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OEA emite primeras alertas sobre elecciones judiciales en Guatemala

.
Luis Gonzalez
14 de noviembre, 2025

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática concluyó el 14 de noviembre su primera visita oficial a Guatemala, realizada entre el 9 y el 15 de noviembre.

Qué destacar. Durante su estancia, el equipo sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, la Corte de Constitucionalidad, universidades, organizaciones sociales, representantes indígenas, sector privado y medios de comunicación.

  • En su comunicado, la Misión destacó la relevancia de los procesos de elecciones del 2026 para renovar autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
  • Estos procesos, señaló, son “centrales para la vigencia del Estado de derecho, la independencia judicial, la democracia, la lucha contra la corrupción y la confianza de la ciudadanía guatemalteca en sus instituciones”.
  • La OEA subrayó que las designaciones deben realizarse “respetando estrictamente los plazos establecidos en la Constitución y la legislación guatemalteca” y exhortó a los órganos responsables (Congreso, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, comisiones de postulación, Colegio de Abogados y Notarios y universidades) a “conducir los procesos con la debida planificación, evitando acciones que puedan afectar la renovación oportuna de las instituciones y generar incertidumbre sobre la continuidad del orden constitucional”.

Por qué importa. Asimismo, la Misión instó a que las elecciones se realicen con criterios de “idoneidad, independencia e integridad”, para garantizar autoridades con “méritos profesionales, independencia, trayectoria ética y compromiso con el interés público”.

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  • El comunicado dedica especial atención a la Universidad de San Carlos (USAC), por su rol en varias comisiones de postulación.
  • La Misión "tomó nota de las preocupaciones expresadas por diversos sectores sobre la situación actual de su Consejo Superior Universitario, el vencimiento de la vigencia de varios de los mandatos de sus órganos de dirección y el clima interno para el ejercicio de la libertad académica y la participación estudiantil”.
  • Ante ello, enfatizó que la USAC debe “cumplir prontamente con la regularización y renovación del Consejo Superior Universitario conforme a la Constitución, la ley y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de manera que su intervención goce de legitimidad ante la comunidad universitaria y la sociedad guatemalteca”.

En el radar. Otro punto clave es la forma en que se evaluarán los candidatos. La Misión señaló que “los mecanismos que las comisiones utilizarán para evaluar a los candidatos, incluyendo la tabla de gradación, deben de manera responsable evaluar la idoneidad y honorabilidad de los aplicantes”.

  • Además, consideró “esencial que cada etapa de los procesos de elección se rija por procedimientos claros, públicos, transparentes, verificables y orientados a identificar y seleccionar a las personas más idóneas, capaces, honradas y honorables”.
  • La OEA también resaltó la importancia de la fiscalización social: “La participación de todos los sectores, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, periodistas y academia, en la veeduría de estos procesos, de conformidad con la ley”.
  • Uno de los hallazgos más preocupantes fue el temor expresado por actores clave ante posibles represalias. “Un mensaje reiterado a la Misión fue el temor… de ser objeto de criminalización, campañas de difamación, acoso judicial o ataques en redes sociales como consecuencia de su participación en estos procesos”, indica el comunicado.

Sí, pero. Incluso se señaló “la apatía y el descreimiento de algunos sectores que perciben que ‘hacer bien las cosas’ puede implicar altos costos personales, incluyendo la posibilidad de exilio o persecución”.

  • Ante ello, la delegación expresó “su seria preocupación por estas manifestaciones de temor, que pueden desalentar la participación de perfiles idóneos y debilitar la calidad de las futuras autoridades”.
  • En ese sentido, llamó al Ministerio Público a “no hacer un uso indebido del derecho penal, acciones disciplinarias o administrativas y campañas de estigmatización como herramientas para inhibir la participación”.
  • También instó a la Procuraduría de Derechos Humanos a “brindar protección a los ciudadanos y ciudadanas frente a los ataques y amenazas por postularse a cargos, o por las decisiones que adopten legalmente como integrantes de las Comisiones de Postulación”.

En conclusión. La misión agradeció la colaboración recibida y anunció que “continuará acompañando, de manera cercana y constructiva, los procesos de 2026”.

  • Añadió que realizará una nueva visita en febrero para “formular recomendaciones basadas en estándares interamericanos y buenas prácticas comparadas”.
  • Finalmente, reiteró “su respeto por la soberanía del Estado de Guatemala, así como su compromiso de trabajar con sus instituciones y la sociedad guatemalteca en su esfuerzo por fortalecer la democracia, la justicia y el Estado de derecho”.
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Luis Gonzalez
14 de noviembre, 2025

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática concluyó el 14 de noviembre su primera visita oficial a Guatemala, realizada entre el 9 y el 15 de noviembre.

