Cuenta regresiva: el plan del oficialismo en el Congreso para “resolver” el contrato de Perenco

A 20 días de que venza el contrato de la empresa Perenco, el oficialismo intenta resolver un asunto que debió haber abordado con la debida antelación. La inacción podría explicarse por la postura que el presidente Bernardo Arévalo expresó en 2024, cuando afirmó que el contrato no sería renovado. Esta posición probablemente complicó las negociaciones y redujo el margen para una salida ordenada.

Por qué importa. Guatemala no tiene experiencia en la gestión de campos petroleros, por lo que inevitablemente deberá contratar a una empresa especializada para el cierre técnico de 61 pozos. Además, se enfrenta al desafío de garantizar el suministro de asfalto, ya que Perenco produce el 90 % del asfalto que se utiliza en el país.

• Ante el estancamiento que hay en el Congreso desde hace meses, el Ministerio de Energía y Minas emitió un acuerdo ministerial para contratar a una empresa, lo que implicaría un desembolso millonario para el Estado.
• No obstante, la principal apuesta parece ser una reforma a la Ley de Hidrocarburos, promovida por la facción liderada por José Carlos Sanabria y que podría prorrogar el contrato de Perenco por ocho años más, con el objetivo de que se encargue del cierre y garantice la restauración ambiental.
• El reto es conseguir los votos necesarios para que la iniciativa entre en vigor antes del 12 de agosto, fecha en que vence el contrato petrolero.

Datos clave. La iniciativa está firmada por José Carlos Sanabria y Victoria Godoy. Tiene fecha de entrega el 14 de julio y consta de ocho artículos.

• Uno de los artículos establece condiciones transitorias a contratos vigentes. “Para los contratos, que a la entrada en vigor de la presente ley, ya hayan sido prorrogados, cuyo plazo de vigencia esté a menos de 18 meses de finalizar y que carezcan de un plan de cierre, desmantelamiento y abandono del área de explotación de operaciones petroleras para la restauración ambiental [...] podrá otorgar una última prórroga de hasta ocho años”, detalla.
• La propuesta también introduce una nueva fórmula de reparto petrolero, con énfasis en programas sociales y en los gobiernos locales. Según la propuesta, el 40 % del ingreso se destinaría a ministerios para programas sociales, el 30 % a los departamentos productores, el 10 % a los Consejos Departamentales y el 20 % a entidades de conservación. Sin embargo, no está claro cómo se fiscalizará el uso de estos recursos.
• Se deben dirigir a infraestructura, desarrollo rural, energías renovables, turismo sostenible e inversión social, de acuerdo con lo establecido en el texto.

En el radar. Sanabria confirmó que están buscando los consensos con las distintas bancadas.  Luis Aguirre (Cabal) confirmó el acercamiento y, aunque dijo que están anuentes a apoyar, cree que “van tarde”.

• Cristian Álvarez, (Creo), indicó que aún no ha habido acercamientos formales y coincidió en que el tiempo juega en contra.
• Otros diputados, que prefirieron no ser identificados, afirmaron que no han sido contactados y que, de haber apoyo, este podría depender de negociaciones políticas.
• Algunos legisladores consideran que lo más práctico sería retomar el proyecto de ley presentado por el gobierno anterior, el cual ya superó la segunda lectura, lo que facilitaría realizar enmiendas sin empezar desde cero.

En conclusión. El tiempo apremia y el dilema petrolero revela la falta de previsión y voluntad política para anticiparse a un problema anunciado.

• Lo que está en juego no es solo un contrato, sino la capacidad del Estado para gestionar con responsabilidad sus recursos estratégicos.