Oposición se anticipa al oficialismo y entrega más presupuesto a los Consejos de Desarrollo

En una jugada política inesperada, el Congreso de la República aprobó, de urgencia nacional, la “Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”.

Es noticia. La iniciativa fue presentada por la oposición y avalada de urgencia nacional, adelantándose al partido oficial, que votó en bloque en contra.

• El oficialismo, conformado por 23 diputados independientes, no logró frenar el avance de una ley que incrementa sustancialmente los recursos destinados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), punto que ellos ya tenían previsto.
• La aprobación del decreto representa una victoria estratégica para los bloques opositores.
• Con ello, lograron consolidar una mayoría legislativa capaz de impulsar reformas clave.

Qué destacar. El movimiento tomó por sorpresa al Ejecutivo, que apenas un día antes —el lunes 1 de septiembre— había presentado el proyecto de presupuesto para 2026.

• En ese documento, el gobierno de Bernardo Arévalo incluyó un artículo que buscaba garantizar que los fondos no ejecutados por los CODEDE en 2025 no regresaran al fondo común.
• El objetivo era evitar que los proyectos quedaran desfinanciados, según la versión oficial.
• Sin embargo, la oposición se adelantó y presentó su propia iniciativa, que no solo replicó esa intención, sino que la reforzó con reformas legales más amplias.

Punto de fricción. En 2024, el gobierno ya había negociado con diputados opositores para asignar más recursos a los CODEDE, elevando el presupuesto de aproximadamente GTQ 4000M a GTQ 12 000M.

• Ahora, con esta nueva ley, se asegura que los saldos no devengados permanezcan disponibles para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin necesidad de nuevas asignaciones ni trámites adicionales.
• El decreto reformó el artículo 5 del Decreto 27-2024, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
• Además, se adicionó el artículo 45 Ter a la Ley Orgánica del Presupuesto, estableciendo que los saldos no desembolsados al cierre del ejercicio fiscal serán trasladados automáticamente a la Cuenta Única del Tesoro de los CODEDE. Esto permitirá que los proyectos inconclusos continúen su ejecución, incluso si no cuentan con convenios firmados al cierre del año.

Lo que sigue. La ley también obliga al Ministerio de Finanzas Públicas a ampliar el presupuesto en el siguiente ejercicio fiscal por el monto de los saldos pendientes.

• Además, faculta a los CODEDE a presentar el detalle de obras a ejecutar a más tardar el último día hábil de febrero.
• Una vez suscritos los convenios con las municipalidades, los desembolsos deberán realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles.
• Las municipalidades, como unidades ejecutoras, serán responsables del uso transparente de los recursos, bajo la supervisión de la Contraloría General de Cuentas.

En conclusión. Uno de los puntos más polémicos del decreto es la agilización de trámites. Las entidades públicas involucradas en la aprobación de proyectos deberán resolver solicitudes en un plazo máximo de cinco días hábiles.

• Si no lo hacen, la respuesta se considerará afirmativa por silencio administrativo. Esta medida busca acelerar la ejecución de obras, pero ha generado preocupación entre sectores que temen que se debiliten los controles institucionales.
• A pesar del respaldo mayoritario, los CODEDE siguen siendo objeto de fuertes críticas. Históricamente, han sido señalados como focos de corrupción, vinculados a diputados y alcaldes que utilizan los fondos como herramienta política para “comprar votos”.
• Además, su baja ejecución presupuestaria ha sido motivo de cuestionamientos recurrentes. En se contexto, el incremento de recursos y la flexibilización de normas despiertan dudas sobre la capacidad real del sistema para garantizar transparencia y eficiencia.