EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Otra tarea pendiente de Arévalo
La “lucha contra la corrupción”, al igual que muchas otras ofertas de campaña, queda claro que fue solo eso: una promesa más.
El gobierno de Bernardo Arévalo llegó al poder con una promesa que conectó con una ciudadanía: combatir la corrupción. Dos años después, no solo no ha hecho nada para “combatirla”, sino que los señalamientos publicados por diversos medios plantean una pregunta incómoda: ¿dónde está la respuesta institucional frente a las dudas que rodean las contrataciones públicas?
El entramado de “La casa de chocobananos”, revelado por República, debería haber provocado una revisión exhaustiva del sistema de proveedores del Estado, el RGAE. La investigación documentó que varias sociedades, inscritas en una misma vivienda de la zona 2 capitalina, compartían dirección, representantes y otros vínculos, mientras obtenían contratos públicos millonarios.
Entre ellas figuró Instalaciones Portuarias de Guatemala, S. A. (IPG), beneficiada con una adjudicación de GTQ 45.3M en Empornac, pese a que su oferta era la más alta. La junta directiva improbó después ese contrato, pero el problema no podía terminar allí.
República sostuvo además que, después de la publicación, las capacidades de contratación de algunas empresas del entramado cambiaron de manera llamativa. El RGAE, dependiente del Ministerio de Finanzas bajo la conducción de Jonathan Menkos, tenía el deber de explicar de forma transparente cómo se otorgaron, redujeron o elevaron esos techos de contratación.
En vez de respuestas, el país escuchó descalificaciones y defensas políticas. La transparencia no se demuestra atacando a quien pregunta, sino abriendo expedientes, explicando decisiones y corrigiendo fallas. La tendencia a la opacidad de Menkos quedó más que demostrada, meses después, con su —afortunadamente fallida— intención de restringir significativamente el portal de transparencia en las adquisiciones gubernamentales, Guatecompras.
También debió de preocuparle a Arévalo el señalamiento sobre posibles tratamientos preferenciales en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Según lo divulgado por este medio, determinados consultores lograrían que sus instrumentos ambientales avancen con inusual rapidez, mientras los de otros profesionales quedan estancados. De nuevo, en lugar de respuestas ante los señalamientos, lo que vino fue una ola de descalificaciones que más que aclarar, demuestran.
En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el medio La Hora expuso dudas sobre la adjudicación de los puentes Moca, Las Pericas y Santa Bárbara. El CIV los contrató mediante emergencia por cerca de GTQ 277M; una cotización consultada por el otrora vespertino estimó una diferencia de hasta GTQ 148.6M.
La ministra Norma Zea defendió el proceso, pero las ofertas de los participantes continuaban sin hacerse públicas. Allí está el centro del problema: no basta con calificar las dudas de especulación. La obligación de una autoridad es publicar la información, justificar los precios, explicar la selección de contratistas y facilitar una auditoría independiente.
Ningún reportaje sustituye a un juez, y toda persona señalada conserva su derecho de defensa. Pero tampoco la presunción de inocencia es una excusa para la inacción administrativa. Ahí es, precisamente, donde Arévalo queda inmóvil. Cada señalamiento serio exige investigación, acceso a documentos y consecuencias si se comprueban irregularidades.
Pero, como sucedió durante el gobierno de su antecesor, Alejandro Giammattei, la “comisión presidencial anticorrupción” —que cambió de nombre, pero no de función— no ve la viga en el propio ojo; no le es posible creer que en su gestión exista corrupción, aunque las evidencias sean tan grandes como catedrales.
La “lucha contra la corrupción”, al igual que muchas otras ofertas de campaña, queda claro que fue solo eso: una promesa más.
Otra tarea pendiente de Arévalo
La “lucha contra la corrupción”, al igual que muchas otras ofertas de campaña, queda claro que fue solo eso: una promesa más.
El gobierno de Bernardo Arévalo llegó al poder con una promesa que conectó con una ciudadanía: combatir la corrupción. Dos años después, no solo no ha hecho nada para “combatirla”, sino que los señalamientos publicados por diversos medios plantean una pregunta incómoda: ¿dónde está la respuesta institucional frente a las dudas que rodean las contrataciones públicas?
El entramado de “La casa de chocobananos”, revelado por República, debería haber provocado una revisión exhaustiva del sistema de proveedores del Estado, el RGAE. La investigación documentó que varias sociedades, inscritas en una misma vivienda de la zona 2 capitalina, compartían dirección, representantes y otros vínculos, mientras obtenían contratos públicos millonarios.
Entre ellas figuró Instalaciones Portuarias de Guatemala, S. A. (IPG), beneficiada con una adjudicación de GTQ 45.3M en Empornac, pese a que su oferta era la más alta. La junta directiva improbó después ese contrato, pero el problema no podía terminar allí.
República sostuvo además que, después de la publicación, las capacidades de contratación de algunas empresas del entramado cambiaron de manera llamativa. El RGAE, dependiente del Ministerio de Finanzas bajo la conducción de Jonathan Menkos, tenía el deber de explicar de forma transparente cómo se otorgaron, redujeron o elevaron esos techos de contratación.
En vez de respuestas, el país escuchó descalificaciones y defensas políticas. La transparencia no se demuestra atacando a quien pregunta, sino abriendo expedientes, explicando decisiones y corrigiendo fallas. La tendencia a la opacidad de Menkos quedó más que demostrada, meses después, con su —afortunadamente fallida— intención de restringir significativamente el portal de transparencia en las adquisiciones gubernamentales, Guatecompras.
También debió de preocuparle a Arévalo el señalamiento sobre posibles tratamientos preferenciales en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Según lo divulgado por este medio, determinados consultores lograrían que sus instrumentos ambientales avancen con inusual rapidez, mientras los de otros profesionales quedan estancados. De nuevo, en lugar de respuestas ante los señalamientos, lo que vino fue una ola de descalificaciones que más que aclarar, demuestran.
En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el medio La Hora expuso dudas sobre la adjudicación de los puentes Moca, Las Pericas y Santa Bárbara. El CIV los contrató mediante emergencia por cerca de GTQ 277M; una cotización consultada por el otrora vespertino estimó una diferencia de hasta GTQ 148.6M.
La ministra Norma Zea defendió el proceso, pero las ofertas de los participantes continuaban sin hacerse públicas. Allí está el centro del problema: no basta con calificar las dudas de especulación. La obligación de una autoridad es publicar la información, justificar los precios, explicar la selección de contratistas y facilitar una auditoría independiente.
Ningún reportaje sustituye a un juez, y toda persona señalada conserva su derecho de defensa. Pero tampoco la presunción de inocencia es una excusa para la inacción administrativa. Ahí es, precisamente, donde Arévalo queda inmóvil. Cada señalamiento serio exige investigación, acceso a documentos y consecuencias si se comprueban irregularidades.
Pero, como sucedió durante el gobierno de su antecesor, Alejandro Giammattei, la “comisión presidencial anticorrupción” —que cambió de nombre, pero no de función— no ve la viga en el propio ojo; no le es posible creer que en su gestión exista corrupción, aunque las evidencias sean tan grandes como catedrales.
La “lucha contra la corrupción”, al igual que muchas otras ofertas de campaña, queda claro que fue solo eso: una promesa más.