Qué destacar. Durante su estancia, el equipo sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, la Corte de Constitucionalidad, universidades, organizaciones sociales, representantes indígenas, sector privado y medios de comunicación.

  • En su comunicado, la Misión destacó la relevancia de los procesos de elecciones del 2026 para renovar autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
  • Estos procesos, señaló, son “centrales para la vigencia del Estado de derecho, la independencia judicial, la democracia, la lucha contra la corrupción y la confianza de la ciudadanía guatemalteca en sus instituciones”.
  • La OEA subrayó que las designaciones deben realizarse “respetando estrictamente los plazos establecidos en la Constitución y la legislación guatemalteca” y exhortó a los órganos responsables (Congreso, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, comisiones de postulación, Colegio de Abogados y Notarios y universidades) a “conducir los procesos con la debida planificación, evitando acciones que puedan afectar la renovación oportuna de las instituciones y generar incertidumbre sobre la continuidad del orden constitucional”.

Por qué importa. Asimismo, la Misión instó a que las elecciones se realicen con criterios de “idoneidad, independencia e integridad”, para garantizar autoridades con “méritos profesionales, independencia, trayectoria ética y compromiso con el interés público”.

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  • El comunicado dedica especial atención a la Universidad de San Carlos (USAC), por su rol en varias comisiones de postulación.
  • La Misión "tomó nota de las preocupaciones expresadas por diversos sectores sobre la situación actual de su Consejo Superior Universitario, el vencimiento de la vigencia de varios de los mandatos de sus órganos de dirección y el clima interno para el ejercicio de la libertad académica y la participación estudiantil”.
  • Ante ello, enfatizó que la USAC debe “cumplir prontamente con la regularización y renovación del Consejo Superior Universitario conforme a la Constitución, la ley y la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de manera que su intervención goce de legitimidad ante la comunidad universitaria y la sociedad guatemalteca”.

En el radar. Otro punto clave es la forma en que se evaluarán los candidatos. La Misión señaló que “los mecanismos que las comisiones utilizarán para evaluar a los candidatos, incluyendo la tabla de gradación, deben de manera responsable evaluar la idoneidad y honorabilidad de los aplicantes”.

  • Además, consideró “esencial que cada etapa de los procesos de elección se rija por procedimientos claros, públicos, transparentes, verificables y orientados a identificar y seleccionar a las personas más idóneas, capaces, honradas y honorables”.
  • La OEA también resaltó la importancia de la fiscalización social: “La participación de todos los sectores, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, periodistas y academia, en la veeduría de estos procesos, de conformidad con la ley”.
  • Uno de los hallazgos más preocupantes fue el temor expresado por actores clave ante posibles represalias. “Un mensaje reiterado a la Misión fue el temor… de ser objeto de criminalización, campañas de difamación, acoso judicial o ataques en redes sociales como consecuencia de su participación en estos procesos”, indica el comunicado.

Sí, pero. Incluso se señaló “la apatía y el descreimiento de algunos sectores que perciben que ‘hacer bien las cosas’ puede implicar altos costos personales, incluyendo la posibilidad de exilio o persecución”.

  • Ante ello, la delegación expresó “su seria preocupación por estas manifestaciones de temor, que pueden desalentar la participación de perfiles idóneos y debilitar la calidad de las futuras autoridades”.
  • En ese sentido, llamó al Ministerio Público a “no hacer un uso indebido del derecho penal, acciones disciplinarias o administrativas y campañas de estigmatización como herramientas para inhibir la participación”.
  • También instó a la Procuraduría de Derechos Humanos a “brindar protección a los ciudadanos y ciudadanas frente a los ataques y amenazas por postularse a cargos, o por las decisiones que adopten legalmente como integrantes de las Comisiones de Postulación”.

En conclusión. La misión agradeció la colaboración recibida y anunció que “continuará acompañando, de manera cercana y constructiva, los procesos de 2026”.

  • Añadió que realizará una nueva visita en febrero para “formular recomendaciones basadas en estándares interamericanos y buenas prácticas comparadas”.
  • Finalmente, reiteró “su respeto por la soberanía del Estado de Guatemala, así como su compromiso de trabajar con sus instituciones y la sociedad guatemalteca en su esfuerzo por fortalecer la democracia, la justicia y el Estado de derecho”.

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