EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El oficialismo busca aprobar —lo antes posible— un decreto que agilice la inversión pública, ya que, hasta el 21 de julio, solo se ha ejecutado el 17.1 % de los GTQ 12 000M asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). En su afán por cumplir con las metas de ejecución, han propuesto una ley que ha generado alarma en varios sectores, pues elimina controles de transparencia y podría abrir la puerta a posibles focos de corrupción.
Por qué importa. Más allá del cambio en el discurso del propio oficialismo, pues vale recordar que, de estar en la oposición, habrían sido los primeros en rasgarse las vestiduras y rechazar una propuesta así. Las críticas giran en torno a que la propuesta, que establece una vigencia de tres años, permitiría a alcaldes, diputados y las mismas autoridades evadir controles de transparencia bajo el argumento de agilizar la inversión pública.
- La iniciativa de ley, presentada el 14 de julio por José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, quienes dirigen la facción afín al Ejecutivo, no solo beneficia a los CODEDE. También exime de control a instituciones del gobierno central, entidades descentralizadas o autónomas y las municipalidades.
- Aunque el documento define las inversiones estratégicas como aquellas que contribuyen a mejorar la movilidad urbana y rural, la seguridad ciudadana, la educación, salud, cultura y deporte; entre otros, la realidad es otra.
- En la práctica, muchos de estos proyectos no llegan a beneficiar a la población, pues suelen estar diseñados con fines clientelares o para el enriquecimiento de quienes los promueven.
En el radar. La propuesta tampoco pasa desapercibida en el contexto político actual. El Congreso muestra un bajo nivel de actividad legislativa: solo cuatro decretos han sido aprobados en 2025. En ese marco, esta iniciativa podría convertirse en una moneda de cambio para avanzar en otras prioridades del oficialismo.
- Una de ellas es la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que le permitiría al gobierno sortear el inminente vencimiento del contrato petrolero con Perenco, previsto para el próximo 12 de agosto.
- También está la reciente iniciativa de ley contra el lavado de dinero, que busca sustituir el marco legal vigente desde 2001.
- Y por último, se acerca el 2 de septiembre, fecha en que el Ministerio de Finanzas debe entregar el proyecto de presupuesto 2026.
En conclusión. La iniciativa del oficialismo, aunque se presenta como una medida para acelerar la inversión pública, ha encendido las alertas sobre los riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas. El cambio en el discurso del ahora oficialismo evidencia una contradicción respecto a sus posturas cuando eran oposición.
- En un aparente estancamiento en la agenda, la propuesta podría servir para destrabar otros temas que interesan al Ejecutivo.
- Sin embargo, sin controles adecuados, existe el riesgo de que las obras no sean ejecutadas y solo sea un desperdicio de recursos, que terminen en redes de corrupción.
El oficialismo busca aprobar —lo antes posible— un decreto que agilice la inversión pública, ya que, hasta el 21 de julio, solo se ha ejecutado el 17.1 % de los GTQ 12 000M asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE). En su afán por cumplir con las metas de ejecución, han propuesto una ley que ha generado alarma en varios sectores, pues elimina controles de transparencia y podría abrir la puerta a posibles focos de corrupción.
Por qué importa. Más allá del cambio en el discurso del propio oficialismo, pues vale recordar que, de estar en la oposición, habrían sido los primeros en rasgarse las vestiduras y rechazar una propuesta así. Las críticas giran en torno a que la propuesta, que establece una vigencia de tres años, permitiría a alcaldes, diputados y las mismas autoridades evadir controles de transparencia bajo el argumento de agilizar la inversión pública.
- La iniciativa de ley, presentada el 14 de julio por José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala, quienes dirigen la facción afín al Ejecutivo, no solo beneficia a los CODEDE. También exime de control a instituciones del gobierno central, entidades descentralizadas o autónomas y las municipalidades.
- Aunque el documento define las inversiones estratégicas como aquellas que contribuyen a mejorar la movilidad urbana y rural, la seguridad ciudadana, la educación, salud, cultura y deporte; entre otros, la realidad es otra.
- En la práctica, muchos de estos proyectos no llegan a beneficiar a la población, pues suelen estar diseñados con fines clientelares o para el enriquecimiento de quienes los promueven.
En el radar. La propuesta tampoco pasa desapercibida en el contexto político actual. El Congreso muestra un bajo nivel de actividad legislativa: solo cuatro decretos han sido aprobados en 2025. En ese marco, esta iniciativa podría convertirse en una moneda de cambio para avanzar en otras prioridades del oficialismo.
- Una de ellas es la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que le permitiría al gobierno sortear el inminente vencimiento del contrato petrolero con Perenco, previsto para el próximo 12 de agosto.
- También está la reciente iniciativa de ley contra el lavado de dinero, que busca sustituir el marco legal vigente desde 2001.
- Y por último, se acerca el 2 de septiembre, fecha en que el Ministerio de Finanzas debe entregar el proyecto de presupuesto 2026.
En conclusión. La iniciativa del oficialismo, aunque se presenta como una medida para acelerar la inversión pública, ha encendido las alertas sobre los riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas. El cambio en el discurso del ahora oficialismo evidencia una contradicción respecto a sus posturas cuando eran oposición.
- En un aparente estancamiento en la agenda, la propuesta podría servir para destrabar otros temas que interesan al Ejecutivo.
- Sin embargo, sin controles adecuados, existe el riesgo de que las obras no sean ejecutadas y solo sea un desperdicio de recursos, que terminen en redes de corrupción.
