal de la instancia de Jefes de Bloque para definir la agenda legislativa que, como de costumbre, solo tiene una sesión efectiva: la del martes. La del jueves es tiempo perdido.
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Tras cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó retomar la sesión del 4 de noviembre para elegir al primer vicepresidente y renovar la directiva para 2026, los diputados se concentran en el debate del Presupuesto General del Estado, que asciende a más de GTQ 163 000M.
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Esta discusión marca el inicio de intensas negociaciones entre las bancadas, en un contexto marcado por el escándalo del año anterior, cuando bajo similares negociaciones los legisladores se duplicaron el salario, hasta subirlo a más de GTQ 66 000.
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Este presupuesto será el correspondiente al año preelectoral. No se descarta que busquen incrementar partidas con fines clientelares. El oficialismo podría intentar distribuir más recursos estratégicamente para fortalecer su posición y asegurar continuidad en el poder
Ecos regionales. Exiliados nicaragüenses han expresado temor por la seguridad de Yadira Córdoba, tras la orden de deportación emitida por un juez en Texas.
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La activista permanece detenida en San Antonio mientras su defensa prepara una apelación antes del 8 de diciembre. Córdoba sería enviada a Honduras, lo que la expone a represalias del régimen Ortega-Murillo, según su familia.
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Todo está listo en Honduras para las elecciones generales del domingo 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral realizó este 9 de noviembre un simulacro nacional para verificar la logística, el sistema de transmisión de resultados y el desempeño del personal electoral.
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Costa Rica también se prepara para las elecciones generales del 1 de febrero de 2026, con 10 candidatos presidenciales en contienda. En la sede del TSE, representantes de 20 partidos firmaron un pacto ético interpartidario para promover campañas limpias y democráticas.
La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya se encuentra en Guatemala desde el fin de semana, tras una invitación gubernamental para “acompañar” los procesos de elección de autoridades fundamentales.
Qué destacar. La delegación inició el acompañamiento técnico a las comisiones de postulación responsables de renovar cargos en el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, todos con incidencia directa en el ciclo electoral de 2026.
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La visita ocurre en medio de una creciente tensión institucional entre el Organismo Ejecutivo, el Ministerio Público (MP) y el juez Fredy Orellana.
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El presidente, Bernardo Arévalo, emprendió acciones legales contra el juzgador, quien resolvió la cancelación del partido oficial, el Movimiento Semilla.
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Mientras el MP insiste en que hubo irregularidades en las Elecciones Generales de 2023, el Ejecutivo sostiene que se trata de resoluciones ilegales que buscan socavar la legitimidad del gobierno y obstaculizar su gestión.
Lo que sigue. El Congreso de la República convocará el martes 11 de noviembre a la Comisión de Postulación encargada de iniciar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo mandato concluye en marzo de 2026.
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La decisión, anunciada por el diputado Juan Carlos Rivera, ocurre en medio de una crisis institucional que afecta directamente al órgano electoral. La convocatoria se da en cumplimiento de los plazos legales, pero bajo la sombra de una institucionalidad debilitada.
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Cuatro de los cinco magistrados titulares se encuentran suspendidos por orden judicial, vinculados al caso TREP, que investiga la presunta compra sobrevalorada de un sistema informático por GTQ 148M.
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El Ministerio Público los acusa de fraude y abuso de autoridad, mientras que sus defensores denuncian una persecución política. La magistratura del TSE ha sido señalada por irregularidades en contrataciones, falta de transparencia y vínculos con redes de poder.
En el radar. Hoy se convocó a la reunión semanal de la instancia de Jefes de Bloque para definir la agenda legislativa que, como de costumbre, solo tiene una sesión efectiva: la del martes. La del jueves es tiempo perdido.
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Tras cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenó retomar la sesión del 4 de noviembre para elegir al primer vicepresidente y renovar la directiva para 2026, los diputados se concentran en el debate del Presupuesto General del Estado, que asciende a más de GTQ 163 000M.
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Esta discusión marca el inicio de intensas negociaciones entre las bancadas, en un contexto marcado por el escándalo del año anterior, cuando bajo similares negociaciones los legisladores se duplicaron el salario, hasta subirlo a más de GTQ 66 000.
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Este presupuesto será el correspondiente al año preelectoral. No se descarta que busquen incrementar partidas con fines clientelares. El oficialismo podría intentar distribuir más recursos estratégicamente para fortalecer su posición y asegurar continuidad en el poder
Ecos regionales. Exiliados nicaragüenses han expresado temor por la seguridad de Yadira Córdoba, tras la orden de deportación emitida por un juez en Texas.
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La activista permanece detenida en San Antonio mientras su defensa prepara una apelación antes del 8 de diciembre. Córdoba sería enviada a Honduras, lo que la expone a represalias del régimen Ortega-Murillo, según su familia.
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Todo está listo en Honduras para las elecciones generales del domingo 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral realizó este 9 de noviembre un simulacro nacional para verificar la logística, el sistema de transmisión de resultados y el desempeño del personal electoral.
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Costa Rica también se prepara para las elecciones generales del 1 de febrero de 2026, con 10 candidatos presidenciales en contienda. En la sede del TSE, representantes de 20 partidos firmaron un pacto ético interpartidario para promover campañas limpias y democráticas.
